El PP organiza una protesta de alcaldes contra PSOE y BNG en el interior de la Diputación de Pontevedra
El 25 de noviembre de 2005 el Gobierno de la coalición de PSdeG y BNG en la Xunta llevaba poco más de tres meses ejerciendo sus funciones. Una de las primeras decisiones de la Consellería de Medio Rural, dirigida por el nacionalista Alfredo Suárez Canal, fue la suspensión de 247 obras en pequeños ayuntamientos aprobadas por el Gobierno de Manuel Fraga en los días previos a las elecciones en las que acabó perdiendo la mayoría absoluta. Los proyectos, lanzados al amparo de un plan de infraestructuras rurales, combinaban obras agrarias con otras como piscinas o trabajos de construcción de campos de golf y la Xunta había decidido frenarlos por su “dudosa operatividad”, además de por ser “técnicamente imposibles” de ejecutar en aquel año. Ante aquella decisión el PPdeG acabó organizando su primera gran protesta desde la oposición, enviando a los alcaldes a los que Fraga les había concedido las obras a protestar al Parlamento. Aquel episodio, en versión reducida, acaba de reproducirse en la Diputación de Pontevedra mientras, desde la cúpula del PP gallego y estatal, se insta a la izquierda a no organizar manifestaciones.
Aquella manifestación de unos 200 regidores y cargos conservadores, recogida entonces por el diario El País, se había producido en pleno debate de la sucesión de Fraga, esto es, durante los meses en los que el expresidente gallego compartía protagonismo parlamentario con dos de los dirigentes que aspiraban a su puesto: José Manuel Barreiro, actual portavoz del PP en el Senado, y Alberto Núñez Feijóo. Cuando Feijóo y Barreiro abandonaron el hemiciclo y acudieron al exterior del Pazo do Hórreo para coger la pancarta y encabezar la protesta ya se habían vivido en el recinto momentos de fuerte tensión: empujones a los policías que custodiaban el edificio, gritos de “no nos moverán” e intentos de entrar por la fuerza a la sede de la Cámara después de que la presidenta, la socialista Dolores Villarino, hubiese impedido, a causa de la protesta, la entrada de la cuarentena de alcaldes acreditados para seguir la comparecencia de Suárez Canal.
La protesta de los alcaldes para exigir las obras, cuyo importe superaba los 30 millones de euros -muchas de ellas se acabaron ejecutando con cargo a otros planes, con excepción de las que no tenían relación directa con el desarrollo rural- fue el primero y uno de los más pirotécnicos episodios de la estrategia de oposición al bipartito por parte de un PPdeG que apenas dos meses después ya tuvo al frente a Feijóo y, junto a él, a Alfonso Rueda como secretario general. Más de una década después de aquel episodio, el ahora vicepresidente de la Xunta es también presidente provincial del PP en Pontevedra, formación que acaba de enviar a sus alcaldes a la sede de la Diputación pontevedresa para, como sus compañeros de partido en 2005, declararse discriminados por las asignaciones de obras y fondos del gobierno que dirige la socialista Carmela Silva en coalición con el Bloque y exigir una reunión con la presidenta.
El papel que entonces jugaba el controvertido plan de obras lo juegan ahora las asignaciones económicas que la entidad provincial tiene que distribuir entre los municipios de la provincia. Después de la primera edición del plan, que según el gobierno de socialistas y nacionalistas fue capaz de acabar con el “caciquismo” de la etapa de Rafael Louzán (PP), los alcaldes populares dicen sentirse marginados y fueron este martes en comitiva hasta el pazo provincial porque, aseguran, no son atendidos por la presidenta por otras vías. “No venimos aquí para saludarla, ni por pasear, ni a preguntarle cómo le va la vida”, sino a “hablar del reparto de fondos para el próximo año”, afirmó en el nombre de los alcaldes el regidor de Rodeiro, Luis López, acompañado por la portavoz del grupo provincial y alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, quien afirma además que el gabinete de Silva les ha transmitido “que no los va a atender ni ahora ni nunca”, dice el PP en un comunicado.
La escenificación de la protesta, con los alcaldes y cargos populares sentados en el salón de plenos de la Diputación, ha sido replicada desde el gobierno por parte del diputado de Régimen Interno, el edil vigués Carlos López Font. El PP, dice el socialista, “está centrado en organizar verbenas, porque le gusta mucho el chotis”, y acusa a Rueda de ser “el verdadero ideólogo” de lo que define como “escrache en toda regla”, una “acción intimidatoria y abusiva” que “convierte al PP y al propio Rueda en un antisistema, algo que no se puede tolerar”. Según López Font lo sucedido es “un verdadero ataque a la democracia” que “muestra la forma de hacer política del PP y del señor Rueda, brazo armado de Feijóo en la provincia”.
