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GALICIA

Huelga de hambre contra los despidos en un hospital financiado por la Xunta

La presidenta del Comité de Empresa del policlínico vigués POVISA y dos personas más inician este martes la movilización contra los recortes en el centro, de los que responsabilizan a Feijóo.

POVISA recibe unos 75 millones de euros anuales del Gobierno gallego.

Protesta del personal de POVISA ante la sede de la Xunta en Vigo

Protesta del personal de POVISA ante la sede de la Xunta en Vigo

La presidenta del Comité de Personal de Povisa, María Xesús Neira, y dos miembros más de este órgano iniciarán este martes una huelga de hambre en protesta por los 13 despidos aprobados por la dirección de este hospital privado, de referencia para unas 100.000 personas en el entorno de Vigo gracias a un concierto con la Xunta. Estos despidos se unen a los realizados por la empresa en los últimos años, en los que el número total de trabajadores y trabajadoras ha pasado de 1.457 en 2006, con el 100% de esta plantilla a jornada completa, hasta los 1.390 de 2014, con el 45% con jornada reducida.

María Xesús Neira denuncia que el personal de Povisa desarrolla su labor "con una precariedad cada vez mayor" y recuerda que la Ley de la Sanidad Pública y el concierto con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) establecen que Povisa debe tener "los mismos estándares de calidad e iguales ratios de personal, en definitiva, que los pacientes y usuarios deben de tener las mismas condiciones y atención que en el Sergas, algo que no se da porque están reduciendo el personal de manera considerable". Puso como ejemplo que "en el hospital Xeral [público], con casi el mismo número de camas, en el turno de noche trabajan 16 celadores, mientras que tras los despidos en Povisa habrá solo tres".

CIG-Saúde responsabilizó de la situación al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. La secretaria nacional del sindicato, María Xosé Abuín, denunció la pasada semana "la hipocresía de Feijóo" por "financiar" a una empresa como Povisa con la excusa de la prestación sanitaria, para que esta "se lucre con dinero público y despida a los trabajadores y trabajadoras". Abuín demandó asimismo que se haga público el destino de ese dinero, unos 75 millones de euros anuales, según el convenio más reciente, y le exige a la Consellería de Sanidad "que obliguen a Povisa a la inmediata readmisión de todo el personal despedido". CIG-Saúde considera que la administración sanitaria está haciendo un "abandono de sus funciones" y denuncia su "complicidad" por la "lamentable situación" que se está viviendo en el centro sanitario.

"Lo que está haciendo con el beneplácito del PP es incrementar su cuota de beneficios a costa de despedir personal y disminuir en consecuencia, la calidad de la prestación sanitaria", añadió. Abuín también cree que Povisa ha desistido de presentar el ERE que había anunciado "porque si no, tendría que presentar sus cuentas y eso pondría de manifiesto sussuculentos beneficios".

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