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GALICIA

La exdiputada del PP víctima del Alvia acusa al exministro Catalá del delito de mentir en la comisión de investigación

La intervención final en el Congreso que los afectados reclaman tener para poder desmentir con datos y documentos las inexactitudes lanzadas por comparecientes previos sigue en el aire por populares y socialistas

La exdiputada autonómica del PP en Madrid Teresa Gómez-Limón en una concentración de víctimas del Alvia

La exdiputada autonómica del PP en Madrid Teresa Gómez-Limón en una concentración de víctimas del Alvia Plataforma de Víctimas del Alvia

Teresa Gómez-Limón, exdiputada autonómica del PP en Madrid y víctima en el accidente del tren Alvia en Santiago, en el que murieron 80 personas, ha enviado este martes una carta al Congreso de los Diputados en la que acusa al exministro popular Rafael Catalá, que era secretario de Estado de Fomento cuando ocurrió el siniestro en julio de 2013, de mentir este lunes en su comparecencia en la comisión de investigación abierta en la Cámara. Catalá negó que tras el accidente llamase a Gómez-Limón para pedirle que no fuese crítica en las declaraciones públicas que estaba haciendo sobre las responsabilidades políticas del siniestro, pero la afectada reitera que sí que lo hizo y lo acusa de cometer un delito al mentir en una comisión de investigación.

El escrito de Gómez-Limón comienza recordando que el artículo 502 del Código penal establece que “es un delito mentir en una comisión de investigación parlamentaria”. Efectivamente, ese artículo dice que “el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

La expolítica popular insiste en que, durante su convalecencia, Catalá la llamó por teléfono y la conversación, con manos libres, fue escuchada por su marido y su hijo. Gómez-Limón destaca que en los cinco años y medio transcurridos desde aquel momento, período en el que ella no ha dejado de criticar esa llamada, Catalá “jamás lo desmintió, jamás me denunció”.

Este lunes Catalá justificó aquella llamada por “amistad”, y tras negar que en ella presionase a Gómez-Limón (“nada más lejos de mi actitud personal, de mi manera de ser, presionar a nadie”, dijo) interpretó que pudo tener esa impresión por la situación emocional en la que se encontraba tras el accidente. Sin embargo, en su escrito Gómez-Limón niega tal amistad. “En mi vida había visto al señor Catalá, no supe de su existencia hasta recibir esa llamada. Por lo tanto, lo de amigos y conocidos en lo que a mí respecta es mentira”, sentencia. Según Gómez-Limón, Catalá “quería eliminar todo atisbo de responsabilidad de cualquier alto cargo y, por ende, de él mismo”.

Rafael Catalá era secretario de Estado de Fomento cuando ocurrió el accidente de Angrois

Rafael Catalá era secretario de Estado de Fomento cuando ocurrió el accidente de Angrois Congreso de los Diputados

Por otra parte, tras las intervenciones de este lunes de Catalá y otros exaltos cargos de diversos departamentos de Fomento, ya sólo restan por comparecer en la comisión de investigación los exministros José Blanco y Ana Pastor, citados para el lunes 11 de febrero. Posteriormente, aún está en el aire la petición realizada por las víctimas de que ellas mismas puedan realizar una última intervención para desmentir con datos y documentos diversas inexactitudes lanzadas por comparecientes previos.

Tras más de cuatro años impidiendo la creación de la investigación política que reclamaban las víctimas, y después de que los socialistas cambiasen de opinión hace año y medio, PP y PSOE se volvieron a unir al inicio de la comisión para imponer, en contra de su deseo, que las víctimas fuesen las primeras en intervenir, y sólo la presión de éstas y de otros grupos hizo que dejasen abierta la puerta a una segunda intervención al final del resto de comparecencias. Sin embargo, socialistas y populares, que suman mayoría, ya trasladaron al resto de grupos su deseo de que, de producirse esa nueva comparecencia de las víctimas, sea a puerta cerrada, lo que los afectados consideran “una afrenta” y atribuyen a que PP y PSOE “tienen miedo a la transparencia”.

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