Las plazas en residencias privadas de mayores cuestan a la Xunta un 8% más que las públicas
En el año 2015 residían en Galicia alrededor de 661.000 hombres y mujeres que habían superado los 65 años de edad, una cifra que los datos de los padrones municipales acreditan que no ha dejado de aumentar. En torno a 18.500 de estas personas -siete de cada diez, mujeres- eran atendidas en residencias para mayores y más del 70% tenían ya más de 80 años. En el mismo año se ofertaban algo más de 21.000 plazas residenciales en 227 centros, 49 de ellos públicos y los otros 178 de titularidad privada, en los que la Xunta suele financiar plazas por la vía del concierto a pesar de resultar más caro que prestar el servicio directamente, según datos oficiales que ha hecho públicos el IMSERSO. Cada plaza concertada supone, de media, alrededor de un 8% más de gasto que las públicas, dice el estudio.
La entidad dependiente del Gobierno de España traza en su informe sobre las personas mayores referente al año 2016 u na amplia radiografía de la situación de la población anciana en el conjunto del Estado. En lo referido a centros residenciales Galicia destaca en las estadísticas por el protagonismo aplastante de las empresas privada frente al trabajo de la Administración pública competente, esto es, fundalmente de la Xunta.
Mientras que la tendencia general es el “claro predominio de las plazas de financiación pública” -de promedio, un 56%-, siete comunidades autónomas se desmarcan al presentar un mayor peso del sector personal y entre ellas destaca Galicia. Hasta el 67% de las plazas en residencias de mayores eran privadas en territorio gallego en el momento de realización del estudio, la mayor proporción de todo el Estado.
A este abundante sector privado es al que suele acudir la Xunta para aliviar las listas de espera -unas 1.700 personas mayores estaban esperando en 2016 por una plaza pública, según datos de la Consellería de Política Social- por la vía de los conciertos, esto es, aportando fondos del erario para que las habitaciones de residencias privadas entren en el circuito público. No obstante, el informe del IMSERSO muestra que, en el caso gallego, priorizar las residencias privadas resulta un mal negocio en términos económicos para la Administración.
Siempre según este informe oficial cada plaza en una residencia pública de mayores cuesta en Galicia, de media, unos 17.998 euros al año y de ellos, algo menos del 35% del importe es aportado por las personas usuarias -en el caso de la población pensionista, el importe suele ser restado de esta prestación-. Mientras, la misma plaza en un centro concertado cuesta unos 18.250 euros anuales y las personas mayores que hacen uso de ellas pagan de su bolsillo en torno al 30% del importe. Así, cada plaza pública supone unos 11.780 euros públicos anuales de media y cada una de las concertadas, un promedio de 12.716 euros cada año. La diferencia media ronda, así, el 8%.
Estas cifras se dan en un contexto en el que los sucesivos informes del IMSERSO -anuales hasta 2010 y bianuales y con información más limitada a partir de 2011- acreditan cómo el incremento de plazas en residencias privadas para mayores ha sido exponencial desde comienzos de siglo. Mientras, en un contexto de evidente envejecimiento de la población la oferta de plazas públicas aumentó a un ritmo mucho más limitado.
Así, en el año 2002 las plazas públicas en residencias para mayores eran en Galicia unas 3.000 y las privadas, el doble, mientras que las concertadas eran menos de 900. Media década después, justo cuando la ley de dependencia comenzaba a ser puesta en marcha, las plazas públicas eran apenas 500 más, mientras que las privadas llegaban ya a las 7.300 y el cómputo de las concertadas se acercaba a las 3.400.
Siempre según el IMSERSO, en el pasado 2015 las plazas privadas en residencias para mayores superaban en Galicia las 14.000, lo que supone un incremento en el entorno del 130% desde comienzos de siglo. Mientras, la suma de las privadas y concertadas -la entidad oficial no desagrega ambas categorías desde 2011- rondan las 7.000.
Con este telón de fondo la Xunta anunciaba el pasado febrero la construcción, en esta legislatura -que termina en 2020- de una nueva residencia pública para mayores en cada una de las siete ciudades gallegas. Estos siete centros, aseguró el presidente, Alberto Núñez Feijóo, sumarán unas 900 plazas residenciales mientras el propio Gobierno gallego rechaza, al menos por el momento, integrar en su red pública plazas de otras administraciones como las ofertadas por la Diputación de Lugo en un contencioso que ya dura varios años.
Incluso en caso de que esta previsión llegue a cumplirse, esas 900 plazas apenas podrían cubrir la mitad de la lista de espera en un contexto de demanda creciente a causa del envejecimiento de la población y de las estructuras de las familias. Resulta esperable, de este modo, que continúe incrementándose la oferta de plazas privadas en un contexto en el que sus precios -unos 1.500 euros mensuales de media- están lejos de corresponderse con los ingresos de la población gallega mayor de 65 años, cuya pensión media no supera los 840 euros al mes, según datos hechos públicos este martes por la Seguridad Social.
