Pokémon: mapa de la investigación que atenaza a PP y PSOE en Galicia
Dentro de un año, faltarán menos de tres meses para las elecciones municipales. Será la primera gran prueba en las urnas de los ayuntamientos gallegos tras el estallido de la operación Pokémon, la presunta trama que, con origen en Lugo, ha llevado a la jueza Pilar de Lara a llevar a cabo una investigación sobre casos de supuesta corrupción que ya se extiende por quince ayuntamientos, once de ellos gallegos. La larguísima instrucción, con un sumario que supera los cincuenta tomos, preocupa especialmente en Galicia a los dos grandes partidos políticos, PP y PSdeG, toda vez que toca de lleno a sus principales plazas municipales: Lugo, A Coruña, Ourense y Santiago.
La madeja de la Pokémon comienza a ser desenredada a partir de la declaración como testigo de José Luis Álvarez, un corredor de seguros residente en Asturias que es socio de Cechalva, empresa que optó a la concesión del servicio de grúa en la capital lucense y a la que también está vinculado Javier Reguera, funcionario del Ayuntamiento lugués que según el sumario “no podía figurar” como copropietario de la compañía por estar al servicio de esta Administración municipal. Reguera, a su vez, tenía una “excelente relación” con Francisco Fernández Liñares, ex concejal lucense y antiguo presidente de la Confederación *Hidrográfica delMiño-Sil (*CHMS).
La implantación de Cechalva en Lugo, su “falseamiento de cuentas”, su “doble contabilidad” y, sobre todo, sus presuntos “sobornos” a políticos locales, son el germen de una operación que se extiende por Galicia a causa de la relación de Reguera con Doal (empresa propiedad del grupo Véndex) y de la llegada de Liñares a la CHMS, con sede en Ourense. Los enlaces de Véndex con Aquagest a través de, entre outros, su responsable en Compostela, José Luis Míguez, llevan la investigación a la capital gallega, a Ourense y a otros ayuntamientos de menor dimensión como Boqueixón y O Carballiño. Posteriormente, llegaría también a A Coruña con la rama denominada Pikachu.
Las primeras detenciones, practicadas apenas un mes antes de las elecciones autonómicas de octubre de 2012, precipitaron las primeras repercusiones políticas del caso, como fueton las dimisiones de los alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez, y de Boqueixón, Adolfo Gacio, así como del concejal santiagués Albino Vázquez Aldrey. Además de la marcha de Vázquez Aldrey en Santiago, el atribulado gobierno municipal, en aquel momento en pleno estado de recomposición tras la caída en desgracia del ex alcalde Gerardo Conde Roa, permaneció impasible a los avatares de la operación a pesar de la imputación del propio alcalde, Ángel Currás, llegando al punto de tener bajo la lupa de la Justicia a 10 de los 13 miembros del equipo de Gobierno.
En A Coruña las personas imputadas son doce, entre ellas el número dos del gabinete del alcalde Carlos Negreira, Julio Flores, quien llegó a asegurar que no reconoce su voz en las conversaciones telefónicas intervenidas por orden de la jueza. El mapa de la Pokémon se completa con cuatro municipios más: el asturiano de Cangas de Narcea y los catalanes de Sant Hilari, Figueres y Sabadell.
Envío de dinero de Véndex, intervenido por Vigilancia Aduanera
Condicionamiento de las listas municipales
Este es el contexto en el que las fuerzas polítícas gallegas tendrán que afrontar la confección de las candidaturas municipales, con todas las miradas puestas en PP y PSdeG –el BNG también tuvo un edil presuntamente implicado, el ourensano Fernando Varela, que dimitió nada más ser imputado–. La situación más compleja para la formación de Alberto Núñez Feijóo está aparentemente en Compostela, toda vez que la gestión del caso realizada en el consistorio tiene a más de la mitad del gobierno local a un paso del banquillo de los acusados. Feijóo, que este miércoles llegó a deslizar dudas sobre la manera de proceder de la Justicia, tendrá que hilvanar una lista en la que se da por seguro que no estará a la cabeza el imputado Currás y que estará condicionada por la posibilidad de tener que intervenir directamente el Ayuntamiento si se abre juicio oral contra los ediles del equipo de gobierno.
Aunque con menos ruido que en Compostela, el caso políticamente más comprometido para el presidente de la Xunta es el de A Coruña. Las posibles irregularidades en contratos públicos como los del Aquarium Finisterrae y los enchufes que se le atribuyen a Flores complican la situación en la capital de la provincia en la que se asienta buena parte del poder de Feijóo en el seno del PP y en la corporación que preside uno de sus pilares políticos, Negreira.
Por parte del PSdeG, la principal patata caliente parece ser Ourense, donde como en Compostela a los casos de presunta corrupción se une la profundísima división en el seno del gobierno local. El alcalde, Agustín Fernández, deja entrever su apuesta por concurrir a los comicios, si bien podría verse abocado a una batalla por el cartel electoral con el ex secretario general del partido, Pachi Vázquez. Mientras tanto, en Lugo la principal incógnita es si Xosé López Orozco intentará repetir por quinta vez –ante la jueza declaró que este es su último mandato– y si José Ramón Gómez Besteiro asume el posible coste político de que lo haga.
Tanto Feijóo como Besteiro ya han admitido públicamente que la Operación Pokémon va a condicionar la elaboración de las listas. “Podemos admitir errores, pero no delitos”, afirma el líder socialista, mientras apuesta por la celeridad en la resolución del caso. Por su parte, Feijóo asegura que promoverá la destitución de los cargos públicos a los que se les impongan medidas cautelares. Sea como fuere, lo cierto es que los juzgados volverán a marcar, unas elecciones más, el ritmo de la política gallega.
