La reunión para la subida salarial de 2020 a empleados de la Junta acabó sin acuerdo

La reunión de la Mesa General de Negociación para tratar la subida salarial del 2% a los empleados públicos de la Junta de Extremadura pendiente desde 2020 que se ha celebrado este lunes ha finalizado sin acuerdo, a pesar de que el Ejecutivo regional reconoce una deuda de más de 25 millones de euros, ya que no se establece una forma de pago ni se garantiza que se abone en este 2024.

Los representantes de los sindicatos han salido con una sensación agridulce de la reunión, ya que reclaman que se pague este año, aunque no haya partida presupuestaria para ello.

A partir de ahora se constituirán mesas de trabajo para llegar a un acuerdo en la próxima Mesa General de Negociación.

El Ejecutivo autonómico cuantifica en 25.093.645 euros la deuda del incremento del 2% retribuciones de enero a noviembre de 2020 de sueldos, trienios y complemento de destino.

Esto afecta a todos los empleados públicos, con la mayor parte de la deuda destinada a personal del Servicio Extremeño de Salud, docentes y de la Administración General e incluye también a los trabajadores de la Universidad de Extremadura.

“Primero queríamos cuantificarla, hablar con los agentes sociales y a partir de ahora trabajar para que cuanto antes se abone y pueda ser una realidad que se atienda ese cumplimiento”, ha expuesto la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

Así, se ha comprometido al abono de esta deuda con los agentes sociales sin dar una fecha concreta. 

“Abonarla ahora en este mismo ejercicio por ahora en la ley de presupuestos no está recogido, pero vamos a trabajar para que así sea”, ha reiterado Manzano.

Por otra parte la consejera ha asegurado que, respecto la subida salarial correspondiente a 2023 en este sector, la Junta trabaja para que se haga efectiva en marzo.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por la reunión en la que, a su juicio, el principal logro ha sido el reconocimiento de la deuda.

A pesar de ello, ha explicado que, aunque en los presupuestos regionales se reconoce dicha subida, no está prevista una dotación concreta para pagarla, debido al “contexto nacional de gran incertidumbre” con unos presupuestos prorrogados que inciden en los ingresos a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Por su parte el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha recalcado la “sensación agridulce” al irse “con las manos vacías” de la reunión al no alcanzar un acuerdo sobre la forma de devolución de dicha cantidad.

En su opinión, se ha dado un paso hacia adelante con el reconocimiento por parte de la Junta “en comparación con lo que estábamos acostumbrados con el anterior gobierno que lo judicializó y se amparaban detrás de una sentencia judicial para no pagar a los empleados públicos lo que es suyo”.

De esta forma ha lamentado que los extremeños hayan sido los únicos empleados públicos de España que no cobraron la totalidad de la subida salarial del 2% de 2020.

Así, CSIF ha planteado que se devuelva de una sola vez y este año, mientras que UGT se muestra abierto a temporalizar el pago.

“Lo que queremos es que no vaya más allá de 2024, son cuatro años y los empleados públicos han respondido, queremos que se les abone y ya está”, ha reiterado por su parte María Ángeles Rodríguez, secretaria de acción sindical de UGT Servicios Públicos de Extremadura.

Al incremento de salario base, complemento de destino y trienios en los once primeros meses de 2020, UGT añade a la deuda la subida en los complementos específicos de los 12 meses de aquel año, que aun queda por cuantificar por parte de la Junta.

Por su parte, la secretaria general de Enseñanza de CCOO Extremadura, Lourdes Núñez, ha valorado el reconocimiento de esta deuda “histórica” por parte del Ejecutivo, aunque será de “muy difícil materialización”, según ha lamentado, al no haberlo presupuestado.

“Esta administración dicen que son unos presupuestos profundamente sociales, y eso es mimar el Estado de Bienestar, Administración Pública, Sanidad y Educación, y cumplir con la responsabilidad de saldar una deuda histórica con los trabajadores de ese Estado de Bienestar pasaría por dotarlo en los presupuestos sociales”