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El juzgado frena a cuatro bancos que querían imputar a Sandra Ortega por préstamos millonarios a Kike Sarasola

Sandra Ortega, en una de las pocas fotografías públicas que hay de ella

Cuatro entidades bancarias han fracasado en su intención de imputar a Sandra Ortega, la mujer más rica de España, y darle la vuelta a un juicio al que ella llegó como querellante por la presunta falsificación de su firma para la obtención de créditos por importe de 130 millones de euros que acabaron en manos del empresario hostelero Kike Sarasola. La defensa de Ortega acusa al antiguo gestor de su fortuna, José Leyte, de falsificar su rúbrica para conformar cartas de patrocinio, un documento similar a un aval y según el cual los bancos tenían la garantía de que la millonaria coruñesa cubría con su patrimonio un posible impago por parte de Sarasola. Ortega asegura que desconocía esa operativa y que la firma que aparece en esos documentos no es la suya.

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Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega, es propietaria de un 5% de Inditex. Tiene 53 años, vive en A Coruña y preside la Fundación Paideia, dedicada a la integración laboral de jóvenes discapacitados. Su fortuna está valorada en 6.300 millones de euros. Hasta el pasado noviembre delegaba la gestión de su riqueza en José Leyte, un ejecutivo que venía de la banca privada y que trabajó para ella y su madre, Rosalía Mera, durante más de veinte años. Leyte era el máximo responsable de la gestora patrimonial de Ortega, Rosp Corunna.

Durante su declaración ante la jueza, el exgestor confirmó que los garabatos que le abrieron la puerta de cinco bancos y el acceso a 130 millones de euros eran falsificaciones. Pero además de lo anterior, Leyte intentó convencer a la jueza de que Sandra Ortega estaba al tanto de los manejos y permitía que su firma fuera emulada para impulsar operaciones millonarias. Apoyados en esas afirmaciones, los bancos vieron la ocasión de dirigir su ataque legal contra la única persona en el procedimiento con capacidad probada de solventar la deuda de 130 millones que Kike Sarasola nunca llegó a pagar.

Las compañías financieras, presentes en el proceso como perjudicadas, exigieron que el juicio que ya estaba en marcha contra Leyte se detuviese para poder realizar alegaciones sobre las revelaciones que el gestor había aflorado en su declaración. Deutsche Bank decidió querellarse contra Sandra Ortega. Abanca, Bankinter y Banca March no presentaron querella pero sí pidieron que la empresaria fuese imputada y llamada a declarar "a la mayor brevedad". La jueza no les ha abierto esa puerta. La quinta entidad, Société Générale, se limitó a solicitar su personación como acusación particular.

En un auto, fechado el pasado 20 de octubre y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción número 2 de A Coruña frena en seco los principales movimientos de las entidades bancarias: inadmite la querella presentada por Deutsche Bank contra Ortega y paraliza las peticiones de imputación que sobre ella habían planteado Abanca, Bankinter y Banca March. Además, da luz verde a la personación de Société Générale como perjudicada por los hechos que se investigan, por el momento, únicamente contra el exgestor de la accionista de Inditex.

El razonamiento de la jueza es sencillo: si los bancos quieren acusar a la hija de Amancio Ortega tendrán que esperar hasta que se resuelva la querella presentada por esta contra quien controlaba su patrimonio. Dicho en otras palabras, si queda probado que la firma de la empresaria fue usada sin su consentimiento para regar de millones a Kike Sarasola, los bancos no podrán reclamarle nada a Ortega.

En su reclamación ante la justicia, Ortega argumentó que la falta de diligencia de los bancos y el fallo de sus sistemas de control para comprobar la autenticidad de documentos que les eran enviados "por correo y sin firma presencial" permitió que José Leyte pudiese beneficiar a Kike Sarasola usando el nombre de la empresaria coruñesa. elDiario.es se ha puesto en contacto con Abanca, una de las entidades que pretendían la imputación de la empresaria, para recabar su postura. La única respuesta la entidad gallega ha sido: "Sin comentarios".

El procedimiento en el que se ha visto inmersa la propietaria del 5% del gigante textil tampoco ha pasado desapercibido en el entorno del patriarca del clan Ortega. Fuentes próximas al fundador de Inditex han asegurado a elDiario.es lo siguiente: "Amancio está preocupado. Igual que estaría cualquier padre".

Kike Sarasola: "El problema no es mío"

La sociedad patrimonial de Sandra Ortega, Rosp Corunna, empezó a invertir en Room Mate en 2008, cuando la primera mujer de Amancio Ortega y madre de Sandra, Rosalía Mera, aún vivía. Con el tiempo, y siempre bajo el mandato de Leyte en el gobierno de los números, aumentó su participación hasta el 31% en la compañía hotelera.

Los préstamos que han motivado el procedimiento judicial en curso, y que la empresaria asegura que se urdieron a sus espaldas, fueron a parar a Room Mate, principalmente, pero también a Tafay 2000 y a Ergocrático, sociedades que pertenecen por completo a Kike Sarasola y a su marido, Carlos Marrero, y que no tienen relación con la gestora patrimonial Rosp.

A cambio, el empresario hotelero habría favorecido a Leyte y a su mujer entregándoles opciones sobre acciones de Be Mate, la filial de apartamentos turísticos inspirada en Airbnb que montó en 2014. En conversación con este periódico, Sarasola ha resumido su posición sobre el conflicto del siguiente modo: "Esto es un tema de mi socia con su gestor y yo no estoy en nada de eso. Es un problema que no es mío".

La magistrada que lleva el caso ha cursado varios mandamientos que le permitan avanzar en sus pesquisas. A Room Mate le exige que en el plazo de diez días remita al juzgado todas las actas de los Consejos de Administración celebrados en la empresa entre 2018 y 2020 para aclarar si la decisión de pedir préstamos millonarios fue acordada por la cúpula directiva de la compañía que dirige Sarasola.

La jueza también quiere saber por qué dos notarios de Madrid redactaron varias actas autentificando la firma de Sandra Ortega en los meses de marzo, abril y julio de 2020 y siempre una semana después de que los bancos recibiesen las cartas de conformidad que abrían las líneas de crédito para las empresas de Sarasola. En su reclamación a los fedatarios públicos, la magistrada solicita que se aclare quién pidió esas autentificaciones, qué proceso se siguió para configurarlas y quiénes participaron en la validación de las firmas. La mujer más rica de España dice que ella nunca estuvo allí.

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