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Las víctimas del Alvia podrían encontrar en Europa las puertas que en España siguen cerradas

Representantes de la Plataforma con Ana Miranda y Michael Cramer, presidente de la comisión de Transporte

Marcos Pérez Pena

La investigación que se niega en las instituciones políticas españolas puede llegar a través de las europeas. La representación de la Plataforma Alvia 04155, que agrupa a la mayoría de víctimas y familiares de víctimas del accidente ferroviario, mostró su satisfacción tras la intensa jornada de trabajo llevada a cabo en el Parlamento europeo esta semana, en la que mantuvieron reuniones con los responsables de seguridad ferroviaria de la Unión, con el presidente de la Comisión de Transporte de la Eurocámara y con eurodiputados y eurodiputadas de distintos grupos, además de contribuir a agilizar las dos denuncias presentadas hace meses por incumplimientos del Estado en la seguridad de la alta velocidad. En la visita estuvieron acompañados por la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda.

Tras dos horas de reunión con el director de Movilidad y Transporte, Olivier Onidi, y los máximos responsables de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, los representantes de la Comisión se comprometieron a estudiar las denuncias presentadas por la Plataforma, principalmente la ausencia de un sistema ERTMS de control de velocidad -que podría haber evitado la velocidad excesiva y el accidente- o las deficiencias existentes en la línea Ourense-Santiago, sobre todo tras el cambio del proyecto viario.

Según la Plataforma, el interés que encontraron entre los responsables europeos de transporte les lleva a pensar que también pueden seguir su curso las dos denuncias presentadas hace meses ante la Comisión de Peticiones del Parlamento, y a las que en esta visita añadieron nueva documentación. Una de ellas se refiere a posibles incumplimientos del Estado español de la normativa que afecta a la seguridad ferroviaria, concretamente a la seguridad del Alta Velocidad. También se señala “falta de independencia de los organismos de investigación, ausencia de control de riesgos, ausencia de nueva verificación al producirse cambios sustanciales en la seguridad” y a “ausencia de documentos que acrediten la homologación del material rodante”. La segunda denuncia hace referencia a un supuesto delito de “publicidad engañosa”, al “engañar gravemente a todos los ciudadanos sobre la seguridad y características de la Alta Velocidad”. La Plataforma señala que “el Ministerio de Fomento y sus empresas publicitaron de manera engañosa que los ciudadanos contábamos en ese tren y en esa línea con la última tecnología y con sistemas de conducción automática, como ERTMS”.

Ana Miranda destacó por su parte que los representantes de la Comisión Europea “agradecieron” la gran cantidad “de nueva información” proporcionada por la asociación y que propusieron la realización de una segunda reunión en el inicio del próximo año para seguir analizando el caso. Miranda destacó que el objetivo de estos contactos es “que se sepa la verdad, que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades” y recordó la negativa de PP y de PSOE a la constitución de una comisión de investigación en el Congreso, que “siempre han bloqueado”.

Mientras, Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma, destacó que “estamos aquí por la falta de independencia y de rigor del Ministerio de Fomento y de Renfe-Adif, que en este caso actuaron como juez y parte, lo que ha llevado al Estado español a hacer el ridículo ante las instituciones europeas”.

Uno de los momentos de mayor tensión de la jornada llegó en el encuentro que las víctimas mantuvieron con José Blanco, ex ministro de Fomento, y que es señalado por la Plataforma como uno de los responsables de los defectos de la línea. Fue el primer encuentro de los afectados con el hoy eurodiputado socialista, que aseguró que hasta ahora nadie había solicitado esta entrevista. Blanco aseguró que supo que el tren carecía de ERTMS “tres días después del accidente”, alegando que su cargo como ministro no le permitía estar al tanto de todos los detalles técnicos. El ex responsable de Fomento echó balones fuera y señaló la responsabilidad de su sucesora en el cargo, Ana Pastor, recordando que la homologación de los Alvia se hizo bajo el mandato de ella y “en tiempo récord”. Ante la petición, a cargo de las víctimas, de que se cree una comisión de investigación en el Congreso sobre lo sucedido, Blanco rechazó la posibilidad, asegurando que “no creía en las comisiones de investigación”.

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