Denuncian ante el SEPRONA vertidos residuales e industriales en dos arroyos de Almendralejo (Badajoz)

La Plataforma contra la contaminación de Almendralejo ha remitido al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil un escrito denuncia para comunicar el estado de los arroyos Las Picadas y Harnina debido a los vertidos ilegales que se han producido durante años a sus cauces.

En una nota de prensa remitida este sábado, la asociación recuerda que llevan más de una década denunciado los “continuos vertidos de aguas residuales e industriales al cauce de los arroyos” a su paso por la ciudad de Almendralejo.

Sin embargo, lamentan que a pesar de hacerse público a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con fotografías del “nefasto estado” que cualquier ciudadano podía comprobar, ninguna administración ha tomado alguna medida efectiva para corregirlo o evitar que se sigan produciendo.

Señalan que el trabajo de la Plataforma durante este tiempo ha sido “riguroso y continuo”, habiendo iniciado varios expedientes para tratar de resolver el problema, sin éxito a la vista de los resultados, apuntan en la misma nota.

Recuerdan que el 27 de julio de 2015 con la solicitud de información al Ayuntamiento de Almendralejo, que no obtuvo respuesta, incumpliendo la obligación legal de responder a estas solicitudes, la asociación se dirigió al Defensor del Pueblo solicitando su intervención ante la “clara infracción” cometida por el consistorio.

A pesar de ello, la respuesta no llegó al Defensor del Pueblo hasta noviembre de 2018 y la misma era criticada por el comisionado de las Cortes Generales por no tener “suficiente nivel de detalle a las cuestiones suscitadas por el Defensor del Pueblo” , lo que motivó la solicitud de un nuevo informe y la petición de una “solución del problema de los vertidos irregulares en el arroyo de Las Picadas”, que apuntaba como “urgente”.

Lamentan que esta situación se haya repetido de forma continuada “al menos durante ocho años sin que se haya tomado ninguna medida para corregirlos”, por lo que confían en que la Fiscalía realice “las pesquisas necesarias para dirimir las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir por acción u omisión los que tienen la obligación legal de actuar”