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GALICIA

La Xunta se saltó la ley cuando prorrogó un año la autorización ambiental de una planta química en la ría de Pontevedra

El Tribunal Superior gallego no ve "comprensible" que la Consellería de Medio Ambiente no haya "respetado el trámite de audiencia" al Concello de Pontevedra, lo que situó la resolución "incursa en causa de nulidad radical"

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Complejo industrial de Ence-Elnosa a orillas de la ría de Pontevedra

Complejo industrial de Ence-Elnosa a orillas de la ría de Pontevedra encefora.gal

El 22 de agosto de 2016 la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, dictó una resolución para "modificar el plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada" de Electroquímica de él Noroeste (Elnosa). Permitía así a la factoría seguir desarrollando hasta finales de 2017 su actividad a orillas de la ría de Pontevedra, en el complejo industrial que comparte con la pastera Ence, y evitaba que tuviera que cerrar el 31 de diciembre de ese mismo año.

La decisión, adoptada a apenas un mes de las elecciones gallegas, pasó desapercibida en aquella campaña electoral y no trascendió hasta dos días después de los comicios, el 27 de septiembre, cuando el Ayuntamiento de Pontevedra alertó de que el departamento que dirige la popular Beatriz Mato había tomado la decisión "pasando por encima del Ayuntamiento", lo que era sinónimo de "saltarse la ley". El Ayuntamiento formuló un requerimento formal con esta alerta y si la Consellería no rectificaba, había advertido el portavoz del gobierno local, Raimundo González (BNG), acudiría a los a los tribunales. Así lo hizo y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de sentenciar que la Xunta, efectivamente, ignoró la normativa.

La Junta de Gobierno local del consistorio pontevedrés ha tenido esta semana sobre la mesa la sentencia en la que la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ gallego ve "evidente" la "falta de coherencia por parte de la administración ambiental de la Xunta", porque "no resulta comprensible que no se respete el trámite de la audiencia de la Administración municipal" y solo se le "notifique la resolución". Esto es, el Gobierno gallego tenía el deber legal de consultar formalmente con el Ayuntamiento antes de decidir si concedía o no la prórroga a Elnosa.

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y parte de su equipo

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y parte de su equipo

Pero el Ayuntamiento no fue el único perjudicado. La Xunta también ignoró, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Praza.gal, "los trámites de información pública y de alegaciones y audiencia" en su conjunto, un trámite de obligado cumplimiento para que vecinos u otros colectivos afectados puedan conocer el proyecto y alegar si consideran que pueden estar afectados por él. Esa ausencia de consultas "determina que la resolución dictada resulta incursa en causa de nulidad radical" según la ley de procedimiento administrativo vigente en ese momento. Por este motivo, resume la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento pontevedrés, "la sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Pontevedra y decreta la nulidad de la resolución autonómica impugnada".

Otra prórroga a la espera de la caducidad

A prórroga de un año concedida por la Xunta a Elnosa obviando, según el tribunal, los trámites legales, se produjo un año antes de que la propia Consellería de Medio Ambiente anunciara,  en los últimos días de 2017, que acababa de "conceder la autorización ambiental a Elnosa para que pueda iniciar su proyecto de reconversión en Pontevedra", esto es, para cambiar su tecnología y no seguir utilizando mercurio en la producción de cloro, procedimiento prohibido por la Unión Europea. En este caso la Consellería sí cumplió con el trámite de audiencia al Ayuntamiento, que por su parte ya había anunciado que se disponía a emplear todas las vías legales a su alcance para intentar revocar la decisión.

El telón de fondo de todos estos procedimientos es la inminente caducidad de la concesión que permite a Elnosa permanecer a orillas de la ría de Pontevedra, dentro del complejo industrial que comparte con Ence. Es, concretamente, el 29 de julio de este mes de julio de 2018 cuando expira un plazo que ahora está en manos del nuevo Gobierno central encabezado por el PSOE, como ha recordado en las últimas semanas a Asociación pola Defensa da Ría (APDR), instando a Pedro Sánchez por carta a no reproducir lo sucedido en 2016, cuando el gabinete de Rajoy dio luz verde a la prórroga a la pastera.

Como en el caso de Ence, el traslado de Elnosa fue también prometido por diversos dirigentes políticos, también por el gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Así, por ejemplo, el 9 de diciembre de 2011 el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, aseguraba que acababa de "iniciarse la cuenta atrás para el cierre definitivo de Elnosa en la ría de Pontevedra, que tendrá lugar el 6 de enero de 2014" de manera "innegociable" e "improrrogable". Ese cierre, agregaba Feijóo en diciembre del mismo año, era "una muestra de que cumplimos con Pontevedra". No obstante, en 2013 la Xunta acordó que la clorera pudiera seguir en la ría hasta 2017 y en los últimos meses ha manifestado su esperanza de que el plazo de 2018 también pueda ser superado.

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