Transparencia municipal, ¿qué hay más allá del marketing?
La indignación ciudadana con la corrupción alcanza niveles desconocidos en la historia de la democracia española. La creencia de que los políticos son un problema y que la corrupción es uno de los problemas más graves (junto al paro) crece año tras año. Por eso, la transparencia se ha convertido en uno de los valores dominantes en el discurso político. Y el primer nivel al que se dirigen los ciudadanos pidiendo cuentas son los ayuntamientos. De los datos objetivos de corrupción existentes (causas abiertas, escritos de acusación, sentencias), la inmensa mayoría son imputables a representantes locales. .Las elecciones locales de mayo van a servir para que todos los partidos intenten enarbolar la bandera de la integridad, pero a la hora de rendir cuentas no todos los ayuntamientos se encuentran en la misma disposición.
La necesidad (obligada por la ciudadanía) de transparencia está generando “algunos instrumentos y prácticas muy interesantes, que van más allá del marketing electoral y de las proclamas anticorrupción”, según el catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria Mendieta. En la revista de la Fundación Democracia y Gobierno Local, analiza la situación en el conjunto de ayuntamientos apenas a un año vista de la definitiva entrada en vigor de la Ley de Transparencia.
En el caso de Euskadi hay una serie de ejemplos de buenas prácticas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao publica la retribución anual del personal de designación política y la completa relación de puestos de trabajo. Y también en Bilbao, de cada entidad municipal se describe su actividad, forma de contacto, miembros del consejo de administración, relación de puestos de trabajo, retribuciones de altos cargos, memoria de cuentas anuales de ejercicios pasados, y presupuesto del ejercicio actual.
En Basauri (Bizkaia), se publica de forma completa el proceso de contratación de personal municipal, con indicación de las listas de cada etapa del proceso y los motivos de exclusión, Mientras, en Güeñes, se graban en vídeo las sesiones y posteriormente se procede a la publicación en la web municipal.
Villoria también destaca la publicación en abierto de las preguntas, quejas y sugerencias ciudadanas, y las respuestas a las mismas, por parte del Ayuntamiento de Vitoria: La oficina virtual de San Sebastián, unida a su información completa acerca de cómo realizar una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), y la publicación de los dictámenes de este órgano la convierten en una referencia en esta materia, según el catedrático.
Por otra parte, en la publicación de planes y estrategias pone como ejemplo a Getxo, que publicita el plan de legislatura completo, detallando objetivos, estrategias, acciones, responsables y calendario. Elgoibar publica la versión resumida del plan de legislatura, en 9 páginas (además de la versión completa).
En lo relativo a temas económico-financieros, el catedrático destaca a por publicarlos presupuestos completos; Irún, que además publica un glosario de términos que facilita la comprensión y Basauri que informa sobre los informes de auditoría de las cuentas anuales. Bilbao incluye los proyectos plurianuales en el proyecto de presupuestos, también los ratios que ayudan a explicar la situación económico-financiera y la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, y la web www.sielocal.com permite comparar los ratios de los indicadores del Ayuntamiento con otros consistorios.
Abusar del poder
Abusar del poderEn cuanto a eficacia y eficiencia gubernamentales, Irún, por ejemplo, aporta información sobre la situación de las obras, visibles en Google Maps, y sobre su presupuesto, fechas, estado, grado de ejecución y empresa adjudicataria.
Son ejemplos de buenas prácticas, pero aún queda mucho camino por recorrer para ganar la batalla de la credibilidad y, sobre todo, para limitar a los gobernantes su tendencia ‘natural’ a abusar del poder. “La preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en las democracias contemporáneas”, resalta Villoria, “tiene que ver con cómo conseguir incentivar la integridad de los servidores públicos y prevenir el abuso de poder, en un mundo en el que la desconfianza hacia el poder político se ha convertido en parte de la cultura política de nuestro tiempo”. “Tal vez”, añade, “los códigos éticos y la formación en valores públicos sean aún muy necesarios. Pero no nos basta. Y por ello es preciso crear un marco institucional en el que se nos asegure que quienes gobiernan y sus funcionarios actúan con integridad, por miedo a ser sancionados y por el interés en mantenerse en el puesto y progresar administrativa o políticamente”.
De los datos objetivos de corrupción existentes (causas abiertas, escritos de acusación, sentencias), la inmensa mayoría son imputables a representantes locales. En el ámbito local, apunta Villoria, de los 110 municipios con más habitantes y/o capitales de provincia, en más de 40 de ellos ha habido casos investigados en estos años. A ellos, se pueden añadir más de 550 municipios medianos y pequeños con casos también investigados. “No hay que olvidar, por otra parte, que el 90 % de los municipios españoles tienen menos de 10.000 habitantes. En suma, que probablemente estemos hablando de casi 300 municipios con alguna causa abierta, de entre un número total de municipios con posibilidades de generar corrupción altamente rentable no superior a los 1.000”.
Y en total, más de 600 municipios españoles tienen o han tenido algún escándalo de corrupción investigado. Este fenómeno en algunas comunidades es demoledor: casi el 60 % de los municipios en Murcia, y casi el 40 % en Canarias.
Además, la percepción de las empresas sobre la extensión de la corrupción en la contratación es altísima: el 90 % a nivel regional y local considera que los contratos están amañados por parte de los responsables políticos.
