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GALICIA

Ence, Adif y Asturias negocian anular la obra con la que la empresa logró que la Xunta de Galicia le baje impuestos

El Tribunal de Cuentas había pedido a la administración que denunciase por "daños y perjuicios" la paralización de una línea de tren a la fábrica de Ence en Navia (Asturias) que la Xunta esgrimió como amenaza para justificar perdonarle tasas en el puerto de Ribadeo (Galicia)

La empresa señala en sus últimos resultados que reservó 10,7 millones para cancelar varios contratos de transporte de madera y celulosa de su planta de Asturias pero destaca que el balance final de la operación le sale beneficioso

Feijóo en 2012 presentando obras en beneficio de Ence en el puerto de Ribadeo (Lugo) y resolución del Tribunal de Cuentas pidiendo "daños y perjuicios" a la empresa por su obra en Asturias

Feijóo en 2012 presentando obras en beneficio de Ence en el puerto de Ribadeo (Lugo) y resolución del Tribunal de Cuentas pidiendo "daños y perjuicios" a la empresa por su obra en Asturias Praza Pública

Tras reclamarlo el Tribunal de Cuentas, que incluso propuso que se exigiese a la empresa "daños y perjuicios", Adif y el Principado de Asturias están negociando con Ence el futuro del inacabado ramal ferroviario a la fábrica que tiene en Navia (Asturias) y que, pagado en parte con fondos públicos, sirvió como argumento para que la Xunta le venga rebajando a la firma de celulosas desde 2011 las tasas por emplear el puerto de Ribadeo (Lugo) en vez del tren asturiano para el movimiento de sus productos. El gobierno del Principado, que cuantifica en 2,8 millones lo que ya ha pagado por una obra en la que la empresa dejó de tener interés, dice que no seguirá aportando dinero a esos trabajos y aspira a recuperar esa cuantía. Por su parte, la empresa ha apartado 10,7 millones en sus cuentas para la "cancelación" de varios contratos para El transporte de madera y celulosa de su fábrica de Navia, operación cuyo balance final considera beneficioso.

Hacía años que Ence venía moviendo diversos productos de su factoría de Navia a través del puerto gallego de Ribadeo, a 35 kilómetros al oeste por carretera, cuando hace una década firmó un convenio con el Principado y Feve (hoy Adif) para construir un ramal de 2,5 kilómetros que conectase sus instalaciones con la línea ferroviaria que atraviesa Asturias y pasar a usar el puerto de Gijón, a unos cien kilómetros al este. Las previsiones se dispararon y en la actualidad, con la obra lejos de estar finalizada, Adif cuantifica ya en 9 millones lo ejecutado, cuantía que ahora deberá pagar Ence en solitario.

Con esas obras ya iniciadas fue cuando la Xunta firmó con Ence en 2011 un acuerdo a la medida de la empresa para rebajarle hasta un 60% las tasas por el uso que ya venía haciendo del puerto de Ribadeo, titularidad de Portos de Galicia. El principal argumento ofrecido por el Gobierno gallego para esa exención fue precisamente la amenaza de que Ence llevase a Gijón por tren los tráficos que venía captando Ribadeo. Del mismo modo, el argumento esgrimido por el Principado para justificar su aportación de fondos públicos para construir la vía ferroviaria a la fábrica de Navia era el de que así Asturias pasaría a beneficiarse de unos tráficos que hasta aquel momento pasaban por Galicia.

Fragmento del convenio firmado por la Xunta con Ence a la medida de las necesidades de la empresa

Fragmento del convenio firmado por la Xunta con Ence a la medida de las necesidades de la empresa Praza Pública

La operación de Ence a dos bandas, con el Principado y Feve/Adif, por un lado, y con la Xunta, por otro, fue desmontada por el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización de las inversiones de Feve entre 2005/2012 publicado en noviembre de 2017 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En él el ente fiscalizador relata cómo, una vez firmado el acuerdo con la Xunta, la obra de la línea férrea asturiana fue paralizada por el "escaso interés" de la empresa por continuarla. Los obstáculos que Ence comenzó a poner para la obra ferroviaria fueron relacionados por el Tribunal de Cuentas "con el hecho de que durante todo este período de tiempo hasta la actualidad ha venido supliendo este servicio de transporte por ferrocarril con el transporte por carretera al puerto gallego de Ribadeo más próximo a su factoría".

