PP y Vox se esfuerzan en mostrar unidad y niegan la implantación del veto parental en Extremadura

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha negado que el veto parental forme parte del acuerdo de gobierno PP-Vox, como aseguran PSOE y Unidas por Extremadura, al tiempo que ha defendido una educación afectivo-sexual en las aulas donde todos los estudiantes “se sientan respetados” y que garantice la inclusión y el respeto con “la diversidad de género, sexual y cultural”.

Durante la comparecencia de la consejera en el pleno de la Asamblea, los dos partidos de la oposición, que han recordado los casos de violencia sexual en menores ocurridos recientemente en la región, han advertido de que un veto parental coarta la libertad de cátedra y condena a los menores a tener una educación afectivo-sexual basada en la pornografía, que reproduce conductas machistas y cuyo consumo cada vez es mayor. También han trasladado su preocupación por que los socios de gobierno del PP “nieguen la violencia machista”, una lacra que, han subrayado, se combate con educación desde las edades más tempranas.

Por su parte, tanto Vaquera como el diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña han coincidido en afirmar que el “pin parental” no está en el pacto de gobernabilidad, cuyo punto 32 “garantiza la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura y fomenta la igualdad de oportunidades, asegurando la libre elección de centro de todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo a sus convicciones”.

“Estamos hablando de neutralidad ideológica, igualdad de oportunidades, libertad de los padres... ¿no están ustedes de acuerdo con esos principios?”, ha expresado la titular de Educación, según la que esto también viene recogido en la Constitución española, cuyo artículo 27.3 dice que “los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

En este sentido, se ha preguntado dónde pone en el acuerdo o la CE que “se van a eliminar contenidos del currículum” o que “los padres tendrán que firmar un papel para que sus hijos” reciban una determinada clase: “nosotros en ningún momento hemos pedido autorización para ninguna actividad”. “Por más veces que digan una mentira, no van a convertirla en verdad”, ha insistido Vaquera, a la vez que ha remarcado que lo que sí contempla el acuerdo es “un plan para dignificar la labor del docente”, figura “clave” en un modelo educativo eficaz y de calidad.

Además, desde Educación ya se ha empezado a trabajar con la comunidad educativa para hacer una revisión del sistema educativo, en la que también participarán los agentes económicos y sociales y los grupos parlamentarios, que contemple las nuevas realidades, como lo relacionado con el mundo virtual, pues “los tiempos han cambiado”.

En este punto ha aludido a lo ocurrido con la veintena de niñas de Almendralejo víctimas de violencia sexual después de que desnudaran sus cuerpos mediante inteligencia artificial y se ha referido también al caso de Montijo, donde una niña de 6 años ha sufrido vejaciones continúas por parte de compañeros de clase, dos casos ante los que no se han quedado “quietos” y han activado todos los “procedimientos”.

El Gobierno regional, ha señalado, va a aplicar las políticas en materia de educación afectivo sexual que están recogidas en la normativa educativa vigente, como la del currículum de las distintas etapas, que prevé la igualdad de los hombres y mujeres, o la no discriminación de personas por motivo de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencia, entre otros aspectos.

Igualmente, la consejería va a desarrollar planes para enseñar sobre el consentimiento, promover relaciones saludables y respetuosas, prevenir la violencia de género y el acoso sexual, así como proporcionar información basada “en la evidencia científica sobre anatomía, fisiología, anticoncepción y prevención de las enfermedades de transmisión sexual”. Se reforzará además el trabajo que llevan a cabo las comisiones específicas de los centros educativos dada su importancia para promover “ambientes seguros”, todo ello de la mano del Observatorio para la Convivencia Escolar y de la familias, “principal responsable de la educación afectivo sexual y sentimental que reciben sus hijos sin que ello signifique que no se le vaya a afrontar también desde el sistema educativo”.

La revisión del plan regional de convivencia, la ampliación de los equipos de orientación para impulsar el diagnóstico temprano de las dificultades de los alumnos y la actualización por parte de los centros educativos de los proyectos que rigen su funcionamiento son otras de las medidas que ha mencionado.

Al igual que la consejera, el parlamentario de Vox ha manifestado que en el acuerdo de gobierno no está el “pin parental”, una denominación “sectaria” de la oposición, y lo que sí aparece es la “libertad y el derecho de los padres a que sus hijos se formen en las condiciones” que estimen oportunas, así como la dignificación de los docentes, “maltratados” por la administración. Sánchez-Ocaña ha declarado que está muy bien la enseñanza en valores, pero entienden que estos debieran venir en su mayor parte de casa para compartirlos y enriquecerlos en las aulas, “no impuestos como un dogma” en colegios e institutos, con el “beneplácito legal” de decretos y leyes educativas, más preocupadas por “subirse al carro del progresismo que por una formación crítica e integral que premie el trabajo, el mérito y la excelencia”.

No está de acuerdo con esta idea la diputada socialista Piedad Álvarez Cortés, quien, tras saludar a representantes de Fundación Triángulo y Extremadura Entiende presentes en el hemiciclo, ha abogado por reforzar la educación afectivo sexual en las aulas para evitar sucesos tan lamentables como los de Almendralejo y Montijo. Para la diputada, el “pin parental o como queramos denominarlo” forma parte del pacto de gobierno y pretende “coartar la libertad y autonomía de gestión de los centros educativos”, cuando es preciso fomentar entre los alumnos una educación integral en valores para lograr “una sociedad más igualitaria”.

“¿De dónde será mejor que se informe en las aulas o en la pornografía; con sus profesores o con sus amigos que tienen la misma idea en los libros de texto o en las redes sociales?”, ha expresado, a la vez que ha transmitido su temor por un partido que niega la violencia machista y que se ausentó de un pleno contra la LGTBIfobia.

En términos similares, la portavoz del grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido el “derecho” del alumnado a “una educación sexual sana, respetuosa y tolerante a la diversidad” y cree que Vox utiliza el artículo 27 de la CE “de manera torticera para poner en marcha la censura parental”. De Miguel ha recordado que 11 años es la edad media de inicio de consumo de pornografía, que muestra “relaciones machistas violentas” y “prácticas sexuales de riesgo”, o que uno de cada diez menores hace sexting (compartir fotos privadas con connotación sexual), según diversos estudios, momento en el que ha pedido al comisario de Almendralejo que rectifique en sus palabras sobre el caso de inteligencia artificial donde “victimizaba a los agresores y señalaba a las familias de las verdaderas víctimas”, o “debería ser cesado”.

En su opinión, es necesaria una educación sexual “reglada” en las aulas, no es suficiente con que se trate de manera transversal, y el refuerzo de estos contenidos es algo que suscita consenso, también entre la federación regional de padres y madres o los sindicatos, “a excepción de los que aún no han salido de Atapuerca”. “Lo tienen muy fácil o posicionarse del lado de una sociedad que quiere atajar las violencias machistas o posicionarse del lado de aquellos que niegan la violencia, que es el primer paso para ampararla”, ha concluido.