La Fiscalía pide 4 años de cárcel para el exdirector de un banco por estafar a un matrimonio de jubilados

La Fiscalía de Mérida solicita cuatro años de prisión para el exdirector de una sucursal bancaria de Liberbank en Mérida por estafar a un matrimonio de jubilados, para los que, valiéndose de la confianza que le tenían, les contrató productos financieros sin su consentimiento para lo que falsificó documentos.

Según el escrito de calificación, los hechos se remontan a 2015, cuando el acusado era director de una sucursal bancaria en Mérida y se aprovechó de la confianza que tenía con un matrimonio de clientes, cuyos ingresos se reducían a la pensión de jubilación de 924,6 euros mensuales.

Al tener acceso a sus cuentas, realizó operaciones financieras en su nombre sin su consentimiento, que les produjeron perjuicios económicos “agravados por las circunstancias de edad y dependencia” de este matrimonio.

En concreto, el acusado formalizó sendos contratos de tarjetas de crédito con un límite de 1.500 y 2.000 euros a nombre de la mujer y un préstamo personal a favor del varón del matrimonio por 5.000, en el que aparece como garantía un inmueble en Valdetorres (Badajoz), que no era propiedad de ninguna de estas personas.

Para abonar el préstamo anterior este matrimonio ha tenido que abonar 919,27 euros y han estado todo esto tiempo inscrito en ficheros de morosos, “con el consiguiente perjuicio económico y psíquico”, ya que la mujer tuvo que ser atendida por crisis de ansiedad en urgencias debido a las continuas reclamaciones que la entidad le siguen realizando por el préstamo. El acusado también hizo una transferencia de 850 euros a la cuenta de su madre, de la que el acusado era titular.

Según la Fiscalía los hechos son constitutivos de delito de falsedad en documento mercantil y estafa, por lo que pide para el acusado 4 años de prisión, 10 meses de multa a razón de una cuota de 20 euros diarios.

Además, el acusado y la entidad, con carácter subsidiario, deberán indemnizar a este matrimonio en 919,27 euros por las cuotas e intereses abonados del préstamo y 3.000 euros por los perjuicios morales, y pide decretar la nulidad del contrato del préstamo.