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Indignación en el rural gallego por las sanciones de Hacienda a vecinos que ayudan a recoger patatas

Recogida de patatas en una parroquia gallega

Miguel Pardo

Hasta la consejera de Medio Rural, Ángeles Vázquez, reaccionó este miércoles a la campaña de fiscalización y control que está llevando a cabo Inspección de Trabajo en diferentes zonas de Galicia, en algunos casos junto a agentes de la Guardia Civil, controlando y abriendo expedientes por la participación de personas no contratadas en la recogida de patatas, en el ensilado del maíz o en la vendimia. No es un fraude, como advierten los afectados, sino la mano habitual que familiares y vecinos echan en estas labores agrícolas sin contraprestación económica alguna y con una comida entre amigos -de haberla- como única recompensa. Pero eso muchos lo tendrán que demostrar ahora en sus recursos ante los expedientes ya abiertos con propuestas de sanción.

“Os puedo enseñar fotos de cuando se recogen las patatas en mi casa y están desde los padres a los vecinos trabajando en los terrenos; pueden estar ayudando a coger las patatas los jubilados y los niños, es algo que se hace y que es normal”, advirtió la titular de Medio Rural, que pidió “respeto” a las costumbres y tradiciones y que “los inspectores sean conscientes de esa realidad gallega” y que no vayan “más allá”. Desde el sindicato Unións Agrarias, (UUAA), que ha denunciado la situación, advierten de que esto “viene de lejos” y que no es la primera vez que ocurre. Hubo inspecciones en las últimas semanas en la vendimia, especialmente en la provincia de Ourense, y también en la recogida de patatas en diferentes comarcas gallegas.

“El año pasado ya hubo varias propuestas de sanción que se recurrieron y se ganaron en el juzgado y en esta ocasión tenemos que esperar porque aún están en fase de instrucción”, dice a Praza.gal Roberto García, secretario general de UUAA, que advierte de que, “ganando o no por vía judicial, los gastos de los trámites, de abogados o de asesoría ya suponen una multa para el afectado”. “Siempre nos acaban dando la razón porque no hay contratación fraudulenta alguna; no defendemos que se ponga a trabajar a gente sin contrato, que es algo que hay que controlar, sino que defendemos un modelo básico de trabajo en todas las parroquias de Galicia”, añade.

“Están vulnerando la ley”, asegura García sobre las propuestas de sanciones. En el Estatuto de los Trabajadores, como recuerda, se advierte de que quedan excluidos de la normativa “los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad”, al igual que los de familiares. Los inspectores acuden a las fincas y piden DNI o libro de familia de los que allí colaboran. En Galicia, es muy normal que vecinos se turnen para ayudar en las labores agrícolas, todos y cada día en una casa hasta rematar los trabajos. Y más normal todavía es que hijos, nietos, sobrinos y amigos se reúnan para recoger las patatas o hacer la vendimia. 

“Es mala fe y ansias de rapiña que todos los esfuerzos de Inspección se centren en la colaboración familiar; se quieren comprobar dónde hay fraude, ya les digo yo dónde buscar”, insiste Roberto García, que dice no tener “constancia” de control alguno para certificar que la venta de patatas a mayoristas se haga conforme a la ley, que obliga a un contrato por escrito anterior y una negociación equilibrada. Además, le pide a Medio Rural que, “más allá de unas palabras de la conselleiras”, se ponga “al frente y al cargo de la situación y busque una solución con el Estado”.

Ángeles Vázquez dijo haber solicitado ya a su departamento un informe sobre los expedientes abiertos por el Ministerio de Emplo porque, aclaró, tiene que preocuparse por su “sector”. Con todo, quiso marcar la diferencia con algún caso de productores que puedan tener trabajadores temporales “sin estar asegurados”. Así, defiende que haya controles como en cualquiera otro sector “por el bien de este y de los trabajadores”, pero no duda en mostrar su apoyo a las quejas de aquellos que son inspeccionados por colaboración familiar o de amigos en las tareas agrícolas.

Preguntado por la cuestión este jueves, el presidente Feijóo aseguró que las inspecciones laborales “en ningún caso” van “contra familiares o vecinos” sino contra grandes almacenes o empresas que estarían empleando trabajadores sin contrato. Feijóo dice tener el “compromiso” de la Inspección de Trabajo de que “la tradición gallega queda salvaguardada”, ya que está contemplada “por el Estatuto de los Trabajadores”.

A pesar de que la legislación semeja bastante clara, UUAA ya ha anunciado que se reunirá con los partidos políticos gallegos para llevar al Congreso una propuesta de modificación del régimen de colaboración familiar en el ámbito laboral que clarifique aún más la situación y evite inspecciones “escandalosas” que sólo buscan “recaudar a toda costa para Hacienda”.

A pesar de todo, Roberto García no ve en estos controles “un caso aislado”, sino un caso más de los que “intentan crear una falsa idea de fraude fiscal” en los trabajos agrícolas. “Están pasando muchas cosas raras en esta que Feijóo denominaba la ”legislatura del rural“, se queja el secretario general de UUAA. Así, recuerda el catastrazo -la obligada regularización de galpones, cabañas o inmuebles accesorios en las explotaciones-, la revisión de la transmisión de derechos de pago único de la PAC, las inspecciones que consideran las permutas como compraventas obligando a tributar como si fuesen ventas individuales, la reducción de más de un 20% de la bonificación del gasóleo profesional, los obstáculos para la incorporación de gente joven al campo o la limitación del complemento de renta que tienen los pensionistas que venden castañas o uvas. ”Lo que buscan es llenar las arcas“, dice.

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