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“En el actual relanzamiento de la energía eólica no se debe caer en los mismos errores cometidos anteriormente”

Parque eólico en Galicia, entre Abadín y Muras

Marcos Pérez Pena

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Entre los años 1995 y 2009 el sector eólico gallego se desarrolló notablemente, con la instalación de una capacidad total superior a los 3.000 MW. Después, la anulación del concurso eólico de 2008 y el posterior bloqueo político a las renovables frenaron su crecimiento, con apenas 100 nuevos MW instalados hasta el año 2016. El espectacular crecimiento del sector entre 1995 y 2009 se produjo, además, sin apenas participación de las comunidades locales y con beneficios limitados para las zonas en las que se instalaron estos parques eólicos.

El último número de la prestigiosa revista Energy Policy publica una investigación en este sentido realizada por los investigadores de la Universidad de Vigo Xavier Simón, Damián Copena y María Montero: Strong wind development with no community participation. The case of Galicia (1995-2009). El texto desgrana las razones que explican este desarrollo del sector sin gran contestación social y sin apenas participación local. Las causas estarían principalmente en el marco normativo aplicado, que favoreció una planificación vertical, decidida de arriba a abajo, con gran poder de decisión para el Gobierno gallego y nula capacidad para las entidades locales y, sobre todo, por la declaración de utilidad pública para los parques eólicos.

Esta mirada retrospectivo a lo sucedido en los años de crecimiento del eólico en Galicia llega justo en un momento en el que el sector está experimentando un relanzamiento y en el que parece importante no repetir los errores cometidos en el pasado. Hace unos meses la Fundación Juana de Vega, la Universidad de Vigo y la Fundación Isla Couto pusieron en marcha el Observatorio Eólico de Galicia, que busca incrementar la justicia energética en el sector, promoviendo cambios normativos y realizando trabajos de investigación y asesoramiento para aumentar la participación social y los beneficios que de esta producción reciben las comunidades locales. El Observatorio está dirigido por el propio Xavier Simón y entre sus integrantes figura también Damián Copena. Hablamos con ellos.

¿El crecimiento del sector eólico entre 1995 y el 2009 es la historia de un éxito cuantitativo pero criticable en el reparto de sus beneficios?

La principal característica del desarrollo eólico en Galicia en ese período fue el enorme éxito en la instalación de multitud de aerogeneradores. Ese éxito fue resultado de una serie de factores, principalmente un marco regulatorio muy determinado y las políticas ejecutadas desde el Gobierno gallego. Sobre todo, la declaración de utilidad pública para los proyectos y la afectación de los terrenos, que fue determinante en los distintos procesos de expropiación. En aquellos lugares en los que se produjo un éxito como el nuestro y sin oposición social, habitualmente se consiguió como consecuencia de altas dosis de participación comunitaria e individual. El caso gallego es sorprendente en la medida en que se desarrolló rápidamente, sin oposición pero sin participación.

Este marco regulatorio tuvo aspectos positivos, pues incrementó la capacidad instalada y ayudó a luchar contra el cambio climático. Pero no se trata de producir por producir, sino de producir con rigor y garantizando que se cumplan los compromisos. La regulación de la Xunta también contemplaba que los beneficios de la eólica debían ser repartidos, a través de planes industriales o de un plan de fomento de la energía solar, pero muchos de los operadores carecían de plan industrial y otros no realizaron las aportaciones para ese fomento de la energía solar. La Xunta contempló ciertos beneficios comunitarios, de manera indirecta, pero finalmente no ejerció su función fiscalizadora ante los incumplimientos de las empresas. De igual manera, también hubo incumplimientos en lo relativo al impacto medioambiental, pues el 50% de esa potencia instalada está en zonas de la Red Natura.

Destacáis también que en otros países el hecho de que las instituciones locales tuvieran más capacidad de decisión tuvo consecuencias positivas para un reparto más equitativo de los beneficios...

El marco normativo que se aplicó fue muy vertical, al ser supramunicipal. Los ayuntamientos no tienen capacidad real de decisión, lo mismo que las comunidades locales. Desde un punto de vista de la justicia energética, encontramos que los procedimientos diseñados por el regulador en Galicia inhíben mucho la participación local, teniendo como consecuencia que ni los ayuntamientos ni las personas tengan capacidad de decisión real. La supramunicipalidad de las instalaciones es clave para entender como fue el proceso de instalación de los parques eólicos en Galicia, y es muy diferente a lo que sucede en otros lugares de Europa, donde las propias entidades locales o entidades ecologistas tienen capacidad de decisión y de veto sobre las instalaciones.

