El Consejo de Transparencia atiende 12 reclamaciones extremeñas desde su apertura
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha recibido en sus primeros veinte meses de funcionamiento, un total de 1.874 iniciativas ciudadanas, de las que una docena proceden de Extremadura.
Entre las iniciativas destacan 1.082 (57,7%) reclamaciones, 503 (26,8%) informaciones al ciudadano, 196 (10,5%) consultas sobre aplicación de la Ley y 55 (2,8%) denuncias por su incumplimiento.
De ellas, 911 han sido presentadas a la Administración General del Estado y 171 a las comunidades autónomas que tienen convenio para que esta organización atienda sus reclamaciones.
Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Cantabria, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son las que tienen suscrito un convenio para que el Consejo de Transparencia atienda sus reclamaciones, lo que abarca a 5.275.496 ciudadanos, 1.661 municipios, 260 mancomunidades y 630 entidades locales menores.
Hasta el 31 de agosto los ciudadanos que no están conformes con la respuesta recibida de la Administración General del Estado o no han obtenido respuesta, han presentado 911 reclamaciones que han permitido conocer asuntos como los gastos de las embajadas en el exterior, la declaración de intereses de los miembros del plan para el abordaje de la hepatitis C o el informe sobre restricción a uso hospitalario de la vacuna de la varicela.
Por otro lado, se han interpuesto veintidós recursos contencioso-administrativos, que representan el dos por ciento de todas las reclamaciones registradas, frente a resoluciones del Consejo de Transparencia y presentados, en su mayoría, por organismos públicos.
De las 171 reclamaciones recibidas se han admitido a trámite 99, que son las procedentes de las autonomías que han firmado convenio con el Consejo de Transparencia; el mayor número corresponde a Castilla-La Mancha (30), Cantabria (24) y Asturias (19), mientras que el menor se da en Extremadura (12), La Rioja (7), Ceuta (5) y Melilla (2).
Entre las resoluciones correspondientes a las administraciones territoriales destacan las que dan la razón a las presentadas por ciudadanos y relativas a datos sobre tasa de reposición de empleados públicos, contratos y concesión de licencias de vallas publicitarias o licencias municipales para centros de tratamiento de residuos.
