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Instan a los ayuntamientos a promover recursos de conciliación y campamentos incluyentes

Campamento de verano

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El movimiento asociativo Plena inclusión Extremadura reclama a las administraciones locales recursos de conciliación para las familias de personas con discapacidad intelectual, ya que se ha comprobado que la inmensa mayoría de los campamentos de verano no son inclusivos.

Así, denuncia que la mayoría no están adaptados para personas con discapacidad intelectual, no son accesibles cognitivamente, ni cuentan con los apoyos necesarios para realizar estas actividades desde una perspectiva inclusiva de respeto de los derechos de las personas.

Añade que las familias de personas con discapacidad intelectual, especialmente las que tienen niños con largas vacaciones escolares, se encuentran en esta época con un verdadero problema familiar ante la imposibilidad de conciliar su vida laboral con las vacaciones de sus hijos.

El presidente de esta federación, Pedro Calderón, ha explicado que este verano han recibido quejas de familiares de niños y jóvenes con discapacidad intelectual a quienes se les ha denegado su inscripción, porque el campamento en el que querían participar carecía de condiciones y apoyos necesarios para atenderles.

Por ello, ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos de la región para que, “de ahora en adelante, cuando programen sus campamentos se aseguren de que son inclusivos, y exijan a las entidades privadas colaboradoras que los organicen que cumplan esta condición”.

Inclusión real

El objetivo es que atiendan o puedan atender a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, teniendo previstos los apoyos necesarios.

Recuerda que la prioridad de esta federación es conseguir la inclusión real del colectivo de personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la sociedad y anuncia que va a prestar especial atención a situaciones que puedan provocar casos de discriminación para denunciarlas.

Según señala, la carencia de campamentos inclusivos lleva a las propias entidades y asociaciones de personas con discapacidad intelectual a buscar recursos específicos para el colectivo, “que constituye una auténtica segregación”, intentando dar respuesta a las familias cuando en realidad es un problema social y estructural al que se debe dar respuesta desde los recursos públicos.

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