Sociedades de Radiología alertaron a la Xunta de los riesgos de su pacto sanitario con una multinacional americana
La Asociación de Pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) no ha sido el único colectivo ante el que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha tratado como secretos parte de sus acuerdos con Medtronic, la multinacional estadounidense de la industria médica a la que permite “testar” sus productos en hospitales públicos de Galicia. Como reveló Praza.gal, la parte de la documentación que la Xunta ha ocultado a este colectivo ciudadano incluye, en el caso concreto del Clínico compostelano, la “cesión del uso” de un TAC y una resonancia magnética, equipos que pueden ser empleados “exclusivamente para servir a los fines de este acuerdo” y no para el conjunto de población atendida en el CHUS. Ante esa exclusividad la pasada primavera ya había saltado una alterta: la de las organizaciones que representan a los profesionales de la radiología tanto en Galicia como en el conjunto del Estado.
A finales del pasado mayo la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) supo de una de las primeras aplicaciones prácticas del convenio, pero no porque la Xunta lo publicara íntegramente, sino porque tuvo “conocimiento de la convocatoria por parte de la empresa Medtronic” de un “proceso para la adquisición” de ambas máquinas “para el área cardiovascular” del CHUS. Según comunicó entonces por carta a las personas que forman parte de esta organización y después, al público en general mediante un comunicado, la SERAM transmitió su alerta a la Consellería de Sanidade, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) y a la propia empresa. El acuerdo, destacaron, venía “a romper con el concepto básico imperante” en el sistema público de salud, que “los servicios centrales”, en este caso el de Radiología, “son los garantes de la utilización racional y equitativa de los equipos de alta tecnología”, que se emplean para “realizar exploraciones a pacientes procedentes de todos los servicios clínicos del hospital”.
Que un hospital público incorpore una maquinaria cedida temporalmente por una empresa -el convenio fue firmado por cuatro años prorrogables- pero que esta solo pueda ser utilizada por los pacientes atendidos por un departamento “fragmenta la igualdad de los pacientes” en el acceso a esta tecnología y “rompe la necesaria priorización de los mismos”. Así, alertaban, enfermos “procedentes del servicio de radiología no tendrían demoras, mientras que los pacientes de otras áreas estarían sometidos” a la lista de espera general aunque la relevancia de su dolencia fuera mayor. “Esto significa la ruptura de la equidad y la distorsión de los sistemas de priorización de la demanda” en la sanidad pública, donde “la priorización de los estudios no se realiza por el origen de un servicio o de otro, sino por la gravedad de la patología”.
La Xunta, aseguraba la carta firmada por el presidente de la SERAM, el doctor Ángel Gayete, estaba estableciendo por la vía de los hechos enfermedades “de primera que pasan por delante del resto” y creando, además, una situación “absurda e irracional”, toda vez que “los pacientes oncológicos y los procedentes de neurología y traumatología” suelen representar “el 90% de la actividad” de los TAC y de las resonancias, “mientras que los pacientes cardiológicos no suponen como promedio más de un 5% de la actividad”. Adicionalmente, señalaba la misiva, “no es admisible que en una situación general de grave obsolescencia de los equipos de diagnóstico por imagen” y con unas “listas de espera muy preocupantes”, se “dedique esfuerzo inversor a satisfacer muy discutibles necesidades individuales en vez de afrontar planes serios de renovación de los equipos”.
Esta alerta, de la que se había hecho eco el BNG a través de su diputada Montse Prado, había sido replicada desde la Gerencia del CHUS. En declaraciones a la prensa, desde el complejo hospitalario se había asegurado que estos equipos no iban a ser “para uso exclusivo” del área de Cardiología, aunque así fue firmado por el propio conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, sino que este servicio solo iba a tener “prioridad” en su empleo atendiendo al “plan de mejora de calidad asistencial”, esto es, en virtud del acuerdo con Medtronic. Las dolencias cardiovasculares, justificaba, presentan “elevadas tasas de mortalidad” y requieren de un “diagnóstico acelerado”.
Pocos días después de la alerta de la SERAM llegó otra, en términos semejantes, desde la Sociedade Galega de Radioloxía. Más allá de “apoyar y adherirse a lo manifestado por la SERAM”, la SGR reiteró que “el uso exclusivo o prioritario” de estos equipos en un centro público “quebranta la necesaria equidad en el acceso a los recursos de todos los pacientes”, por lo que esta maquinaria debe poder utilizada “para realizar exploraciones a todos los pacientes, no solo ni prioritariamente a los del área Cardiovascular. ”No se puede justificar esta adquisición argumentando la prioridad por la urgencia y/o mortalidad de las enfermedades cardíacas, ya que no es mayor que las cerebrovasculares y oncológicas, agregaban, como respuesta a las explicaciones del Sergas.
“Caprichos individuales” y compras “irregulares”
Junto a la crítica general al acuerdo entre Sanidad y Medtronic, cuyos términos concretos la Consellería sigue tratando cómo secretos, la SERAM advirtió también de los aspectos de la operación que consideraba “llamativos” e incluso “irregulares”. La incorporación de la maquinaria de Medtronic, señalaba, llegaba apenas un año después “del concurso de compra de equipos de imagen para el Sergas”, incluyendo TAC y resonancias, que “supuestamente contemplaba las necesidades para varios años”. No obstante, lamentaba, poco después de esa compra “se dedican recursos a satisfacer caprichos individuales” en vez de trazar “planes objetivos, serios y globales”.
En el seno de la SERAM, afirmaban, cundía la “preocupación” por el hecho de que “la adquisición de estos equipos se realice de una forma irregular, al margen de la ley de contratos y como contraprestación a la adquisición de diverso material fungible e implantable para cardiología”. Para el colectivo profesional resulta “ilustrativo” que los convenios con Medtronic llegaran en un contexto en el que la empresa es proveedora habitual del Sergas. La sociedad radiológica se refiere, concretamente, a la adjudicación en 2016 a Medtronic del suministro de stents coronarios -dispositivos para desobstruír arterias- por importe de algo más de 2 millones de euros, si bien la misma compañía también obtuvo diversos contratos del Sergas antes y después del señalado.
