Tutorías, señora consejera, son todas

Un aula vacía

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Por mucho tiempo que lleve en el mundo educativo y sindical no me acostumbro a leer y escuchar disparates que, en muchas ocasiones, son de dimensiones extraordinarias, como los que hace pocos días, en medios informativos, decía nuestra Consejería de Educación y Empleo, al hilo de la sentencia judicial ganada por PIDE para el pago de tutorías en Bachillerato (y que forma parte, además, de la batería de demandas judiciales para que todos los cuerpos y enseñanzas cobren el complemento de tutoría que les corresponde, en breve tendremos sentencias que reconocerán el complemento también en infantil, en primaria, en FP…).

Según interpreta la Consejería la acción tutorial es en la ESO donde cobra un papel destacado y primordial y por eso está remunerada. En el resto de etapas, cuerpos y especialidades dicha función, según el razonamiento fallido de la Administración Educativa, tiene una importancia menor y por esa razón no se retribuye. ¿Cómo digerir tamaño disparate? Sin duda que la función tutorial en la ESO es importante, eso nadie lo discute, pero igual que lo es en educación infantil, en educación primaria, en bachillerato, en formación profesional…, en definitiva, es importante e imprescindible en todos los cuerpos, niveles y enseñanzas. Y las razones por la que esto es así, las conocen perfectamente los 17.000 docentes que hay en Extremadura y, por tanto, es de una enorme torpeza, además de ser una ofensa para miles de tutores, que la administración por el solo hecho de retrasar el pago inevitable de la función tutorial a todos los tutores, haga declaraciones tan torpes y desacertadas. 

El día 5 de julio el juzgado de lo contencioso nº 1 de Badajoz notificó al Sindicato PIDE que había ganado una sentencia que reconocía el pago del complemento de tutorías para Bachillerato con una retroactividad de 4 años. Repito, con una retroactividad de 4 años. La sentencia dice, claramente, que la administración demandada, pese a que ha procedido a regular y establecer el citado complemento para unos docentes y no otros, lo ha hecho con desigual trato, contrariando la normativa que no establece distinciones entre etapas educativas, privando de un derecho consagrado por una Ley Orgánica a los profesores y considera que dicha Administración demandada está obligada por la norma estatal a la regulación de dicho complemento para todas las fases y etapas educativas.

Consecuentemente PIDE presentó, en su momento, demandas judiciales reclamando el pago del complemento de tutoría a los tutores de todos los cuerpos independientemente de la enseñanza que estén impartiendo (infantil, primaria, formación profesional, adultos, EOI…). 

El día 17 de octubre ya fueron los juicios de infantil y primaria y en diciembre será el de formación profesional. Asimismo, PIDE presentó el 13 de junio de 2022, una demanda global que aglutinaba la petición del pago del complemento de tutoría a todos los cuerpos y especialidades, de la que estamos esperando también sentencia.  El juez que debe de sentenciar sobre estas próximas demandas tiene el camino marcado por la jurisprudencia de la primera sentencia positiva conseguida por los servicios jurídicos de PIDE.

Incomprensiblemente la Consejería de Educación ha presentado Recurso de Casación al Tribunal Supremo, con el fin de retrasar un poco más el pago del complemento a todos los tutores, así como el abono con efecto retroactivo de hasta 4 años atrás y entorpecer la extensión de los efectos de la sentencia a todos los tutores. Pero lo único que conseguirán es ganar un poco de tiempo, dado que los fundamentos de la sentencia son incontestables. Tanto es así que existe la posibilidad cierta de que no se acepte a trámite el Recurso de Casación de la Consejería y si lo aceptaran, la sentencia del Supremo abriría el camino para que todos los tutores cobraran el complemento de tutorías también en el resto de comunidades que pudieran estar en la misma situación que en Extremadura. 

Desde el PIDE seguiremos luchando por los derechos de los docentes que trabajan en la educación pública, buscando con ello la mejora de las condiciones laborales y económicas y seguiremos demandando, judicialmente si es necesario, los incumplimientos e injusticias que perjudiquen a los docentes extremeños que trabajan en la educación pública.

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