El fiscal pide cuatro años de cárcel para el maquinista del Alvia
El fiscal del caso Alvia, Antonio Roma, ha solicitado para el único imputado, el maquinista Francisco José Garzón Amo, una pena de cuatro años de cárcel. Además, en el ámbito de la responsabilidad civil, reclama también que indemnice a las víctimas del trágico accidente de Angrois con un importe de casi 42,9 millones de euros.
El escrito de acusación se ha presentado este martes ante el juzgado de instrucción número 3 de Compostela, justo en el mismo día en el que se estrena en la Seminci de Valladolid el documental Frankenstein-04155, de Aitor Rei, que investiga las causas del accidente ferroviario del Alvia y que presenta varios datos nuevos sobre el siniestro que no se habrían tenido en cuenta en la instrucción del caso. En dicho escrito, se contempla la solicitud de apertura de juicio oral contra el maquinista, a lo que se considera autor de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 delitos de lesiones.
La responsabilidad civil directa recae, por tanto, a la aseguradora QBE Insurance, subsidiaria a Renfe, a la que le reclama esta indemnización de unos 43 millones de euros para las víctimas, un importe bastante más elevada que la estimada el pasado año por las aseguradoras. QBE y Allianz -seguro de Adif- calculaban que, con la situación que entonces presentaban las víctimas, deberían hacer frente a un desembolso total final de unos 25 millones de euros. Las víctimas acusaron recientemente a la Fiscalía de querer hacerles “callar la boca con dinero”.
El Ministerio Público también demanda para Francisco José Garzón la inhabilitación especial para la profesión de maquinista de ferrocarriles durante un período de seis años. Fue el juez Andrés Lago quien finalizó la instrucción con este único imputado, además de considerar el exceso de velocidad como la causa del terrible siniestro que sacudió Galicia hace dos años y medio.
A pesar de que se reconoce que la seguridad podía ser mejorable, este aspecto no se considera que tenga que ser dirimido en el ámbito penitenciario, lo que levantó fuertes críticas entre las asociaciones de víctimas. El magistrado exculpó de responsabilidades a todos los altos cargos de ADIF y representantes políticos, siguiendo el mismo criterio de la Audiencia Provincial de A Coruña, que en octubre del pasado año había levantado por segunda vez la imputación que pesaba sobre la cúpula de la gestora de las infraestructuras ferroviarias.
El juez reconocía que “es evidente [...] que la seguridad de la vía podía ser mejor” y que “es evidente también que de hallarse activo el sistema ERTMS las posibilidades de que el siniestro se produjera eran inferiores”. No obstante, había asegurado que no existe disposición legal o normativa ninguna que obligue a que el tren en tela de juicio y la propia infraestructura viaria estuviera dotada del sistema ERTMS el día del accidente.
