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La empresa que proyecta una mina de oro en Galicia, dispuesta a salvar la paralización temporal del proyecto

Manifestación contra la megaminería en Santiago

Miguel Pardo

La compañía multinacional Edgewater advierte que se mantiene totalmente comprometida con el proyecto minero de Corcoesto (A Coruña) y que “continuará con él” una vez complete los requerimientos que ahora le exige la Xunta y después de que finalice el estudio de viabilidad. En un comunicado hecho público pocas horas después de que el Ejecutivo gallego paralizase temporalmente la explotación de oro que proyecta y que el Gobierno de Feijoo apoya, George Salamis, presidente de la empresa, emitió un comunicado en el que aclara que la firma “proporcionará toda la información necesaria con respeto a los requisitos técnicos pedidos por el Gobierno”.

“El proyecto minero no cumple con los requerimientos técnicos y económicos exigidos, por lo que la empresa deberá acreditar las garantías necesarias para asegurar la viabilidad y la solvencia del mismo”, anunció la Xunta tras la reunión mantenida con representantes de Edgewater, que ahora aclara qué le ha sido por el Gobierno gallego, después de advertir que cumplirá con todo lo requerido.

“La Consellería de Economía e Industria nos requiere un informe detallado de todo el personal técnico que la empresa contratará para la eficiente y segura construcción y desarrollo del proyecto de Corcoesto, proporcionar los detalles del análisis económico y financiero de la iniciativa empresarial, y que será incluida en el estudio de viabilidad pendiente, así como acreditar una solvencia mínima del 25% de fondos propios sobre la inversión del proyecto y un compromiso en firme del resto de la financiación”, informa el presidente de la multinacional canadiense.

“La empresa está a punto de concluir el estudio de viabilidad final que proporcionará toda la información necesaria con respeto a los requisitos técnicos solicitados por la Xunta”, insiste Edgewater, que aclara también que ya tiene aprobados dos créditos financiados por Credit Suisse y Barclays que suman 120 millones de dólares, una cantidad que, tal y como ya había detallado la compañía, cubriría más del 75% de la inversión prevista para el proyecto, que la firma sitúa en los 160 millones de dólares.

Cautela en los grupos contrarios a la mina

El movimiento ciudadano y vecinal contrario a la megaminería contaminante advierte que la paralización temporal del proyecto minero de Corcoesto anunciada por la Xunta supone tan sólo “una batalla ganada” pero alerta de que “la guerra continúa” y que la presión social contra la mina en Cabana de Bergantiños “no puede detenerse ahora”.

Tanto la Plataforma por la Defensa de Corcoesto e Bergantiños como Salvemos Cabana consideran esta decisión del Gobierno gallego como “una victoria parcial en la lucha contra la megaminaría, fruto de la grande presión social ejercida en la Galicia contra lo proyecto”, pero piden más e insisten en que seguirán “en la lucha” en tanto “no se produzca su paralización definitiva y oficial”.

Así, la plataforma solicita la retirada definitiva del proyecto y la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dictada en su día por la Xunta. Para este colectivo, el comunicado de la Xunta es “un reconocimiento oficial” de que la iniciativa de Edgewater incumple los requisitos ambientales y técnicos, lo que “debería suponer por parte de las autoridades la inmediata retirada de una DIA que, como ellos mismos reconocen implícitamente, fue dictada de manera inadecuada”.

Además, exige que, si esta empresa quiere llevar adelante su proyecto, “elabore un nuevo estudio de impacto ambiental completo, con todos los informes pertinentes, y el presente de nuevo la exposición pública” y censuran que se hable de presentar nuevos informes, en lugar de tramitar el proyecto “de manera transparente, atendiendo a los protocolos establecidos y no por capítulos”.

Por otra parte, Salvemos Cabana -al igual que organizaciones ecologistas como Adega- recuerda que en su comunicado “la Xunta tan sólo habla de rentabilidad económica”. “Lo único que le pide el Gobierno a la empresa, esencialmente, es más dinero, pero para nada se habla de los peligros para el medio ambiente y en ningún momento se cita el arsénico”, asegura Ramón Varela, periodista ambiental y portavoz del colectivo.

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