Todos menos el PP, contra la megaminería
Galicia no es una mina. Defiende la tierra. Defiende la vida. Ese será el lema único de la manifestación contra la megaminería que este domingo 2 de junio a las 12 del mediodía saldrá de la Alameda de Compostela. Será una marcha contra los múltiples y polémicos proyectos mineros que amenazan un país que, a pesar de ser la séptima autonomía en superficie en el Estado, acoge ya 520 explotaciones activas que la convierten en la cuarta comunidad en producción minera. Y será una convocatoria “unitaria y apartidista”, abierta a toda la ciudadanía y nucleada alrededor de Salvemos Galicia, que reunirá un montón de colectivos sociales, sindicales y políticos. Una unanimidad difícil de encontrar que va desde UPyD hasta la CIG, pasando por toda la oposición parlamentaria y el sindicalismo entero. Todos excepto el PP, que sigue defendiendo los beneficios de su estrategia minera.
Las promesas (y las inmensas necesidades) de empleo, la dejadez de las administraciones y las facilidades de la Xunta le colocan la alfombra roja a múltiples proyectos de multinacionales contestados socialmente por múltiples colectivos ciudadanas, ecologistas y políticos que censuran la intención del Gobierno autonómico de “convertir el país en un inmenso agujero” aprovechando la crisis y obviando las continuas advertencias del riesgo medioambiental y socioeconómico que estas minas suponen en las comarcas donde prevén asentarse.
La mina a cielo abierto de Corcoesto es el paradigma de todos estos riesgos. Por su magnitud, por el material contaminante que se utilizará y por el destrozo que supondría para el ecosistema y la economía de la comarca de Bergantiños y de parte de la Costa da Morte. Así lo advierten expertos científicos, grupos ecologistas y diversos estudios que son ignorados por la Xunta y la empresa canadiense Edgewater.
Corcoesto es una enorme mina a cielo abierto de 95 metros de profundidad sobre el nivel del mar y hasta 300 sobre el terreno para extraer unos 1,6 gramos de oro por tonelada de rocas. Consumiría 128 kilos de cianuro y generaría 4.000 toneladas de residuos que destaparían 250 kilos de arsénico por cada kilo de este material precioso. Un proyecto que ocupará 800 hectáreas, pero que podría extenderse a casi 90 kilómetros cuadrados a la vista de los permisos solicitados.
Unos 10 años de explotación darían trabajo a 271 personas, además de las que se empleen para la construcción de la infraestructura. Unos empleos que son el argumento empleado por la empresa y los ayuntamientos del PP que la apoyan, así como un colectivo favorable a la mina que acaba de presentar 7.000 firmas en la Xunta. En el otro lado, la plataforma Salvemos Cabana reunió más de 23.000 firmas y la campaña #salvemosgalicia acumula ya casi 200.000 tras el exitoso video en el que varias figuras gallegas advirtieron a todo el Estado de las amenazas que asolan Galicia y de lo efímero de un proyecto que “se llevará el oro y dejará a Galicia sin nada”. Mientras, la UE vigila de cerca la multinacional canadiense, así como la Defensora del Pueblo, ante los cientos de reclamaciones que reciben estos organismos.
Pero hay muchas más en proyecto. La mina en busca de tierras raras de la Serra do Galiñeiro, la de wolframio en Cartelle o Ramirás, la de andalucita en el entorno de las Fragas do Eume, las de la Terra Cha, la delfeldespato en Xinzo o la que Goldquest proyecta en un territorio que forma parte de dos reservas de la biosfera en la zona de A Fonsagrada (Río Eo-Oscos-Burón y Terras do Miño). Nada detiene las intenciones de las multinacionales, que ven en las facilidades que les da la Xunta su grande oportunidad. Eso es lo que denuncia Salvemos Galicia, colectivo que agrupa a las protestas contra la megaminería en el país, y a muchos otros colectivos, que acusan al Gobierno de pretender reabrir antiguas minas de carácter metalífero por toda Galicia, tanto las que aún mantienen los derechos mineros cómo aquellas en donde éstos ya caducaron, y de facilitar la llegada de las multinacionales sin obstáculo alguno abriendo al mano para un montón de estudios y prospecciones.
El propio lema empleado por la Administración -Galicia es una mina- para defender la actividad minera en el país, así como el Plan Sectorial de Actividades Extractivas en tramitación, que da vía libre a la explotación de cualquiera terreno, son las evidencias que los opositores citan a la hora de acusar a la Xunta y de demostrar cuál es el camino que quiere tomar. Para las plataformas contrarias a la megaminería, detener el proyecto de Corcoesto es fundamental para evitar la propagación de una estrategia que busca “convertir Galicia en una gran mina a cielo abierto, que arrasaría nuestro patrimonio natural, cultural y paisajístico y contaminaría el contorno, poniendo en riesgo a salud de las personas”.