Estamos viviendo un relanzamiento del desarrollo eólico en Galicia. ¿Tenemos una oportunidad de hacer mejor lo que no se hizo bien en el pasado?

Desde finales de 2017 repunta el sector eólico en Galicia. Y a consecuencia de eso pusimos en marcha hace unos meses el Observatorio Eólico, con el apoyo de la Fundación Juana de Vega y la Fundación Isla Couto, que partiendo de un compromiso con el rural gallego considera que en este repunte de la energía eólica no se deben cometer los mismos errores que se cometieron anteriormente.

Es posible desarrollar el sector eólico de forma más justa, con mayores beneficios para las comunidades locales?

Sí, por supuesto que es posible. Incluso en los Estados Unidos, que es el paradigma del neoliberalismo y de la empresa privada, hay 40 millones de personas que tienen una participación en centrales eólicas comunitarias. En otros países fue posible y aquí si no lo es, se debe a la voluntad política. El Observatorio trabaja también por abrir un debate social que provoque un cambio normativo, en las normas autonómicas y también en las normas estatales. ¿Por qué en Alemania las cuatro grandes empresas eléctricas poseen menos del 20% de la capacidad de instalación de energías renovables, mientras que en España las cinco grandes poseen más del 90%? Esto no viene por una diferencia genética, sino por una diferente forma de configurar la política de un país. Otra política energética es posible.

Sin embargo, la normativa existente hoy en día es muy parecida a la que había en aquellos años. ¿Es posible obtener resultados distintos en este marco?

La normativa no ha cambiado para bien, todo lo contrario. En los últimos años se han añadido nuevas figuras, como los proyectos de especial interés, que reducen aún más los plazos de exposición pública de los proyectos y limitan la posibilidad de realizar alegaciones y la participación de las comunidades locales en su conjunto. Además, no existen -a diferencia de otros países de Europa- herramientas específicas que favorezcan que sean las propias comunidades locales las que impulsen directamente los negocios eólicos, a través de parques eólicos comunitarios o parques eólicos cooperativos, que sí son habituales en el norte de Europa.

Aun así, en este contexto tan negativo, sí hay posibilidades de conseguir mayores rentas e ingresos para los propietarios y las comunidades rurales. Esa es la tarea que estamos intentando desarrollar desde el Observatorio, asesorando a propietarios y comunidades para que tengan toda la información posible a su disposición y para que sepan cuáles son las opciones que se están llevando a la práctica en otros lugares. El objetivo final es fortalecer su posición en estos procesos que se están abriendo en los últimos meses.

¿En que aspectos se puede incidir para conseguir este objetivo?

Por una parte, a los propietarios de tierras que están recibiendo diariamente ofertas para la venta de sus parcelas por parte de algunos de los varios proyectos eólicos en marcha en Galicia les diríamos que no se precipitaran y que no tomaran decisiones de forma individual. Les recomendamos que se pongan en contacto con otros propietarios. Y sería bueno que, como está sucediendo en la zona de Xallas o del Barbanza, los ayuntamientos tomaran la iniciativa de juntar a los propietarios para negociar conjuntamente y tratar de establecer las mejores condiciones posibles para las comunidades rurales. Esto no exige ningún cambio normativo y hay que hacerlo ya. Que no se precipiten, porque los parques eólicos llegan a las comunidades para quedarse, no tienen fecha de caducidad.

¿Y en el ámbito político y normativo?

Desde el Observatorio Eólico hacemos un llamamiento a todos los partidos con representación parlamentaria para que se ponga en marcha un grupo de trabajo encaminado a cambiar la normativa que regula la autorización eólica para transformar el modelo eólico vigente en otro modelo en el que la participación social sea considerada en mayor medida.

Y buscando una participación de las comunidades locales que no se limite a los lugares en los que se deben instalar los aerogeneradores y a las condiciones que deben cumplir, sino una participación que también incluya el fomento de parques eólicos propiedad de las comunidades rurales. Esto requiere un cambio normativo, un cambio normativo que no es un freno al desarrollo eólico ni a la transición desde el actual modelo fósil a un modelo de energías renovables, como ha quedado demostrado en Alemania, Dinamarca, Portugal o Estados Unidos.

Este cambio normativo facilitaría el futuro de las comunidades rurales, tan castigadas en la actualidad y con grandes carencias de servicios básicos. Es posible imaginar un futuro más verde, un futuro con más energías renovables, en el que participen más las comunidades rurales y que estas se fortalezcan para sobrevivir.

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