Extremadura tiene 12,47 salones de juego por cada 100.000 habitantes, la tercera tasa más alta de España tras Canarias y Murcia, según el informe 'Que no jueguen contigo', elaborado por Podemos.
En Extremadura hay 132 salones de juego y 1.730 personas están incluidas en el Registro Estatal de Autoprohibiciones al Juego, según ha informado la formación morada en un comunicado.
El informe recoge la situación de las cada de apuestas en el país y realiza un amplio análisis del sector del juego.
El documento ha sido liderado por el exatleta y consejero ciudadano estatal de Podemos, Roberto Sotomayor, con la colaboración de responsables en esta materia de la formación en todas las comunidades autónomas.
En el caso específico de Extremadura, afirma que durante los primeros años de apertura de casas de apuestas, la deficiente reglamentación permitió que proliferaran rápidamente y abrieran muchas de ellas junto a colegios e institutos o muy cerca de ellos, así como la concentración de casas de apuestas muy cercanas entre sí en barrios humildes y zonas de ocio para jóvenes.
Tampoco duda en señalar este informe que, desde los distintos gobiernos de Extremadura, no se ha hecho lo posible por evitar la proliferación de estos locales ni por hacer que cumplan la normativa correspondiente.
El informe afirma que las instituciones deben actuar de forma inminente para atajar los problemas de salud entre jóvenes, y no tan jóvenes, que está suponiendo el avance de las casas de apuestas.
Para hacer esta afirmación se basan en los datos aportados por la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), y recogidos en este estudio, que señala que el 25 % de la juventud ha consumido juego alguna vez y que una de cada cuatro personas que lo consumen acaban desarrollando ludopatía, considerada como una enfermedad mental.
También señala que en España hay más de 680.000 personas que sufren está enfermedad y que, según Fejar al menos 62.000 menores de edad están enganchados a las apuestas sin diagnosticar.
El dossier pone de ejemplo algunas comunidades autónomas en las que la legislación sobre el juego está siendo más exigente y exhaustiva, controlando al sector, como Aragón e Islas Baleares, y reivindica la labor de Podemos en sus gobiernos.
Esta formación política dice que seguirá trabajando para frenar y minimizar el negocio del juego, así como los problemas de salud pública que genera.