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GALICIA

Los Franco ya están obligados a mostrar al público las esculturas del Maestro Mateo

El Diario Oficial de Galicia publica la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de las estatuas de Abraham e Isaac, en manos de la familia del dictador

Los herederos del general fascista tendrán que enseñarlas en público un mínimo de cuatro días al mes desde este jueves o exponerlas varios meses durante dos años

Las estatuas de Abraham e Isaac, este mes de septiembre en el Pazo de Meirás

Las estatuas de Abraham e Isaac, en el Pazo de Meirás CC-BY-SA Praza Pública

Los Franco tienen el deber, desde este jueves 5 de septiembre, de mostrar al público las estatuas de Abraham e Isaac. Así se dispone en la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de estas esculturas --y de las otras siete del Maestro Mateo procedentes de la desaparecida portada exterior occidental de la catedral de Santiago-- publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La declaración BIC, proceso iniciado el pasado mes de febrero y aprobado en julio por el Consello de la Xunta, no afecta a la propiedad de unas figuras que reclama el Ayuntamiento de Santiago judicialmente pero que se mantienen en poder de la familia del dictador. No obstante, sí obligará a los Franco la "permitir su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, por lo menos, cuatro horas al día, que serán definidos previamente".

De no optar por esta opción, los herederos del general fascista podrán acordar con el Gobierno gallego una alternativa: el depósito de estos bienes en un lugar "que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos años".

A estas horas, si no ha habido cambios en las últimas semanas, las esculturas que representan los profetas identificados como Abraham o Jeremías e Isaac o Ezequiel se encuentran en una de las entradas del Pazo de Meirás, otro BIC propiedad de los Franco y cuya deber de ser abierto al público un mínimo de días al mes no es siempre cumplido. De hecho, y después de haberle impuesto multas hace dos años por irregularidades, la Xunta ha vuelto a abrir este verano un expediente para investigar los obstáculos denunciados por varios visitantes.

Poco antes, además, Xunta y Ayuntamiento de Sada se unieron a la demanda del Estado para echar a los Franco del Pazo y lograr la reversión de la propiedad al patrimonio público. En su demanda el Estado pide la nulidad de la donación de Meirás al "autoproclamado Jefe del Estado", del posterior contrato de compraventa y de la transmisión del inmueble a los herederos del dictador, para los que reclama la condena a devolver la propiedad.

La declaración BIC de las estatuas del Maestro Mateo supone también para sus propietarios el deber de "conservarlas, mantenerlas y custodiarlas debidamente y evitar su pérdida, destrucción o deterioro", además de permitir el acceso al personal habilitado para la inspección, al personal investigador o al personal técnico que encargue la Administración para realizar los informes necesarios. En este caso, los Franco también pueden optar por la alternativa de depositar en una institución que indique la Xunta las estatuas durante un período máximo de dos meses cada cinco años. Por otro lado, deberá comunicarse "cualquier daño o perjuicio" que sufran las esculturas y que "afecte de forma significativa su valor cultural".

La Xunta, además, tendrá "derecho de tanteo y retracto" en caso de que los Franco decidiesen en algún momento deshacerse de las figuras y deberá también solicitar autorización para cualquier traslado.

Todas estas condiciones son aplicables también a las siete figuras restantes que no están en poder de la familia del dictador pero que se encuentran ya en instituciones públicas, como el Museo de la Catedral de Santiago o el Museo de Pontevedra. Las de Isaac y Abraham, como indica la propia declaración BIC, forman parte de una "colección privada", la de los Franco, a pesar de que el Ayuntamiento de Santiago encontró los documentos que certifican la propiedad municipal.

Los vínculos con Franco de la jueza que desestimó la demanda

En los últimos dos años, el Parlamento de Galicia y el Congreso aprobaron por unanimidad peticiones para que los herederos del dictador devolvieran estos bienes a sus legítimos propietarios. El Ayuntamiento compostelano presentó una demanda judicial para que las estatuas regresaran al patrimonio público, pero el juzgado número 41 de Madrid desestimó "íntegramente" la demanda del Ayuntamiento, que recurrió y continúa con la batalla judicial.

Desde el Ayuntamiento de Santiago, su alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, asegura que se llevarán a cabo "todas las acciones al alcance para intentar recuperar la posesión de esos bienes", aún que aclara que "todo dependerá de lo que digan los tribunales". Según el regidor, el hecho de que en el recurso presentado se incorporasen documentos de los años 50 que certificarían la propiedad municipal, y que no se había aportado, aumenta la "esperanza". 

Investigadores de la Universidad de Santiago, conocida la sentencia, desvelaron los vínculos de la jueza que lleva el caso con la familia Franco y con el alta jerarquía franquista, además de denunciar un relato que "refrenda la memoria y el discurso de la propia dictadura".

La resolución de la Consellería de Cultura que iniciaba el proceso para la declaración BIC recordaba que "en 1948, el Conde de Ximonde vendió al Ayuntamiento de Santiago las esculturas con la condición de que nunca abandonaran la ciudad" y que "las esculturas estuvieron en la escalera del Pazo de Raxoi hasta que pasaron a manos particulares".

El 25 de julio de 1954 Francisco Franco y su mujer Carmen Polo visitaron Compostela para participar en la ofrenda al Apóstol e inaugurar el antiguo hospital como Parador Hostal de los Reyes Católicos. Carmen Polo mostró ante el luego alcalde compostelano, Enrique Otero, un "interés insistente" en las esculturas, "sugiriendo de forma inequívoca que pasaran a su posesión". Aunque no existió "formalidad alguna" ni ningún acuerdo formal al respeto, el regidor accedió a la petición de la esposa del dictador, enviándole las esculturas.

Mientras, los nietos del dictador argumentaron ante el juzgado que sus abuelos habían compradolas esculturas a "un anticuario" y negaron que el Ayuntamiento de Santiago llegase a comprarlas, como acredita la documentación hallada por el gobierno local.

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