“La gran mayoría de los usuarios no son conscientes de que se está traficando con su información”
La 'tasa Google' nos ha puesto en pie de guerra, como antes lo hicieron las revelaciones de Snowden sobre el espionaje masivo de la NSA o, en su momento, la llamada 'Ley Sinde'. El marco legal en que se mueve internet y las nuevas tecnologías está por definir en muchos sentidos y de esas decisiones dependerán numerosos aspectos de nuestro día a día en los próximos años. No somos del todo conscientes, pero el Derecho que aborda la llamada abogacía digital va a tener un papel crucial en nuestras vidas dentro muy poco, mucho antes de lo que pensamos.
Asuntos como la propiedad intelectual, la privacidad, la protección de datos, la regulación de las redes sociales o el comercio electrónico... Damos por sentado que las cosas son y van a seguir siendo como hasta ahora, pero lo cierto es que la ley terminará adaptándose a estas realidades - tarde y probablemente mal -, condicionando de forma significativa la forma en que nos movemos por la Red y nos servimos de las (ya no tan) nuevas tecnologías.
Por eso os invitamos a que mañana, a partir de las nueve, sigáis con nosotros todo lo que acontece en el 'Congreso Internacional de ENATIC sobre Derecho Digital 2014', que reunirá en Madrid a la flor y nata de la abogacía digital española. Como medio colaborador del evento, charlaremos con representantes de multinacionales tecnológicas como Tuenti o Google y con expertos de organismos públicos como INTECO para conocer de primera mano sus impresiones sobre los asuntos de actualidad y los retos futuros del Derecho de las nuevas tecnologías.
Pero, antes, para que os hagáis una idea de lo que podréis encontrar en nuestra cobertura, hemos preguntado a Rodolfo Tesone, presidente de ENATIC, sobre cuestiones que nos tienen en vilo como la privacidad o la 'tasa Google'.
¿Qué podemos esperar de este Congreso?
La intención es que se consolide como la gran cita anual de la abogacía digital, tanto de los abogados digitales como de todo lo que es Derecho relacionado con la sociedad de la información, con internet y con las tecnologías de la información. Por otro lado, bueno, tanto por la calidad de los ponentes como por la concurrencia de la especialidad - hoy nos acaban de informar de que estará totalmente llena la sala -, pues yo creo que vamos a poder debatir muchísimos temas de rabiosa actualidad, vamos a poder compartir opinión y, sobre todo, con el cartel de primeros espadas del que disponemos en el programa, vamos a poder conocer las últimas cuestiones tanto a nivel doctrinal como a nivel jurisprudencial y legislativo.
Todo esto aderezado con una iniciativa, interesante también, que esperamos que se consolide en los próximos años, que es la de los premios ENATIC. Con esos premios va a haber, por un lado, reconocimiento al mejor jurista del año relacionado con lo digital y, por otro lado, la otra categoría es la de institución u organismo que más haya hecho por el Derecho digital, tanto desde el punto de vista de su difusión como el de su desarrollo. Esa iniciativa ha tenido un impacto superpositivo y una excelente acogida, tanto por parte de los candidatos implicados como a nivel mediático.
¿Cuáles son ahora mismo los mayores retos de la abogacía digital?
El principal problema es que intentamos resolver los problemas a perdigonazos. La conflictividad en el nuevo mundo digital crece de forma exponencial y, sin embargo, pretendemos resolver problemas digitales con con una administración de justicia analógica, del siglo pasado. La administración de justicia, tal y como está, lamentablemente no da respuesta a los problemas que están por venir. Ese es el primer problema.
El segundo es un problema jurisdiccional, y es que internet es global. Estamos en un mundo totalmente globalizado, donde con independencia de la territorialidad o de la localización de quien comete el ilícito o de dónde se produce el conflicto, pues, lamentablemente, los jueces españoles tienen competencia y jurisdicción únicamente aquí. No pueden perseguir delitos que hayan sido cometidos fuera de la Unión Europea, con lo cual pretendemos resolver problemas globales con una jurisdicción local. Ese sería el segundo problema.
Y el tercero es el mal endémico del poder legislativo, que normalmente siempre ha ido con retraso respecto a los retos sociales y respecto a las necesidades de la ciudadanía. En el caso de internet, cuya principal característica es su velocidad de propagación - es decir, que crece y evoluciona a un ritmo frenético - el legislador no es que vaya tarde, no, es que va prácticamente... Caduca prácticamente su actividad.
Lo estamos viendo ahora mismo en cuestiones de privacidad, donde en el marco de la UE se está debatiendo desde hace dos o tres años el nuevo reglamento y, cuando salga finalmente a la luz, prácticamente lo que dice va a quedar obsoleto porque no va a contemplar los nuevos retos y los nuevos riesgos de la sociedad de la información en materia de, por ejemplo, privacidad y protección de datos.
