Los últimos concursos del PP dificultan que el AVE gallego esté en pruebas antes de 2020, como ahora le exige al PSOE

El viernes 2 de junio de 2006, hace ahora doce años, la casa consistorial de Nigrán (Pontevedra), municipio turístico vecino de Vigo, fue arrasada por manifestantes que rechazaban el nuevo plan de urbanismo que ese día pretendía aprobar el gobierno local encabezado por el popular Alfredo Rodríguez, que acababa de dejar la dirección general del Celta. El documento impulsado por el PP recalificaba diversos terrenos próximos al litoral del municipio adquiridos por sociedades en las que participaban varios directivos del Celta, entre ellos Carlos Mouriño, que tras unos años como consejero del club acababa de hacerse con su control. Los vecinos pararon aquella operación y un año después las elecciones municipales apartaban al PP de la alcaldía. Ahora, más de una década después, Mouriño se vuelve a enfrentar a otra recalificación polémica, la que impulsa otro ayuntamiento también vecino de Vigo, el de Mos, igualmente gobernado por el PP, para facilitar la implantación de la nueva ciudad deportiva del Celta en un monte comunal a expropiar en beneficio de la sociedad anónima deportiva. Varias administraciones tienen dudas sobre el proyecto.

Mouriño llegó en 2006 a la presidencia del Celta tras varias décadas de ascenso en los negocios en México y hoy el club forma parte de su Grupo Corporativo Ges, SL. Mouriño ya tenía una pequeña parte del accionariado de la sociedad anónima deportiva, de la que era consejero, cuando hace ahora doce años adquirió la parte mayoritaria que hasta entonces controlaba su anterior presidente, Horacio Gómez. Lo hizo con el lema “Celta, Vigo 100%”, pero una década después sus enfrentamientos con el alcalde de la ciudad, el socialista Abel Caballero, lo llevaron a amenazar con llevarse el equipo de Vigo si el Ayuntamiento no le vendía el estadio de Balaídos, de propiedad municipal.

El Ayuntamiento de Vigo decidió finalmente otorgar al Celta una concesión de Balaídos por 50 años para que siga jugando en él los partidos mientras que el club decidió construir su ciudad deportiva en el vecino ayuntamiento de Mos con la colaboración de su gobierno local, del PP, en una operación avalada por el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La ciudad deportiva se implantará en un ámbito de 864.000 metros cuadrados de un monte de Mos colindante con el término municipal de Vigo del que la mitad es actualmente de propiedad comunal. El Ayuntamiento de Mos está impulsando la recalificación del terreno, a través de la modificación de su plan de urbanismo aprobado sólo un año antes, para posteriormente expropiarlo y entregárselo en concesión al Celta. El club prevé construir en él un estadio de entre 6.000 y 11.000 espectadores, siete campos de fútbol reglamentarios, otros tres de inferiores dimensiones, un pabellón, una piscina y un centro comercial de 120.000 metros cuadrados que la sociedad anónima deportiva considera necesario para hacer rentable el resto del complejo.

El Celta pretende iniciar ya este mismo verano, sin esperar a que se complete la evaluación ambiental de la recalificación de todo el ámbito implicado, los trabajos de acondicionamiento de parte des terreos para acoger los primeros campos. El club explica que ya cuenta para ello con un acuerdo de arrendamiento con una comunidad de montes de la zona para poder actuar allí antes de que se complete la tramitación urbanística que según los planes del Concello terminará con la expropiación de esos terrenos para su entrega en concesión al club.

Sin embargo, la Xunta acaba de hacer públicas las objeciones que formulan al proyecto varios de sus departamentos sectoriales así como otras administraciones, que coinciden entre ellas y con el Ayuntamiento de Vigo en que su impacto debe ser evaluado a nivel comarcal, y no sólo a nivel local. Se cuestiona desde el emplazamiento del complejo hasta el sistema de expropiación como vía para que el Ayuntamiento le facilite los terrenos al Celta, pasando por la mera necesidad del centro comercial o su impacto en el tráfico. Pero lo que más les preocupa a los vecinos de la zona es que el complejo deportivo no afecte a las numerosas captaciones de agua de ese monte de las que se abastecen las viviendas de familias que llevan generaciones viviendo allí.

Hace una década la preocupación de los vecinos de Nigrán ante la aprobación del nuevo plan de urbanismo que pretendía el gobierno local del PP era que el documento restringía las posibilidades de edificación en el interior del municipio, en las zonas más rurales, al tiempo que lo facilitaba cerca del litoral, en las zonas más turísticas. Los opositores al plan de urbanismo de Nigrán resumían el conflicto diciendo que el gobierno local quería prohibir que los nigraneses pudieran construir en sus fincas viviendas para sus hijos al tiempo que se facilitaba que promotores inmobiliarios levantasen nuevas segundas residencias o pisos turísticos cerca de la playa.

Esa tesis se expandió entre la ciudadanía como una convicción cuando varios medios como La Voz de Galicia o Atlántico Diario comenzaron a revelar que el nuevo plan de urbanismo pretendía recalificar terrenos en las últimas bolsas de suelo cerca del litoral que en los años anteriores habían sido adquiridos por diversas sociedades de las que participaban compañeros del alcalde, Alfredo Rodríguez, en la directiva del Celta. Mouriño, a quien le explotó el escándalo nada más llegar a la presidencia del club y que ahora no quiere realizar comentarios, negó entonces que tuviera información privilegiada. “Tengo el 30 por ciento en una sociedad que compró terrenos en Nigrán antes de que Alfredo Rodríguez fuera alcalde y después de llegar a la alcaldía, igual que compro terrenos antes de mi entrada en el Celta y cuando ya era miembro del consejo de administración”, decía a Atlántico Diario. Mouriño también argumentaba que la recalificación no era tan beneficiosa para él porque una parte de los terrenos obtenían la edificabilidad más baja de todo el plan, y atribuía a la casualidad otras recalificaciones que le resultaban más favorables.

Tras aquel tumultuoso pleno del 2 de junio de 2006 en el que el alcalde tuvo que abandonar la casa consistorial de Nigrán escoltado por los antidisturbios de la Guardia Civil, incapaces de evitar que el edificio fuese tomado al asalto y arrasado por los manifestantes, el plan de urbanismo quedó aparcado. Un año después, el 27 de mayo de 2007, las elecciones municipales cambiaban al PP por el PSOE al frente de la alcaldía de Nigrán, un resultado que todos los partidos vincularon con la polémica urbanística. Más de una década después, ahora son diversos departamentos de la Xunta y del Gobierno central los que no acaban de ver clara por su impacto ambiental la recalificación que quieren impulsar de la mano Mouriño y el gobierno local de Mos.