El final de los señores de las cajas gallegas: entre la cárcel y la jubilación de lujo
En su declaración ante la Audiencia Nacional, Julio Fernández Gayoso defendía las indemnizaciones millonarias a los directivos de Novacaixagalicia, entidad efímera resultado de la fracasada fusión de las cajas gallegas. Aquellos millones eran merecidos por ser sus receptores “culpables del éxito”, según dijo ante el tribunal que lo acabaría condenado a prisión. Con 86 años cumplidos en el mes pasado, ha pasado ya la primera noche en la cárcel pontevedresa de A Lama, una imagen entre rejas tan impensable como símbolo del fin de una era y, posiblemente, del final de una forma de hacer.
O no. Mientras él era detenido en Vigo, en el norte, a unos 160 kilómetros, el otro gran gerifalte de las cajas gallegas contemplaba la escena. José Luis Méndez se marchó a tiempo al comprobar el Banco de España la lamentable situación en la que se encontraba Caixa Galicia. Pero antes había pactado su onerosa salida, cifrada en 18 millones de euros de indemnización y numerosos privilegios, cifra que reclamó para alejarse de un proceso de fusión cuyas fotos de brindis, con los dos banqueros intocables junto a Feijóo, quedarán para siempre en la galería de imágenes incómodas del presidente.
Gayoso no se asignó, como los otros tres directivos presos, indemnización alguna, pero la Audiencia Nacional lo considera responsable de lo ocurrido. De hecho, si algo se hacía en las cajas gallegas (y en muchos otros ámbitos) era porque Méndez y su homólogo en Caixanova lo permitían. Entre los dos acumulan múltiples reconocimientos en Galicia, entre ellos la Medalla Castelao, la más alta distinción. Y difícilmente los políticos se entrometían en sus decisiones, más bien al contrario.
El que había sido director general de Caixanova acaba en la cárcel después de 70 años (se-ten-ta) vinculado a entidades financieras, primero a la Caja de Ahorros de Vigo -de la que acabó siendo director ejecutivo con 34 años- y luego como máximo responsable de la gran caja del sur de Galicia, resultado de múltiples fusiones. Un recorrido semejante siguió Méndez, 14 años más joven. Después de comenzar en la Caja de Ahorros de Ferrol, accedió a la dirección general de Caixa Galicia en 1981 hasta que dimitió con una entidad en quiebra camino de la fusión.
El mismo día que Novacaixagalicia comunicaba a los sindicatos que era “insostenible” su obra social y que eran inevitables los despidos, se desvelaba que -descontados impuestos- Méndez había recibido 8,5 millones del fondo de pensiones de Caixa Galicia y otros 2,7 en concepto de indemnización por rescisión anticipada de contrato. Casi 11 millones netos de retiro dorado.
Méndez huyó a tiempo mientras Gayoso era considerado por la Audiencia Nacional cooperador necesario del “plan urdido” por los entonces directivos para “buscarse una situación todavía más favorable económicamente” ante su salida de la entidad fruto de la fusión. Y fue condenado por colaborador en ese delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, al igual que el abogado Ricardo Pradas, que fue partícipe pero tampoco se llevó indemnización.
Ambos participaron en los trámites para abonar a cuatro ejecutivos una liquidación de 18,9 millones de euros. Todo cargado a las cuentas de un banco que estaba valorado entonces en 181 millones. Por lo tanto, más del 10% de los activos se dedicaron a pagar los despidos de cuatro dirigentes de su cúpula. Pero uno de ellos no está en la cárcel ni aparece en la lista de condenados. Javier García de Paredes -representante de Caixa Galicia en la entidad fusionada después de que Méndez fuera apartado por el Banco de España- fue absuelto por la Audiencia Nacional. La Fiscalía retiró su acusación en la fase de informes del juicio. Ahora el FROB mantiene la batalla judicial en la que le reclama los 5,6 millones que cobró al abandonar la entidad.
Se libró De Paredes pero no José Luis Pego, asesor de prensa que heredó todo el poder en Caixanova. Antiguo director general de la caja fusionada, la abandonó con una compensación de más de 7 millones de euros, que era el resultado de multiplicar su salario hizo (627.000 euros) por los 12 años que le quedaban para jubilarse cuando entró en Novacaixagalicia
Por su parte, Gregorio Gorriarán, que había sido responsable de la división inmobiliaria de la entidad, se fue con una indemnización de casi 5 millones, mientras que Óscar Rodríguez Estrada, responsable de la “integración” de las cajas, había sido indemnizado con 700.000 euros. Todo, en plena crisis, con el paro disparado, múltiples escándalos financieros ocupando las portadas y millares de clientes reclamando el dinero substraído con las participaciones preferentes, otro plan urdido por los directivos de las antiguas cajas gallegas.
Ninguno de los ahora presos ha devuelto todavía los casi 10,5 millones de euros en los que ha quedado fijado el importe definitivo, después de la rebaja que hizo el Tribunal Supremo aludiendo al “llamativo error” del cálculo que se había hecho inicialmente.
Como aclara la propia Audiencia Nacional, ni la cantidad consignada por los condenados ni la venta de inmuebles embargados ha sido suficiente para completar los 10.445.586,31 euros que deben devolver. Que hayan manifestado su intención de reintegrarlos no es suficiente. En esta ocasión, su plan no llega a tanto.