¿Crees que el usuario de internet es consciente de la importancia del ámbito legal de las TIC?
No. La verdad es que nosotros nos encontramos con un escenario de imprudencia inconsciente, porque ni los usuarios ni los operadores del mundo de internet son conscientes de lo que hay en juego. Estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de la libertad de expresión, del derecho a la intimidad y a la protección de datos.
Nosotros tenemos una identidad civil, y cada uno tiene su edad, que es la que marca su carnet de identidad, pero no somos conscientes de que tenemos una identidad digital, muchas veces en casos de menores de edad. Eso de ser menores digitalmente hablando conlleva un uso absolutamente inconsciente e imprudente. Sin ir más lejos, participando en redes sociales sin unas pautas claras o sin unos criterios de lo que se puede o no se puede hacer, o de la información que se puede entregar o no se puede entregar, con las consecuencias que eso puede conllevar a corto, medio y, sobre todo, a largo plazo.
Esa información es un tatuaje digital que vamos dejando en internet y deberíamos ser conscientes de que muchas manifestaciones públicas en redes sociales como Twitter o en chats o en foros van a quedar ahí de por vida. Así que también hay una parte muy importante de sensibilización y de concienciación tanto hacia usuarios de internet como hacia todos los operadores.
¿Quizás el problema es que no somos conscientes de que, a través de esa identidad digital, tenemos los mismos derechos y obligaciones que con la identidad civil y olvidamos en cierta medida esos derechos?
Claro, claro. Nosotros estamos precisamente promoviendo que se revisen la Declaración de Derechos Humanos y los derechos fundamentales, porque creemos que hay que empezar a hablar de los derechos fundamentales de cuarta generación, que son aquellos que no han sido contemplados porque hace más de 50 años que no se revisan y que, sin embargo, con arreglo a lo que está por venir, deberíamos ser conscientes de que todo eso se tiene que regular. Cuestiones como la democracia electrónica, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información, el derecho a la intimidad, o cuestiones muy importantes como sería toda la regulación de la ciudadanía digital. Qué derechos y qué obligaciones supone eso.
Empezando por la neutralidad de la red y acabando porque esa ciudadanía digital de derechos y obligaciones implicaría una identificación y, por lo tanto, abandonar la situación de absoluta impunidad y de anonimato que rige hoy en día el uso de internet. Son cuestiones que, tarde o temprano, tendrán que aparecer y sobre las que el legislador - no un país solo, sino en el marco contextual de la UE, incluso a nivel global - tendrá que decidir. Cuanto antes, mejor. Porque la situación es que ahora mismo estamos un poco en el 'Far West'.
Por ejemplo, en temas de privacidad. Ahora entramos a formar parte de comunidades donde el registro es gratuito y, a cambio, la gente entrega sus datos personales.
La primera conclusión y el primer mensaje que habría que lanzar es que nadie da nada gratis y, en este caso, deberíamos ser conscientes de que no somos ciudadanos en internet: somos mercancía. Por lo tanto, cuando se nos da algo gratis, en realidad lo que están haciendo es comerciar con nuestra información. Si partimos de ese supuesto y somos conscientes, podemos empezar a hablar... El problema es que la gran mayoría de los usuarios no son conscientes de que se está traficando con su información. Su información está siendo mercantilizada para revenderla a terceros.
¿Y la libertad de expresión? ¿Corre peligro justo ahora que disponemos las herramientas más avanzadas para que la información recorra el mundo entero en segundos?
La libertad de expresión no creo que corra peligro, más bien al contrario. Estamos en un momento en el cual la libertad de expresión, como nunca, dispone de una serie de herramientas, de plataformas de difusión y de un amplificador que es internet, que hace que una opinión que antes podía quedar poco más que en la tertulia de un café pueda llegar a millones de usuarios. Creo que precisamente ahora la libertad de expresión está en su punto álgido. No digo que se tenga que recortar ese derecho a la libertad de expresión, pero sí regularlo convenientemente, porque se están produciendo abusos flagrantes.
¿Está preocupado el sector de la abogacía digital por la llamada 'tasa Google'?
Estamos un poco a la expectativa de cómo va a quedar el tema, porque eso va a sentar jurisprudencia. A nivel legislativo veremos a ver cuáles son las decisiones políticas y de eso va a depender un poco hacia dónde se decanta la balanza de cuestiones como la responsabilidad que tienen los proveedores de internet, hasta qué punto el 'webmaster' va ser responsable de sus contenidos, si se van a poder reexplotar contenidos de forma gratuita o se va a tener que pagar una tasa o un canon... Bueno, está todo por hacer. Realmente estamos muy a la expectativa de cómo queda el tema de Google, porque va a ser una primera aproximación de bajo qué tendencia se va a legislar en el contexto de internet.
