La Xunta niega que un apartamento sea una vivienda para justificar una operación urbanística
Una de las primeras decisiones de Agustín Hernández (PP) como alcalde de Santiago en relevo de Ángel Currás fue la liquidación del proyecto de viviendas de promoción pública para jóvenes ubicadas en la céntrica avenida de Xoán XXIII, a unos 400 metros de la Catedral, que habían sido concebidas por el Gobierno Fraga, impulsadas por el bipartito de PSdeG y BNG y adjudicadas por él mismo como conselleiro de Infraestructuras. El pacto entre Hernández y su sucesora en la Consellería, Ethel Vázquez, implicaba levantar en esa privilegiada parcela un edificio de viviendas de promoción privada, y la construcción, a cambio, de pisos protegidos en las afueras de la ciudad. El nuevo gobierno local, de Compostela Aberta, rechazó seguir adelante con el proyecto pero, no obstante, la Xunta sigue justificando el cambio, argumentando para tal fin que un apartamento no es una vivienda.
En septiembre de 2015 los diputados del BNG Ana Pontón y Cosme Pombo registraron en el Parlamento una pregunta en la que instaban la Consellería de Infraestructuras a aclarar su “proyecto” para la parcela de Xoan XXIII y “sus previsiones con respecto al proyecto de construcción de 40 viviendas protegidas” en ese espacio. Dado que el actual equipo de gobierno de la ciudad dictaminó -con el apoyo del PSdeG y del propio Bloque- que “la decisión no va a ir adelante”, los parlamentarios abogaban en ese escrito por “recuperar el proyecto” de “31 estudios y nueve apartamentos de dos habitaciones” destinados jóvenes en régimen de alquiler. La medida, argumentaban, sería “positiva” para “evitar la especulación” y asentar nuevos habitantes en el casco histórico de la capital gallega.
Hace pocos días el Parlamento recibió la respuesta a las preguntas de Pontón y Pombo, en la que la Consellería sigue dando por bueno el acuerdo de la etapa de Hernández aunque el Ayuntamiento ya lo haya descartado. La “permuta” decidida en 2014, dice la Consellería, “permite rentabilizar al máximo los recursos públicos disponibles” y trae consigo un “beneficio social indudable” frente a lo que denomina como “proyecto del Gobierno bipartito”, aunque naciera con Fraga y fuera adjudicado por el propio Hernández. Ese plan, dice el Ejecutivo “suponía la construcción de pequeños apartamentos, no de viviendas”. Esta llamativa diferenciación, añade, “implicaba excluir de los mismos a todas las familias con hijos inscritas en el Registro de Demandantes” de vivienda protegida.
Con independencia de que la definición de “apartamento” sea, tanto lingüística como arquitectónicamente, la de una “vivienda” con unas determinadas características -en cuanto a dimensiones y otros aspectos-, el Gobierno echa mano de esa línea argumental para concluir, además, que “los pequeños apartamentos contemplados en el proyecto del bipartito” sólo “dan respuesta temporal a la demanda de vivienda”, ya que “la realidad demuestra que la demanda es para viviendas de mayor superficie” las cuales, en cualquier caso, todavía no han comenzado a ser impulsadas.
La Consellería de Infraestructuras y Vivienda realiza estas valoraciones en un contexto en el que, en su primer año con esta denominación -hasta la última crisis de Gobierno el Instituto Gallego de Vivenda y Suelo dependía de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras-, mantiene el presupuesto para la construcción de viviendas de promoción pública en niveles mínimos. Así, en los presupuestos de 2016 esta partida asciende a 4 millones de euros, apenas medio millón más que en 2015, por lo que el recorte acumulado desde 2009 supera el 92%.
