La Xunta no ha dado a la oposición la mitad de los documentos que ha pedido en lo que va de legislatura
El artículo 9 del Reglamento del Parlamento de Galicia es el mecanismo del que los miembros de la Cámara disponen para reclamarle a la Xunta cualquier documentación que esté en su poder. Las normas parlamentarias estipulan que en un “plazo no superior a treinta días” el Gobierno gallego tiene el deber de aportar los papeles requeridos o, en su defecto, “trasladar a la persona solicitante las razones fundadas en derecho que lo impidan”. En el tiempo transcurrido de la actual legislatura, poco más de un año, el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo ha respondido algo menos de la mitad de las 174 peticiones de documentación formuladas por En Marea, PSdeG y BNG.
El legislativo gallego acaba de hacer pública la memoria de actividad parlamentaria correspondiente al primero período de sesiones de la legislatura y, según este documento, de enero a agosto de este año el gabinete de Alberto Núñez Feijóo había recibido 112 peticiones de documentación de la oposición, de las que 52 ya habían sido respondidas y otras 60 seguían “en tramitación”, lo que implica que no había atendido el 54% de las peticiones. Un vistazo a los datos de todo el tiempo transcurrido desde la constitución del Parlamento de la décima legislatura -el 21 de octubre de 2016-, a los que ha tenido acceso Praza.gal, revela que la proporción es semejante: del total de 174 peticiones de papeles, el Gobierno ha respondido 86, un 49%, mientras que mantiene 88 tramitándose.
Casi tres de cada cuatro de esas peticiones de documentación pendientes transgreden ya el plazo de 30 días que fija el Reglamento para que el Gobierno entregue los papeles solicitados o indique al miembro del Parlamento que los solicita las razones legales que impiden mostrarlos. A día 27 de este mes de noviembre, en el que están datada la información a la que ha accedido este diario, solo 24 de esas solicitudes de documentación pendientes tenían menos de un mes, mientras que las otras 64 estaban ya fuera del plazo reglamentario.
Como habitualmente, la práctica totalidad de las peticiones de documentación corresponden a los grupos de la oposición. No en vano, el PP solo ha formulado 5 en lo que va de legislatura y todas ellas han sido ya respondidas. Como en anteriores legislaturas, el grupo de la oposición que solicita un mayor volumen de documentación es el PSdeG: hasta ahora ha realizado 101 peticiones de papeles a la Xunta, de las que algo más de la mitad han sido respondidas, un 52%, mientras que espera por que sean respondidas otras 48 peticiones.
El siguiente grupo con más peticiones de documentos es el BNG, que ha formulado 42, aunque en su caso la proporción de respuestas es menor: por el momento, el Gobierno no ha contestado casi el 70% de sus solicitudes, mientras que sí ha atendido 13 de ellas. En el caso de En Marea, la formación ha pedido documentos al Gobierno en un total de 31 ocasiones y la Xunta se los ha dado en 20 de ellas, lo que implica una proporción de respuestas del 65%. En términos relativos, entonces, el Bloque es el grupo más perjudicado por las resistencias de la Xunta a entregar los papeles que solicita la oposición.
Asuntos delicados sin respuesta
La antigüedad de las peticiones de documentación que aún están sin responder es dispar y, en algunos casos, se corresponde con asuntos especialmente molestos para el Gobierno de Feijóo. Es el caso de la solicitud que, datada en noviembre de 2016, el PSdeG formuló para intentar conseguir los “estudios” que el Gobierno pudo llegar a manejar sobre un eventual traslado de ENCE fuera de la ría de Pontevedra, promesa con la que Alberto Núñez Feijóo llegó al poder. También tiene prácticamente un año la petición con la que la diputada Eva Solla, de En Marea, reclamó a la Consellería de Sanidade conocer las listas de espera no estructurales del Sergas, esto es, las cifras de personas en espera que la Xunta no publica por no tener asignada una fecha concreta para ser atendidas.
Facturas de la empresa privada a la que la Xunta le lleva prorrogando una década el contrato de los barcos de Guardacostas o datos de seguimiento de la aplicación del denominado decreto del plurilingüismo, ambas formuladas por el BNG, son otras de las solicitudes que también acumulan varios meses en espera para ser respondidas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la petición del Bloque sobre expedientes de sanciones a compañías eléctricas que, según Feijóo, la Xunta ya ha interpuesto, o con el informe sobre pobreza infantil que el Gobierno publicitó en 2014 y que En Marea reclamó el pasado junio sin que, por el momento, haya habido respuesta.
En junio de este año está datada también la solicitud en la que el PSdeG pidió, por el momento sin obtener respuesta, las actas de la comisión acordada por la Xunta y el Ministerio de Fomento para supervisar la AP-9, creada para sustituir la negada transferencia de competencias sobre la autopista. Del mismo modo, el Gobierno se resiste a revelar datos completos de incendios forestales, tal y como pidió el BNG, o los detalles de las llamadas que recibió el 112, transcripciones incluidas, durante los peores días de la ola de incendios de octubre, una petición que planteó En Marea y que la Xunta, cuando menos de momento, no atendió.
Aunque el Reglamento del Parlamento fija con claridad el derecho de los diputados y diputadas a recibir los documentos que pidan al Gobierno y a hacerlo, además, en un plazo concreto, ningún miembro de la Cámara tiene la garantía de que esto vaya a suceder antes de 2020, año en el que correspondería celebrar unas nuevas elecciones. Así, por ejemplo, la pasada legislatura terminó sin que la Xunta respondiera a casi el 40% de las peticiones de documentación que habían formulado los grupos de la oposición, que en el anterior período estaba formada por PSdeG, AGE y BNG.
