La oposición abandona el Parlamento gallego y el pleno es suspendido por las protestas
El veto multiplicó las protestas. Este martes estaba convocado en el Parlamento de Galicia el pleno de Presupuestos, el primero en el que los grupos políticos no podían invitar libremente a la ciudadanía a presenciar la sesión a causa de la prohibición de la presidenta, Pilar Rojo. Como habían anunciado veinticuatro horas antes, los grupos de la oposición optaron por la unidad de acción y PSdeG, AGE y BNG dejaron sólo al PP. La ausencia fue el inicio de una sucesión de protestas -y también de algún incidente- que tenían como objetivo denunciar lo que consideran un “secuestro” de la institución parlamentaria.
“Se secuestra la voluntad popular y se pone a toda Galicia bajo sospecha”, reprochó desde su escaño el socialista Abel Losada antes del abandono. “Está conculcando el reflejo del pluralismo en la Cámara”, señaló Francisco Jorquera, del BNG. “Los que están fuera son tan ciudadanos como usted, si los ponen bajo sospecha de ser vándalos, será la presidenta quien incurra en vandalismo”, señaló Xosé Manuel Beiras, líder de AGE. “Esto no es objeto del pleno”, repuso la presidenta.
Solo Jorquera, Beiras y el socialista Pachi Vázquez se quedaron en sus escaños mientras el resto de diputados y diputadas de la oposición los abandonaban. La consejera de Hacienda, Elena Muñoz, exponía su discurso presupuestario sólo para los suyos mientras comenzaban los movimientos en la tribuna del público. AGE y BNG habían invitado a sus instalaciones parlamentarias a trabajadores de Navantia y de la Universidad de Santiago y se dispusieron a intentar que pudieran presenciar el pleno. Primero lo intentó Alternativa con cuatro trabajadores del naval, y no consiguieron pasar. Después se acercaron Carlos Aymerich y Montse Prado (BNG) con representantes de la USC y del propio naval y lo consiguieron.
Muñoz seguía desgranando su proyecto económico cuando miembros de AGE como Yolanda Díaz o Juan Fajardo regresaron a la tribuna con sus invitados. Dos conserjes parlamentarios, reacios a actuar físicamente, se limitaron a recordarles la prohibición de Rojo. Pocos minutos después lo que la presidenta dice querer evitar con su veto se elevó a la enésima potencia. “¿Dónde están, que no se ven, las promesas del PP?”, “¡queremos trabajar y no emigrar!”, corearon los trabajadores de Navantia. A su lado, Díaz y Fajardo ya se habían puesto las camisetas con la reclamación de un dique flotante para Ferrol. “Universidad, pública y de calidad!”, “no a los recortes en educación!”, añadieron los representante del PAS de la universidad compostelana.
Suspensión del pleno y amenaza de sanciones
Fue en este contexto en el que Pilar Rojo resolvió hacer lo mismo que apenas un mes atrás, cuando quienes protestaban eran personas afectadas por las preferentes. La conservadora optó por suspender el pleno “hasta nuevo aviso”, aviso que nunca llegaría a pesar de que la sesión fue reanudada diez minutos después, de nuevo con Muñoz a hablar sólo para los suyos.
Simultáneamente, en los pasillos del Parlamento el servicio de comunicación de la Cámara impedía que la prensa recogiera declaraciones de las personas que venían de protagonizar la protesta. “Hay libertad de expresión, hasta en la Alemania nazi se podía hablar!”, censuró Xosé Manuel Beiras a un miembro del gabinete de la Presidencia.
En un clima a medio camino entre confusión y tensión agentes de la Policía intentaban impedir el acceso a la Cámara de tres diputadas y un diputado del BNG -Ana Pontón, Tereixa Paz, Carme Adán y Cosme Pombo- que habían salido del recinto para acompañar a los manifestantes del naval en el exterior -“yo no tengo por qué conocer a los diputados ni saber gallego”, alegó el agente-. Por su parte, la presidenta convocaba a la prensa de urgencia en su despacho para ofrecer su primera valoración del sucedido, un “grave atentado contra una alta institución del Estado”.
“No se ha respetado el marco constitucional y estatutario y lo más lamentable es que fueron diputados y diputadas de esta Cámara los que vulneraron y provocaron hechos que son absolutamente ilícitos”, aseguró Rojo en lo que intentó que fuera una comparecencia sin preguntas. La jefa del legislativo se siente “reafirmada en las decisiones” de prohibir las invitaciones y, “con todo lo que ha sucedido” este martes, ya advierte de que “adoptaremos las medidas que se estimen oportunas y lo comunicaremos en el momento adecuado”, dejando la puerta abierta a sanciones no sólo a las personas que protestaron, sino también a los diputados y diputadas que los acompañaron.
