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GALICIA

La jueza De Lara investiga a 24 miembros del PP de Ourense por presunta financiación ilegal

La magistrada del caso Pokémon sospecha que cargos de los gobiernos gallego y central, diputados y concejales colaboraron con un "elaborado sistema de facturación falsa y ficticia".

Los investigadores creen que el partido sufragó con donaciones opacas gastos electorales que superarían "el límite legal".

Entre los investigados figura el presidente de la Diputación de Ourense, el secretario de Emigración de la Xunta, y una ex edil prima de Feijóo que dirige un hospital público.

Baltar, en un acto del PP de Ourense con Feijóo, Rueda y Rodríguez Miranda

Baltar, en un acto del PP de Ourense con Feijóo, Rueda y Rodríguez Miranda

La jueza Pilar de Lara amplía la investigación en torno al PP de Ourense. Apenas un mes después de lanzarse a indagar la presunta financiación irregular del partido basándose en el testimonio de su ex gerente, Emilio Pascual, la magistrada que instruye el caso Pokémon ha emitido este lunes un nuevo auto para permitir que Vigilancia Aduanera, el cuerpo de la Agencia Tributaria que viene empleando como Policía Judicial, pueda recabar información sobre posibles facturas emitidas a nombre de hasta 24 dirigentes -uno de ellos ya fallecido- para determinar si  han colaborado en la comisión de presuntos delitos de "apropiación indebida, soborno, tráfico de influencias y falsedad documental", así como eventuales delitos electorales.

En este nuevo auto, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, la jueza extiende las sospechas más allá del año 2010, cuando la dirección del partido pasó de las manos de José Luis Baltar a las de su hijo, José Manuel Baltar, también presidente de la Diputación provincial. En ambos períodos la jueza considera que se utilizó "idéntico sistema" para "encubrir supuestos gastos del PP", sobre todo vinculados a publicidad electoral, los cales, "para no superar el límite legal establecido, serían facturados al nombre de diversas personas jurídicas", de varias empresas, "así como a nombre de diferentes personas que ostentan cargos dentro del PP".

En este escenario, De Lara se dirige a una de las empresas ya citadas en el auto de noviembre, la agencia publicitaria Planos, para que "facilite las facturas emitidas desde desde el año 2005 hasta la actualidad" a nombre de una veintena de personas, comenzando por Baltar padre e hijo, el ex alcalde de Ourense Enrique Novoa y cargos de la Xunta como el secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda y la directora general de Familia, Amparo González. En esta relación figura también el vicepresidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, la diputada Marta Rodríguez-Vispo y el subdelegado del Gobierno central en la provincia, Roberto Castro.

La misma reclamación la cursa para facturas a nombres de ediles actuales del PP en la capital ourensana, como Mónica Mourelo, José Araújo, Belén Iglesias o Aurelio Gómez. También pide posibles facturas a nombres de ex ediles como Eloína Núñez, actual gerente del hospital de Ourense y prima del presidente de la Xunta, la que fue su sustituta en la corporación, Noelia Pérez, y también de Francisco Campos, José Luis Sousa y Francisco Javier Rodríguez Novoa.

En otra de las empresas de las que la investigación sospecha, Telemiño -que ya ha afirmado públicamente no estar implicada en el caso- la jueza pide facturas emitidas a nombre del senador Miguel Ángel Pérez de Juan y de la concejala en O Carballiño Monserrat Caride. Además, mira de nuevo al grupo municipal del PP en Ourense para pedir facturas a nombre de su portavoz, secretario general provincial y vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, en la empresa Nacher Publicidad, a la que también le pide la facturación que pueda haber emitido para el diputado Guillermo Collarte. En el caso de esta última empresa las sospechas se sitúan, sobre todo, del año 2011 en adelante.

La jueza considera necesario "analizar la forma de pago" de estas facturas "y los conceptos facturados", ya que "a través de este procedimiento se podría estar burlando la legislación electoral y de financiación de partidos políticos, además de implicar un presunto delito de falsedad documental" ya que, según Pascual, el ex gerente del partido, "la referida facturación en los años electorales no era abonada por los candidatos" a los que se les facturaba, "sino por el propio partido, generalmente en efectivo y no se reflejaba en la contabilidad oficial, porque el dinero procedía de donaciones ilícitamente recibidas y, por lo tanto, no contabilizadas". Según De Lara "las afirmaciones del señor Pascual se han visto refrendadas" por la documentación que ya le aportaron Telemiño y Planos, "aún incompleta, pues falta facturación por aportar".

Siempre según la investigación, en este "elaborado sistema de facturación falsa y ficticia" también "colaborarían" empresas investigadas en la propia operación Pokémon, como Aquagest, dos empresas del Grupo Véndex, Financiera y Comunicaciones Coruñesa y la constructora Extraco. Todas ellas deberán facilitarle a la magistrada diversos documentos contables y las "facturas recibidas desde 2003 hasta la actualidad" desde Planos y Telemiño, por si simularon cobros de servicios que realmente tenían al PP como beneficiario.

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