La Abogacía General de la Junta espera un aluvión de demandas por la estabilización de interinos

El letrado general de la Junta de Extremadura, José Manuel Jover Lorente, ha comparecido, a petición propia, ante la Comisión de Presidencia y Administración Pública de la Asamblea de Extremadura para exponer la Memoria de la Abogacía General de la Junta, algo que se hace por primera vez, en virtud de la normativa que así lo exige y que fue aprobada por el Legislativo regional.

El letrado general ha precisado que la litigiosidad en la región, dado la crisis sanitaria y el incremento de la actividad tras el parón del confinamiento, se ha incrementado en un 15% en 2021, aunque ellos preveían inicialmente un aumento de entre el 40 y el 50%, y ha especificado que “todavía hay mucha actividad procesal latente” que puede dar lugar a que esta siga subiendo.

En este sentido, Jover ha subrayado la Abogacía de la Junta no ha tenido ni tiene la necesidad de contar con abogados externos, como sí va a hacer la Diputación de Cáceres en su apoyo a la defensa de los ayuntamientos de Berrocalejo y El Gordo por la urbanización Isla de Valdecañas. No obstante, ha augurado un aumento de la litigiosidad en todas las administraciones con el proceso de estabilización de interinos que se llevará a cabo próximamente, ya que se prevé un “aluvión” de demandas judiciales. 

El letrado general ha puesto de relieve que la excepcionalidad de la pandemia ha sometido a un gran estrés a todas las administraciones, pero se ha logrado que todas las acciones de gobierno que se tuvieron que llevar a cabo, a pesar de la rapidez con la que había que tomar decisiones, estuvieran sometidas al Estado de Derecho, un logro del que se ha felicitado.

Con respecto a datos generales de la memoria, ha destacado que la consejería que más demanda consultiva y contenciosa ha requerido de la Abogacía General ha sido, lógicamente, la de Sanidad y Servicios Sociales. En este sentido, la Memoria de la Abogacía General de la Junta de Extremadura recoge el sobreseimiento de distintos procesos penales iniciados contra la atención recibida en distintas residencias de mayores de la región durante las primeras olas de la pandemia de la covid-19.

Jover ha afirmado que lo que dicen los forenses, los jueces y fiscales es que la situación vivida en estos centros, al inicio de la crisis sanitaria del coronavirus, ante una situación totalmente imprevisible, es que “las cosas se hicieron de la mejor manera posible” y “nadie hizo nada a las malas ni fue negligente”.

Costes procesales

En el ámbito consultivo, la Abogacía ha registrado en 2021 más de 2.000 expedientes y ha precisado que todas las mociones que han sido aprobadas en Consejo de Gobierno tenían un dictamen favorable de los letrados de la Junta, sin que en ningún caso se hayan desoído sus informes, a pesar de que no son vinculantes.

El año pasado también se llevaron a cabo dos intervenciones de resolución de conflictos en Comisión Bilateral con el Estado que aún no están cerradas y que corresponden a dos decretos leyes aprobados por el Gobierno central y con lo que la Junta no estaba de acuerdo.

Con respecto a los costes procesales, el letrado general ha indicado que , “teniendo en cuenta lo liquidado en 2021, se arroja un saldo a favor de la Administración de unos 67.000 euros”. En el ámbito sanitario, según ha dicho, en 2021 se pidieron a la Junta indemnizaciones por más de 9 millones de euros y “no llegó al 20% las que al final se admitieron” , por lo que se rechazaron del orden del 80%. En el resto de la responsabilidad patrimonial en otros ámbitos requerida a la Junta de Extremadura, el porcentaje es aún mayor, pues se rechazan por los tribunales el 95% de ellas.

Los grupos de la oposición han resaltado la labor de la Abogacía General de la Administración regional en un año tan complicado como 2021, pero PP y Cs han criticado que se les haya entregado la memoria al inicio de la Comisión, lo que hacía imposible analizar sus datos.

Los diputados de la oposición se han interesado por otros asuntos judicializados como el derribo de Valdecañas o los cursos de formación, pero José Manuel Jover ha aclarado que estas cuestiones están aún “sub iudice” por lo que aún no es posible hacer una valoración de ellas.