La empresa del vertedero presenta recurso contra el archivo del expediente

La empresa 3RS Gestión MA Extremadura, promotora del macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz), ha presentado un recurso de alzada contra una de las decisiones que llevaron al archivo de su expediente por parte del Gobierno regional, que se verá obligado a tramitarlo, igual que tendrá que hacerlo si la empresa vuelve a presentar un nuevo proyecto, “posibilidades que están abiertas”, por lo que la Junta de Extremadura “no quiere que nadie se llame a engaño”. 

La consejera para la Transición Ecológica, Olga García, ha hecho estas consideraciones en su comparecencia a petición propia en el Pleno del Parlamento extremeño este viernes para abordar esta cuestión, con la tribuna de invitados ocupada por alcaldes y vecinos de la comarca de Salvatierra, que han mostrado su total oposición al macrovertedero desde que se conoció la iniciativa. 

Olga García ha detallado en su comparecencia todo el proceso del expediente administrativo seguido por la empresa promotora desde el 17 de diciembre de 2021, cuando se recibió la primera comunicación del proyecto, hasta el pasado 24 de octubre, cuando la Junta decidió rechazar la solicitud de autorización ambiental porque la empresa no había aportado la información que se le solicitó. 

En ese sentido, ha resaltado que el expediente administrativo ha seguido la tramitación común con “total transparencia” por parte de la Junta, sin ningún tipo de ocultación y que se hizo público, “cuando tenía que hacerse”, en el Diario Oficial de Extremadura al anunciarse que se sometía a información pública. 

“Regalar los oídos”

García ha indicado, no obstante, que “en todo caso se equivocan quienes consideren que el archivo de este expediente es un trofeo para su vitrina política, quienes quieren enfrentar a los ciudadanos con sus administraciones y quienes se dedican a regalar los oídos hoy porque están creando la frustración del mañana”. 

La consejera ha criticado la “deriva populista y alarmista” del PP, que en otras comunidades autónomas donde gobierna, como Murcia, permiten instalaciones similares por considerarlas de interés público. 

En ese sentido, ha criticado la “utilización política” que se ha hecho del proyecto del marcovertedero de Salvatierra para “soliviantar los ánimos en las poblaciones afectadas cuando aún no se había autorizado nada” y “cuando permanecían abiertos todos los cauces democráticos de participación”.  

Olga García ha reiterado, no obstante, que, independientemente del trámite administrativo, “lo mecanismos de gestión social y de gobernanza del proyecto por parte de la empresa promotora han sido muy cuestionables, por no decir pésimos” y ha dicho no comprender que “no hayan entendido que no es posible plantear un proyecto de estas características sin un mínimo de apoyo social y sin una transparencia radical”. 

 La titular de Transición Ecológica de la Junta ha resaltado que este proyecto, al menos, haya permitido traer al debate público el tratamiento de los residuos, que en el caso de Extremadura, según ha especificado, se tratan en plantas de Andalucía o Castilla y León. 

“También en materia de residuos troceamos España”, se ha preguntado, para añadir que es necesario “dar una respuesta sostenible” a este problema de acuerdo con la legislación española y europea.  

García ha recordado que, como se incluye en la versión inicial del Plan de Residuos de Extremadura 2023-2030, antes de finales de 2024 “hay que arbitrar una solución desde el ámbito privado y si no es así, desde el público”, por lo que “sería muy conveniente que los partidos en la Asamblea se pronunciasen sobre este tema y no sigan eludiendolo”. 

Por su parte, los tres grupos de la oposición, PP, Cs y Unidas por Extremadura (UP), han acusado a la Junta de tramitar el expediente del macrovertedero de forma oculta para evitar el rechazo social, como finalmente ha ocurrido, y se han mostrado convencidos de que el proyecto se retomará una vez que pasen las elecciones autonómicas. 

En ese sentido, mientras el diputado de PP Bibiano Serrano ha dicho que “lo único que salvará a Extremadura de ese vertedero es que María Guardiola sea la próxima presidenta de la Junta”, Irene de Miguel, de UP, ha adelantado que llevarán la no construcción de esta planta de residuos en su próximo programa electoral y que será una de las líneas rojas a la hora de un posible acuerdo de gobierno. 

Serrano ha denunciado que la promotora ha engañado “vilmente” a los propietarios de los terrenos y a todos los vecinos de Salvatierra y su comarca, pero no al alcalde de esta localidad, el socialista Francisco José Saavedra, presente en la tribuna de invitados y de quien ha dicho que “no puede ser ni un minuto más” primer edil de su pueblo. 

El parlamentario de Cs Oscar Baselga ha indicado que “hoy por hoy Extremadura no necesita una planta de estas características porque no hay industria” y ha criticado que se quiera llevar al “pleno corazón de la dehesa” un vertedero en que se tratarán 300.000 toneladas de residuos, 68.000 de ellos peligrosos.  

 De Miguel, por su parte, se ha mostrado convencida de que la Junta “ha dejado la puerta abierta a la empresa para que presenten nuevamente el proyecto en otras condiciones” y ha dicho que su grupo está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para pararlo, incluso “ir hasta Bruselas”. 

Finalmente, el diputado socialista Carlos Labrador ha defendido la transparencia con la que ha actuado el Gobierno extremeño, como ha vuelto a reiterar la consejera en su segunda intervención, que ha concluido con un mensaje a los vecinos en el que ha asegurado que “mentir es muy sencillo; decir lo que se quiere oír es fácil” pero “no hay soluciones fáciles para cuestiones complejas” . 

Por ello, se ha comprometido a hacer “todo lo que esté en nuestras manos para asegurar su bienestar, garantizar el respeto a la ley y ofrecer, como hasta ahora, la máxima transparencia. Cuenten con ello”.