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GALICIA

La querella contra el franquismo comenzó en Galicia

Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro de Rei asesinado, comenzó hace más de tres años la causa que pretende acabar con la impunidad fascista.

Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro de Rei asasinado por el franquismo

Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro de Rei asasinado por el franquismo

Argentina no ceja en su empeño de juzgar el franquismo y llevar a los torturadores aún vivos al banquillo de los acusados. Fue la pasada semana cuando la jueza María Servini de Cubría ordenó la búsqueda y captura de cuatro ex miembros de las fuerzas de seguridad españolas que estarían implicados en la represión que tuvo lugar durante la dictadura del general Franco. Un paso más que supone una "decisión sin precedentes" para unos crímenes enterrados desde hace décadas por los sucesivos gobiernos de la democracia, que aún hoy en día siguen poniendo trabas a la justicia. Un pequeño escalón hacia la reparación cuyo camino empezó hace ya años de la mano de un gallego, Darío Rivas, que con más de 90 sigue exigiendo justicia para su padre, alcalde de Castro de Rei asesinado en 1937 y cuyo cuerpo logró recuperar en 2005.

Fue cinco años más tarde, aquel 14 de abril de 2010, cuando Darío Rivas, acompañado de Inés García -otra mujer cuyos familiares fueron represaliados por el fascismo- presentaron ante la Justicia argentina una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la dictadura y ante la nulidad y falta de progreso de las causas abiertas contra el franquismo en España. En ella se pedía que se buscaran los nombres y direcciones de los miembros de los gobiernos existentes entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos militares, de la Guardia Civil, de Seguridad y de la Falange en el mismo período. Consideraba la demanda que sus delitos son imprescriptibles bajo el criterio de justicia universal y a pesar de la ley de Amnistía de 1977.

La causa fue creciendo y acumulando millares de casos de represaliados, torturados, desaparecidos y asesinados durante el franquismo desde el primero, el del pionero Darío Rivas, que sigue reclamando la reparación de su padre, Severino Rivas, republicano, con nueve hijos y asesinado pocos meses del comienzo de la guerra civil. El mismo hombre que pedía semillas en la ciudad para que sus vecinos plantaran centeno en la aldea o que improvisó una escuela en su casa junto a otros maestros.

Desde entonces, la querella argentina contra el franquismo fue creciendo con los casos de millares de represaliados, incluidos los 5.000 de gallegos recogidos en el proyecto Nomes e voces, de las tres universidades gallegas, en el que se documenta la represión sufrida en Galicia y con la que se certifica "el genocidio" sufrido en el país, tal y como aclaraba Gustavo García, abogado gallego y representante de la Fundación Galega contra a Impunidade, que sumó el caso gallego a la querella, a la que también se había Sumado Nova Esquerda Socialista, única entidad de la autonomía personada, y la Federación de Sociedades Gallegas en Argentina, que la apoyó también junto a docenas de asociaciones.

Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea por la USC y coordinador de Nomes e Voces, cree que el proceso abierto en Argentina "obliga, al menos, a que España afronte el problema", aunque insiste en la "excepcionalidad" vivida en el Estado y que explica también la nula o endeble reacción de las autoridades españolas ante los requerimientos de la Justicia. "Siempre se nos dice que aquí no nos comportamos como en Alemania, donde el nazismo fue condenado y rechazado, pero los nazis perdieron la guerra y nosotros somos gobernados por los que ganaron la guerra; eso no lo podemos olvidar porque eso define también los comportamientos diferentes, tanto los de ahora como los de antes", añade.

Para Fernández Prieto, España "fue históricamente una excepción, quedó excepcionada de los efectos jurídicos de Núremberg y de la legislación de crímenes contra la humanidad porque siguió un proceso histórico diferente. La transición y la ley de Amnistía supusieron, en la práctica, una ley de punto final", una ley que la causa abierta en Argentina pretende derribar. "La situación abierta ahora supone aliento para las víctimas, sobre todo habida cuenta del país de donde viene, donde se logró acabar con la impunidad, pero no deja de llamar la atención a forma en la que se está recibiendo este proceso en España", insiste.

La Fiscalía se opone ya a la detención de los ex policías reclamados por Argentina al considerar que los presuntos delitos que se les atribuyen están prescritos y archivados por la ley de Amnistía de 1977. El Estado vuelve a pasar por encima de la legislación internacional por crímenes contra la humanidad mientras, por el contrario, el país austral ordena abrir todos sus consulados para continuar recogiendo denuncias contra el franquismo. "Un síntoma más de la excepcionalidad que se vive en España", añade Fernández Prieto, que para nada culpa a la sociedad de la escasa repercusión de la causa abierta o de las pocas voces que se alzan pidiendo una reparación inmediata: "la gente también sufrió todo esto y se construyó una memoria que responde a los que vivieron o viven en la excepcionalidad de un régimen salido de los tiempos y de la lógica del fascismo y que aún se mantiene", concluye.

Al mismo tiempo, la jueza argentina espera resultados a su ruego de busca y captura para declarar de los ex policías Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Mientras, con ocasión de la visita oficial al Estado español del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, la Plataforma por la Comisión de la Verdad (a la que pertenece la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña), convoca esta semana de movilización de la opinión pública y la sociedad para denunciar ante la ONU "el desamparo jurídico y político que sufren en nuestro país los y las desaparecidas y los niños y niñas robadas del franquismo". La respuesta del Gobierno es, por el momento, silencio. El mismo que Darío Rivas recibe desde hace más de ochenta años.

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