Extremadura quiere que el escaso peso de la sanidad privada y la renta se tengan en cuenta en la nueva financiación

La Junta de Extremadura ha presentado una serie de observaciones al informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada en el nuevo modelo del sistema de financiación autonómica, como considerar los usuarios “reales” del sistema sanitario público -en la región “prácticamente el cien por cien”- frente a los de la sanidad privada, y en educación superior tener en cuenta no solo la universitaria sino también la formación profesional.

Estas son algunas de las alegaciones a un “elemento crucial” de la financiación autonómica, como es la población ajustada, que ha detallado en rueda de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha valorado el ejercicio de “transparencia y buen gobierno” del Ejecutivo al facilitar este informe para ir “buscando consensos con base técnica”.

Las consideraciones de Extremadura, ha dicho, son fruto de un intenso trabajo desde el 3 de diciembre de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica, que se constituyó en la Asamblea en la legislatura pasada, a la que ha agradecido su esfuerzo, así como a la Dirección General de Financiación Autonómica y a los grupos parlamentarios.

La vicepresidenta ha explicado que la población ajustada sirve para definir lo que “cuesta prestar los servicios, fundamentales y no fundamentales” y el informe del Ministerio de Hacienda distingue entre varios bloques: sanidad, educación, servicios sociales y el resto de competencias. Para sanidad, se propone que el coste de la población ajustada se divida, en lugar de cinco como ahora, en 20 tramos de edad, que se aproxima más a la realidad del gasto sanitario en función de las circunstancias de los beneficiarios.

La Junta de Extremadura, según Blanco Morales, está de acuerdo con esa metodología pero no con que la única referencia sea “cuántas personas por tramos de edad son beneficiarias del sistema sanitario público” de cada región. Así, ha instado al Ministerio de Hacienda a que considere que el gasto sanitario está muy condicionado por los usuarios reales del sistema, que en Extremadura son prácticamente el cien por ciento, porque, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, “el peso de la sanidad privada es muy escaso” y “eso está a su vez ligado a un condicionante económico que es el nivel de renta”.

En el bloque de educación, una mejora que plantean los expertos para el cálculo de la población ajustada es considerar la población de cero a 24 años dividida en dos tramos: de cero a 17 años, que se corresponde con enseñanza obligatoria, y de 17 a 24 años. “Nos parece correcto que se contemplen estos dos tramos... pero discrepamos profundamente en cuanto al criterio que se elige para contar cuántos, sobre todo en el segundo tramo”, ha expresado la consejera, según la cual el informe habla solo de educación universitaria y la Junta entiende que “las circunstancias del mercado laboral requieren incluir en ese segundo tramo toda la educación superior”, como la formación profesional.

Además, considera que el criterio para ese segundo tramo no puede ser el de alumnos matriculados, tiene que ser un criterio que “se aproxime también a esas necesidades de gasto que hay que cumplir con recursos para dar una formación de calidad y, por tanto, garantizar la igualdad de oportunidades hasta los 24 años”.

Servicios sociales

En el tercer bloque, el de servicios sociales, Extremadura insiste en que hay que contemplar los de dependencia, así como los que se prestan “a jóvenes, mayores, familias”, a promover “la integración social de colectivos vulnerables con una perspectiva más amplia”. En este sentido, entiende que el indicador para medir no puede ser el que proponen, el de parados sin prestaciones, pues “hay otros índices como el índice AROPE que puede ser más objetivo” a la hora de medir las necesidades de gasto en función de los beneficiaros a los que se destinan los servicios sociales, los de dependencia y el resto.

Para el cuarto y último bloque de competencias, que son el resto, el Ministerio se atiene a un patrón de población que desde el Ejecutivo extremeño “matizan en muchos aspectos”.

La gran aportación del informe de los expertos, que según la consejera es “fruto de la insistencia” de la Junta de Extremadura, es “la introducción de variables correctivas” de naturaleza económica y no económica, estas últimas “las más importantes”, pues son “las que se refieren a superficie, despoblación y dispersión”. “No es lo mismo mantener los Puntos de Atención Continuada (PAC) que mantiene Extremadura en un territorio como el nuestro, que cuando se tiene a la población más concentrada en núcleos urbanos”, ha precisado Blanco-Morales, quien ha añadido que el Ejecutivo extremeño busca “el reforzamiento de la explicación” de las necesidades de ingresos de la región porque el gasto “tiene que tender de la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeño de Extremadura”.

El informe incluye otras variables que no son de naturaleza territorial o demográfica, que son de naturaleza económica, como el coste fijo de servicios públicos: “hay costes que da igual para cuántas personas se destinen, hay que mantenerlos y además a la altura de las exigencias de la ciudadanía”, ha apuntado.

A la Junta le parece “acertado” que se establezca un mínimo de coste fijo para todas las administraciones y ha insistido en que el mismo “tiene que ser acorde al conjunto de competencias” que ejercen las comunidades autónomas.

Mismo nivel de precios

Además, comparte que el informe descarte otra variable económica como es el nivel de precios, pues de puede demostrar con datos objetivos que “el nivel de precios en Extremadura es igual que en el resto de España: la luz cuesta lo mismo, los combustibles cuestan lo mismo, el SMI es el mismo”. “Lo que sí tenemos son menores niveles de renta fruto de otras carencias pero que no corresponden al sistema de financiación autonómica”, ha matizado.

El sistema de financiación autonómica, ha apostillado la consejera, responde a contar con los recursos necesarios para que las comunidades ejerzan sus competencias y ahora se está “ante la definición de este elemento, para cuántos y para cuántos no puede ser cuántos extremeños hay en el censo”, hay que tener en cuenta otras circunstancias.

Por último, Pilar Blanco-Morales ha señalado que Extremadura apuesta por el diálogo con los grupos parlamentarios y el resto de comunidades autónomas para “salir de confrontación” entre territorios y “hallar esos puntos de encuentro que son tan necesarios y tanto demandan los ciudadanos”. “No es momento de buscar la discrepancia”, ha agregado, al tiempo que ha defendido que el modelo de financiación autonómica es “la pieza del Estado de bienestar, la garantía de igualdad de todos los españoles” y una herramienta fundamental para hacer frente a desafíos como la baja natalidad y el reto demográfico.