Ante esa situación, el ente fiscalizador hizo una petición a Feve/Adif: "Sería conveniente que se intensificaran las negociaciones para poder terminar con la construcción del tramo o, en su caso, se denunciara el contrato y, conforme a lo establecido en los contratos firmados, se exigiera a la empresa propietaria de la factoría la indemnización de los daños y perjuicios provocados por su actuación".

BOE en el que el Tribunal de Cuentas pide que la administración denuncie a Ence por "daños y perjuicios"

BOE en el que el Tribunal de Cuentas pide que la administración denuncie a Ence por "daños y perjuicios" Praza Pública

Esas negociaciones de Adif y el Principado con Ence para decidir el futuro de esa obra inacabada se retomaron el pasado año, según confirman varias fuentes, tras el silencio inicial de la empresa a los primeros contactos por parte de la administración central. En noviembre el gobierno del Principado informó en el parlamento autonómico, a pregunta de Podemos, que no pensaba seguir aportando dinero a esos trabajos tras poner en ellos 2,8 millones de euros mientras no se decidiese si se prescinde definitivamente de esa actuación. Desde Podemos se criticó la "complacencia" de las administraciones con Ence al beneficiarla con recursos públicos para que finalmente la empresa lograse una rebaja de tasas en Galicia. Adif, por su parte, confirma la existencia de esas negociaciones para recuperar el dinero público y aclara que están ya muy avanzadas.

Mientras, Ence refleja, en sus resultados anuales que acaba de hacer públicos, que ha comenzado a negociar la "cancelación" de varios contratos para el transporte de madera y celulosa de su fábrica de Navia que según dice "supondrían un mayor coste logístico anual a futuro, frente a las mejores condiciones conseguidas de manera recurrente por la Compañía desde entonces". Por eso, dice, apartó "una provisión de 10,7 millones de euros que cubre el importe máximo estimado para la cancelación de dichos contratos, siendo este importe claramente inferior al valor actual del sobrecoste en que incurriría la compañía en el caso de mantenerse dichos contratos".

La obra asturiana por la que ahora Adif y Principado le piden cuentas a Ence fue empleada por la Xunta como justificación para rebajarle a la empresa impuestos en Galicia, una bonificación de tasas portuarias que tal y como fue redactada en el convenio firmado al efecto entre Portos de Galicia y Ence, desvelado en febrero de 2016 por este diario, no evitaría la marcha de la empresa de Ribadeo sino que en la práctica supuso un perdón unilateral de lo que venía pagando hiciese lo que hiciese. Por otra parte, aquella rebaja se concretó a través de un convenio para el cual fue preciso modificar previamente en diciembre de 2010 la ley autonómica de tasas de Portos de Galicia. Esa modificación legal para permitir al ente público firmar convenios de rebaja de tasas con empresas privadas sólo se ha empleado una vez: con Ence.

Aquel convenio firmado en 2011 y que finaliza a finales de este año, por lo que la negociación ahora en marcha en Asturias puede influir en su renovación, supuso por lo menos en sus primeros años en vigor una reducción de los ingresos de Portos de Galicia de entre 300.000 y 500.000 euros anuales (entre el 2% y el 3% de los ingresos comunes del ente público). Pero la rebaja no fue la única concesión que hizo la Xunta a Ence en Ribadeo. Tras la amenaza de dejar Galicia por Asturias, la Xunta también invirtió 2,2 millones de euros en mejorar el puerto lucense, obras que el propio Feijóo vinculó a las necesidades de la empresa en su inauguración en julio de 2012. La empresa, por su parte, viene obteniendo docenas de millones de euros de beneficios cada año desde entonces, 132 millones sólo en 2018.

Por otra parte, el responsable de aquella modificación legal de la ley de tasas y del posterior convenio para reducir impuestos a Ence en Ribadeo fue el entonces presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, que cuando dejó ese ente público fue contratado en septiembre de 2015 por el gobierno local de Arteixo (A Coruña), del PP, con el cargo oficial de "gestor eficaz de recursos".

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