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GALICIA

Hacienda multa a miles de emigrantes gallegos con pensión de otros países

Miles de gallegos siguen siendo sancionados por no declarar pensiones del extranjero. El conflicto se hace masivo en Galicia y la oposición denuncia el "afán recaudatorio" de la Agencia Tributaria, que prevé ampliar la campaña a los emigrados en América

Reunión de jubilados en el ayuntamiento de Cervo

Reunión de jubilados en el ayuntamiento de Cervo

Jubilado, antiguo emigrante, cobrando menos de 1.000 euros de pensión y ahora obligado a pagar a Hacienda un mínimo de 3.000 euros extras por las declaraciones de la renta de los últimos cinco ejercicios entre la sanción y los intereses por el retraso. Este es el caso de un gallego afectado por la campaña que está llevando a cabo a Agencia Tributaria desde hace varias semanas y con la que busca que miles de emigrantes tributen por las pensiones que cobran de los países donde trabajaron durante años, a pesar de que nunca fueron avisados de que lo tenían que hacer. Como en el caso de este ortegano que trabajó en Suiza, sus escasos ingresos no suponen un obstáculo para que el Estado le reclame lo que nunca le reclamó antes. O que tenga que hacer la declaración a la que no estaba obligado.

No fue el primer caso. Ni será el último. Miles de jubilados gallegos están recibiendo cartas desde hace semanas donde se les requiere que acrediten los subsidios recibidos de otros países desde el año 2008 y que tributen por ellos. No sólo eso, sino que también les exige una multa al considerar que no han cumplido con sus deberes fiscales, a pesar de que en la inmensa mayoría de los casos nunca habían sido informados sobre la necesidad de pagar por las pensiones de la diáspora, y el pago de los intereses por el retraso en el pago.

El límite general se sitúa en los 11.200 euros, por lo que todos aquellos que entre la pensión de España y la del país donde emigraron superen esa exigua cantidad estarían obligados a ponerse al día. Jubilados que reciben unos 800 euros mensuales están ahora obligados a pagar unas cantidades que pueden oscilar entre los 3.000 y los 4.500 euros. Pero hay casos en Galicia (de jubilados con pensiones más altas) en los que las reclamaciones de la Agencia Tributaria superan ya los 20.000 euros.

Por desconocimiento, por mala información desde las autoridades españolas en el extranjero o por dar por válido un borrador que nunca tiene en cuenta las pensiones extranjeras, son muchos los emigrantes que están recibiendo en sus casas una desagradable sorpresa. Mientras que los pensionistas en España que cobren menos de 22.000 euros anuales están exentos de presentar la declaración, ya que el Estado ya les retiene una cantidad, el límite desciende a los 11.200 en el caso de los emigrantes al tener dos pagadores y no tener sus pensiones de la diáspora imposición alguna. Y si sólo pagan por los ejercicios fiscales de los últimos cinco años es porque se considera que de ahí hacia atrás la falta estaría prescrita.

La queja es general entre todos los afectados: nunca fueron advertidos de que tenían que tributar por sus pensiones en el extranjero e incluso hay sentencias judiciales que ponen en entredicho que tengan que hacerlo, al provenir ese dinero de un organismo público. Pero Hacienda sigue adelante con su campaña, por lo que las cartas seguirán llegando. De hecho, esta sólo es una parte de la campaña de la Agencia Tributaria, que por el momento sólo afecta a los emigrados a países europeos, pero que se prevé ampliar a los que también cobran de países de América o de otros continentes. Y abarca a todos, incluso a pensionistas que reciben unos 50 euros anuales por su antiguo trabajo en Francia.

En otros casos, como en el del emigrante ortegano en Suiza, la advertencia llegó ya de la propia gestoría, que lleva semanas atendiendo las reclamaciones de los pensionistas afectados y que está alertando a muchos otros de los requerimientos que recibirán en su casa en los próximos días. Desde una de estas asesorías se asegura incluso que esta recaudación extra es "el tema estrella" para la Agencia Tributaria, que "ve en esta campaña la posibilidad de conseguir un montón de dinero".

Afectados de la comarca de la Morrazo y de otras zonas ya se están organizando a través de una plataforma que aglutine sus reivindicaciones. PSdeG, AGE y BNG ya impulsaron iniciativas en las que solicitan información detallada y clara sobre el número de gallegos afectados en cada provincia, ante la llegada masiva de cartas de Hacienda en los últimos días. Son miles y serán muchos más. Además, solicitan que no se apliquen con carácter retroactivo las sanciones, que no sean multados al no haber dolo y que la Administración haga un esfuerzo en informar satisfactoriamente sobre la situación, que sigue sin aclararse.

Carmen Gallego, diputada del PSdeG en el Parlamento de Galicia, presentó ya iniciativas en la Cámara, al igual que compañeras suyas en el Congreso y en el Senado. Advierte de que la problemática "es muy masiva en Galicia" y recuerda que es "una campaña específica" de la Agencia Tributaria y que tiene "un claro afán recaudatorio". "Dan un plazo de 18 meses para pagar cantidades que llegan a los 15.000 euros, cobran lo correspondiente a la sanción y también los intereses; si de verdad no hubiera una intención recaudatoria, se intentaría llegar a acuerdos con gente que no tiene medios y que está sustentando a familias enteras", lamenta la parlamentaria socialista, que pide al Gobierno gallego "que mueva ficha".

"Es necesaria una solución política, porque la vía judicial es larga para personas tan mayores", insiste la diputada, que reclama que, al menos, "no se cobren los intereses de demora ni las sanciones", al no haber mala fe, y se den "plazos más amplios". Mientras, y tras el drama de las preferentes, el problema amenaza con hacerse también masivo en Galicia. "Es vergonzoso que pase esto al mismo tiempo que se conceden amnistías fiscales", concluye Carmen Gallego.

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