La Junta ve un “animalismo exacerbado” en la Ley de Bienestar Animal del Gobierno, y no dudaría en recurrirla

El proyecto de ley nacional de Bienestar Animal que impulsa el Gobierno PSOE-Unidas Podemos es de un “animalismo exacerbado” y no tiene en cuenta al mundo rural, “sus costumbres, sus necesidades y sus gentes” según el número dos de la Consejería de Agricultura, por lo que la Junta no dudaría en presentar recurso judicial si se convierte en ley que perjudique los intereses de Extremadura.

Así lo ha dicho el director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, en una comisión del Parlamento autonómico extremeño.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP Diego Sánchez Duque, ha señalado que la valoración del Ejecutivo sobre este proyecto de ley va a estar “muy condicionada” por la redacción final del texto. 

Ha reconocido que es necesaria una adaptación de la legislación vigente a los cambios experimentados en la relación de los ciudadanos con los animales y que hay que hacerla con “valentía”, pero también con “equilibrio” y “sentido común”. 

En este sentido, ha afirmado que al Ejecutivo extremeño no le ha gustado cómo se ha gestado esta norma por la Dirección General de Derechos de los Animales del Gobierno central. 

“No nos gustó el texto inicial ni el final que se tramitó”, ha subrayado Cabezas, porque “no es sensible con los territorios rurales, sus costumbres, sus necesidades y sus gentes”, a lo que ha sumado una “evidente confrontación” con los intereses de los ganaderos, los cazadores y los deportistas. 

Entre otros puntos, ha criticado las “confusiones” generadas entre los animales de compañía y de producción, la “preponderancia de una animalismo exacerbado” en el espíritu de la ley y las obligaciones económicas que se imponen a los ayuntamientos y comunidades autónomas con una “invasión” de sus competencias, además de las “excesiva” atribución de competencias estatales. 

El Gobierno regional recurrirá esa Ley de Bienestar Animal si perjudica los intereses de los extremeños, aunque ha confiado en que sea mejorada durante su trámite parlamentario para poder ser aplicada “con sentido común”. 

“Si del resultado final de esta ley hiciera falta plantearlo -el recurso-, no dude que lo haremos”, ha manifestado este martes el director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas, en la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio del Parlamento regional. 

Por ello ha confiado que, dadas las numerosas alegaciones presentadas a la norma, ésta sea mejorada durante su trámite parlamentario para poder ser aplicada “con sentido común”. 

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo regional va a defender los intereses de los agricultores, los ganaderos, los cazadores ye l mundo rural y no va a consentir que “nuestras costumbres y formas de vivir se alteren por unas ideas que no están en el centro de la opinión de los españoles” sino en una visión “más radical de lo que nos hubiera gustado”. 

El PP, de acuerdo

Por su parte, Sánchez Duque (PP) ha subrayado que se han presentado más de seis mil alegaciones contra esta norma que “ha conseguido un gran consenso en contra” y ha manifestado que hay que elaborar normas para garantizar el bienestar animal “pero no sin rigor científico y en contra de la biodiversidad, al margen de los profesionales, sin tener en cuenta a los agricultores y ganaderos y sin medir las consecuencias en el territorio”. 

A modo de ejemplo, ha apuntado que el borrador inicial de la ley establecía la obligatoriedad de esterilizar a todos los animales de compañía, algo que se limitado ahora para casos de “reproducción incontrolada”. 

Ha criticado también que se obligue a los propietarios de perros a hacer un curso de formación y a los ayuntamientos a disponer de un servicio de protección animal con un servicio de urgentes 24 horas cuando “ni las personas tenemos un centro de salud en cada pueblo”, ha apuntado. 

El diputado popular ha agregado además que la ley carece de financiación suficiente para las administraciones municipales y autonómicas y ha opinado que “lo más coherente” sería que no entrara en vigor hasta que las comunidades autónomas hayan adecuado sus normativas y creado la estructura necesaria para su funcionamiento.