Los colegios médicos gallegos piden garantías a la Xunta para evitar un caso como el del hospital de Torrejón de Ardoz

El Consello Galego de Colexios Médicos ha pedido garantías a la autoridad sanitaria -el Servizo Galego de Saúde de la Xunta- para que no se pueda dar en Galicia un caso similar al ocurrido en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, tras trascender los audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, sobre posibles instrucciones para priorizar pacientes y pruebas económicamente rentables. En un comunicado remitido a los medios este martes, la Comisión de Ética y Deontología del órgano que agrupa a los cuatro Colegios Médicos gallegos traslada su “máxima preocupación” frente a la posibilidad de que hubiese “órdenes internas orientadas a rechazar pacientes, a demorar intervenciones o a reutilizar material sanitario por motivos puramente económicos”.

“De confirmarse, constituirían una vulneración directa de varios de los valores fundamentales y los principios generales recogidos en el Código de Deontología Médica, que establecen que todo acto médico debe guiarse por la 'lex artis', debiendo velar por la calidad, seguridad y eficiencia, con la obligación de garantizar equidad y accesibilidad a la atención sanitaria, actuando conforme a los valores de justicia y protección de la salud”, ha señalado. El Consello Galego de Colexios Médicos pide que se refuercen los mecanismos de seguimiento para “blindar que ningún centro sanitario de la comunidad esté siguiendo directrices como las conocidas en Torrejón de Ardoz”.

“Al margen de los graves incumplimientos legales y contractuales que se derivarían de prácticas como estas, creemos que la autoridad sanitaria debe garantizar que todo centro de Galicia vele por la salud y el bienestar de la población, anteponiendo esta cuestión a cualquier otro interés, como podría ser el económico”, considera el presdiente del Consello Galego de Colexios Médicos, Eduardo Iglesias.

De este modo, el órgano que agrupa a los cuatro Colegios de Médicos gallegos propone medidas como una auditoría externa, una protección total de todas aquellas personas que quieran denunciar malas praxis y también una transparencia absoluta con respecto a las consecuencias para el impacto asistencial. “La intención última es que se pueda depurar y corregir con urgencia cualquier práctica que atente contra la salud y la ética médica”, ha concluido.