El alivio fiscal que permite a la Junta 40 millones de déficit para 2019, aprobado

El Consejo nacional de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este miércoles la relajación en el déficit de las autonomías para el año que viene, lo que permitiría a Extremadura disponer de 40 millones de euros más para las políticas que gestiona la Junta.

En julio ya se aprobó pero fue tumbado en el Congreso de los Diputados al no obtener el PSOE el apoyo de Podemos; el centro-derecha de PP y Ciudadanos votó en contra.

Ahora el acuerdo del Consejo, en el que al igual que en julio Extremadura ha votado a favor, ha sido más amplio a base de la incorporación de Valencia, que se abstuvo el mes pasado y ahora se suma al haber conseguido varias demandas según su presidente Ximo Puig, entre otras que el Gobierno asuma el déficit de Corporación Valencia 2007, 350 millones de euros.

El acuerdo supone que el año que viene en vez de un déficit presupuestario sobre el PIB de cada una del 0,1% habrá un 0,3%, lo que son 40 millones de euros más de margen para Extremadura según ha explicado la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales, que ha participado desde Mérida en un consejo que por primera vez se ha hecho por videoconferencia entre 14 de las 15 comunidades afectadas (Cataluña se niega a ir y exige una conversación de tú con Madrid).

Las otras dos, Euskadi y Navarra, al tener Hacienda foral propia, sí tienen derecho a negociar bilateralmente con el Ejecutivo de Sánchez.

Podemos

Ahora el acuerdo debe ir por segunda vez a ratificación en el Congreso de los Diputados, y esta vez PSOE confía y espera en que Podemos pueda votar a favor y así salir adelante esta senda de reducción del déficit público que ya ha sido pactada por Madrid y Bruselas.

Tras el consejo de este miércoles ha habido un principio de acuerdo de socialistas y morados, para votar a favor de esta relajación fiscal, y además cambiar la legislación para que el Senado no pueda vetar las decisiones del Congreso, que es la cámara de representación popular por excelencia; el PP tiene mayoría en el Senado y quiere tumbar la nueva propuesta de reducción del déficit de las autonomías.

A juicio de la consejera Blanco-Morales, la nueva senda de consolidación fiscal no pone en riesgo la sostenibilidad financiera y se adecúa mejor a la realidad y a las necesidades financieras de las comunidades autónomas, según informa la Junta.

Resultado de votación

Han votado a favor del Ministerio de Hacienda, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria, además de Extremadura. Son ocho, de ellas siete gobernadas por socialistas, y Cantabria es regionalista.

En contra las cinco del PP (Madrid, Galicia, Castilla y León, Rioja y Murcia) y la regionalista Canarias.

En la reunión se ha acordado ampliar el objetivo de déficit autonómico del 0,1% al 0,3% en 2019 y del 0 al 0,1% en 2020, para alcanzar la estabilidad en 2021.

El Ejecutivo extremeño ha pedido responsabilidad a todos los partidos políticos para que sean responsables y apoyen esta medida ya que la posibilidad de contar con dos décimas más de déficit es muy importante para una comunidad autónoma como Extremadura, ya que supone alrededor de 40 millones de euros.

“Garantizar la sostenibilidad financiera de las CCAA significa que todos los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos, perciban los beneficios de la recuperación económica, a través de políticas públicas que reviertan los recortes e impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo”.

Según la Junta, la nueva senda de consolidación fiscal es aún más relevante para la región tras la comunicación del Ministerio de Hacienda de que Extremadura va a recibir 30 millones menos de lo previsto en la liquidación de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica de 2016.

Asimismo, Extremadura se va a ver perjudicada por el cambio normativo en el IVA, introducido por el ex ministro Cristóbal Montoro en 2017, por el que va a dejar de recibir alrededor de 60 millones de recaudación de este tributo en las entregas a cuenta de 2017.

Por esto reclama que el Ministerio de Hacienda sea sensible y aborde una forma de compensar la caída de la recaudación.