UPyD ampliará la denuncia por el pago de informaciones tras quitarse el caso de encima la primera jueza
El que la sigue, la consigue. Beatriz Eva Román, la jueza que investigaba desde el juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria el pago por parte del Gobierno vasco a diferentes medios del Grupo Noticias por informaciones que realmente eran publicidad encubierta, se ha quitado definitivamente el caso de encima. Tras intentar, sin éxito, que se hiciera cargo el magistrado del juzgado de Instrucción número 4 de la capital alavesa, cuatro meses después de iniciada la investigación para esclarecer los posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude a las administraciones públicas, la causa volvió a su juzgado. Pero ahora el juez decano de Vitoria le ha dado la razón y ha ordenado que sea Roberto Ramos quién instruya esta causa.
Beatriz Eva Román dio su brazo a torcer y tras la negativa del juez Roberto Ramos a hacerse cargo de un caso de alto voltaje político que incluso forzó en julio pasado la reprobación del lehendakari Urkullu, la magistrada elevó su “cuestión de competencia” al juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral. En una resolución gubernativa fechada el pasado 5 de febrero, el juez decano ha dado finalmente la razón a la primera jueza del caso, que queda apartada de la instrucción.
El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, ya señaló a mediados de febrero en una entrevista en eldiarionorte.es que, una vez que se aclarase qué juzgado iba a investigar el caso, su formación presentaría la ampliación de la demanda con nuevos casos, algo que tiene previsto hacer en los próximos días. En concreto, esta formación había localizado UPyD siete nuevos casos cuyas cantidades ascienden a 148.110 euros. La jueza de Vitoria que admitió a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indagaba sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Junto a ese delito, investigaba también “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas.
El pasado 26 de noviembre, cuatro meses después de iniciada la investigación para esclarecer los posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude a las administraciones públicas que se ventilan en esta causa, la magistrada alavesa ha pedido inhibirse con el argumento de que cuando se firmó el primero de los contratos investigados el juzgado que estaba de guardia era una diferente al suyo. En concreto, el que debería investigar los posibles delitos sería el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria.
Contratos del Gobierno
La jueza apuntaba en el auto por el que acordaba su inhibición de la causa en favor de ese juzgado, que al chequear los expedientes administrativos de los contratos remitidos por los diferentes Departamentos afectados en la investigación ha comprobado que el primero de ellos -el que afecta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Ejecutivo de Urkullu- se realizó el 25 de noviembre de 2013, “fecha en la que se encontraba de guardia el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, a quien deben inhibirse las presentes diligencias”.
La resolución judicial, técnicamente, invocaba para quitarse de en medio la investigación “lo establecido en las normas de reparto” que regulan qué juzgado debe hacerse cargo de las denuncias que llegan a los juzgados. Y esas mismas normas son las que ha tenido en cuenta el juez decano para atribuir la investigación al magistrado de Instrucción número 4 de Vitoria. José Luis Núñez ha fijado que efectivamente es esa fecha que apunta la magistada, el 25 de noviembre de 2013, como el “primer hecho presuntamente ilícito”, que “corresponde a la aprobación de gasto que hace la directora de Administración y Gestión Económica con cargo a dos partidas presupuestarias por un importe de 2.400 euros a favor del adjudicatario, Eusko Media SL [propietaria de Onda Vasca]”, en concreto la “emisión de una mesa redonda sobre la LOMCE.
El juez decano revela, además, que la citada adjudicación no tiene soporte documental de factura. “Véase que no consta aportada o unida factura alguna a la causa acreditativa de lo anterior”, señala el juez decano en la resolución a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es. Esa fecha es la que el juez decano entiende que “se debe considerar” como el momento “que va a dar lugar al inicio del presunto desplazamientos patrimonial que es acordado por la directora de Administración y Gestión Económica.
