Juzgan a cuatro personas por falsedad documental en las obras de dos colegios de Badajoz

La Fiscalía de Badajoz pide nueve meses de multa para cuatro hombres, entre ellos el representante legal de una promotora y un funcionario, por un delito continuado de falsedad en documentos oficiales debido a la “falta de concordancia” entre las obras certificadas en un colegio y un instituto de Badajoz y “la realidad de los trabajos” ejecutados. Los hecho serán juzgados el próximos martes y miércoles en la Audiencia pacense

Según el escrito de la Fiscalía, debido a esta situación la Junta de Extremadura “sufrió un importante perjuicio económico” ya que debió asumir estos proyectos con fondos propios y no con los europeos inicialmente destinados.

Los acusados “con temerario desprecio a la realidad de las obras”, realizadas concretamente en el colegio Guadiana y en el instituto Zurbarán, eran conscientes de estos desfases pese a lo cual firmaron las sucesivas certificaciones. Todo ello bajo la “supervisión” de uno de los acusados y con la “aquiescencia” del funcionario responsable.

En el caso del colegio, las obras se referían a la sustitución de cubierta de uralita, asfaltado de pista polideportiva, reforma de patio y porche, por un importe de 241.894 euros. El arquitecto contratado para la dirección facultativa de la obra y el funcionario de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación encargado firmaron acta de recepción de los trabajos en noviembre de 2018.

Sin embargo, las visitas de control y sus correspondientes expedientes sobre el proyecto encontraron un desfase de 33.892 euros respecto a los informes reflejados en la certificación final de las obras. “Más allá de discrepancias de orden técnico sobre la correcta ejecución o no de determinados trabajos, de dicho informe oficial resulta que se habría realizado una obra sensiblemente diferente de la que figuraba en el proyecto de ejecución objeto del encargo”, señala.

El segundo contrato de obra tenía por objeto la reforma de aseos e la instalación eléctrica en el instituto Zurbarán, por un importe de 82.174 euros, contratada la dirección facultativa a otro arquitecto técnico acusado y responsable el mismo funcionario.

En este caso, se aprecian similares discrepancias entre el contenido material de las certificaciones de unidades de obra y del acta de recepción de los trabajos con la realidad de lo ejecutado, fundamentalmente por la inclusión de partidas correspondientes a algunas unidades de obra no ejecutadas o por la ejecución de otras en cuantía diferente de la proyectada.

Por todo ello se piden nueve meses de multa (con una cuota diaria de 10 euros) para los cuatro acusados, según explica el escrito de la Fiscalía pacense, así como las responsabilidades civiles que deriven.