La comunidad educativa entiende el retraso de la Ley Wert como un éxito de la huelga
“Cuando el ministro dijo con tanta contundencia que el día 10 iba a llevar la ley al Consejo de Ministros parece evidente que este jueves algo pasó. Que la ley no se apruebe hoy se debe a la huelga y a las manifestaciones. Es una muestra de que movilizarse es eficaz y sí sirve para algo”. Lois Uxío Taboada, secretario de Confapa, se muestra rotundo al valorar la noticia de que el Gobierno ha decidido aplazar la aprobación de la reforma educativa prevista para este viernes. No son sólo los padres y madres: los sindicatos de profesorado concuerdan en valorar el impacto que la exitosa jornada de movilizaciones pudo tener en la decisión del Ejecutivo.
Fuentes del Partido Popular reconocen en privado que la falta de consenso alrededor de la LOMCE está detrás de esa decisión. En concreto, el Gobierno le reclama al ministro Wert un mayor esfuerzo para lograr un consenso alrededor de la ley que permita al Gobierno evitar un nuevo conflicto en un contexto marcado por las protestas ciudadanas. Y de hecho incluso en el seno del PP hay muchas dudas sobre las bondades de esta norma. Incluso ha habido críticas por parte de las asociaciones católicas de padres y madres y el dictamen del Consejo de Estado conocido hace unas semanas fue muy duro con la norma.
El propio conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, celebró este viernes el aplazamiento en la aprobación de la ley, una decisión en la que observa “rigor”. Vázquez destaca la conveniencia de esperar la que “estén cerrados todos los detalles técnicos, especialmente los de la memoria económica”. De hecho, la propia vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría acaba de afirmar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la ley Wert tenía “observaciones sin resolver”. La vicepresidenta asegura que la norma será aprobada “este mes de mayo igual que la ley de emprendedores, seguramente la semana que viene”.
En cualquiera caso, se trata apenas de un aplazamiento. Anxo Louzao, secretario nacional de CIG-Ensino y portavoz de la Plataforma Galega na Defensa do Ensino Público, se muestra cauto en la valoración: “Entendemos la decisión como una maniobra, simplemente, para no aprobar la ley al día siguiente de la movilización. Era muy fuerte que lo hicieran así”. Sin embargo, Louzao destaca que la no aprobación de la ley este viernes “es una muestra evidente del éxito no sólo de la huelga, pues nosotros llevamos un año movilizándonos”.
Louzao también valora la posibilidad de que “el PP por fin comience a mudar su actitud y a escuchar a la ciudadanía” y añade que “esta es una ley que va a nacer muerta y sin futuro y lo normal visto el rechazo absoluto seria la retirada definitiva de la ley”. La CIG-Ensino también denuncia la actitud del conselleiro de Educación que “actúa como vasallo del PP en lugar de defender la enseñanza pública gallega”.
Del mismo modo, Mercedes Alonso, del Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza (STEG), cree que el retraso se debe “a la movilización de la sociedad” pues “él propuso un reto: de presentar la ley al día siguiente de la huelga y no pudo hacerlo”. Alonso añade que “no sabemos en qué se va a traducir” y que “seguramente se apruebe pero puede que esto abra la posibilidad de que se modifiquen algunos aspectos”, aunque aclara que “a nosotros eso no nos bastaría, porque lo que queremos es la anulación”.
Todos los colectivos apuntan la que “la movilización continúa”. En este sentido Lois Uxío Taboada adelanta que en los primeros días de la próxima semana habrá una reunión de la Plataforma en Defensa do Ensino Público y reitera que “seguimos exigiendo el cese de Wert, que está totalmente desacreditado. Un nuevo equipo ministerial debe iniciar un nuevo proceso negociador”. Para eso “la comunidad educativa continúa movilizada y en estado de alerta. No vamos a bajar los brazos y vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir. El Gobierno tiene la pelota en su tejado”.
Ahora es también una cuestión de plazos y de tiempos. Anxo Louzao apunta a que el Gobierno “tenía un calendario muy ajustado para aprobar la ley en el Congreso en el mes de julio. Es un mes en el que mucha gente está de vacaciones y en el que sobre todo la comunidad educativa está desmovilizada”. Y destaca que “este aplazamiento puede obligar el Gobierno a modificar su calendario. Bienvenido es”.
