El Parlament aprueba el decreto ley para reducir “el abuso” de la temporalidad en la administración pública

El pleno del Parlament ha aprobado, este martes, el decreto ley para reducir “el abuso” de la temporalidad en la administración pública.

La iniciativa ha salido adelante por los votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y el diputado del Grupo Mixto-Gent per Formentera, Antonio Sanz. En contra, han votado los diputados de Cs y El PI, mientras que PP y Més per Menorca se han abstenido.

En la defensa de la iniciativa, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha agradecido la colaboración y el diálogo con los sindicatos, Consells Insulars, 49 ayuntamientos y la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib) en lo acordado en este decreto ley de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de Balears.

El decreto ley fue aprobado en sesión del Consell de Govern el pasado 13 de junio y explicado por la consellera, también, en Comisión parlamentaria la pasada semana. El objetivo de esta norma es, en primer lugar, responder a la exigencia derivada de las sentencias del Tribunal Europeo, así como cumplir con el compromiso de la Comisión Europea de aprobar las reformas estructurales en el ámbito del empleo público en el primer trimestre de 2021.

El objetivo del Ejecutivo balear es reducir la temporalidad por debajo del 8% y en algunos casos, como en servicios generales de la comunidad, hasta el 0%. En concreto, se estabilizarán más de 10.000 plazas entre salud, educación y servicios generales.

“Lo cumpliremos en tiempo y forma, y en algunos casos llegaremos al 0%. Es un objetivo que se puede cumplir”, ha dicho la consellera en su exposición, a la vez que ha subrayado que tanto Govern como agentes sociales debían asumir el reto de llegar a un acuerdo para desarrollar este decreto ley.

Según Garrido, “la realidad es la de un constante abuso de la temporalidad en la administración pública”. Por lo tanto, ha añadido, “el compromiso del Govern es poner fin al proceso de estabilización el 31 de diciembre de 2022”.

Después de pedir el apoyo de los Grupos Parlamentarios y elogiar el diálogo “constante” para que “no se vuelvan a dar situaciones de abuso de temporalidad”, la consellera de Función Pública ha aclarado que el catalán sigue siendo un requisito para quienes quieren acceder a la administración pública en Balears.

Sin embargo, ha concretado que el decreto ley reconoce una moratoria de dos años para acreditar el nivel de catalán si quieren conservar su puesto de trabajo. “Nadie trabajará en la administración pública en Balears si no tiene el nivel de catalán”, ha aseverado.

Una afirmación rechazada por el portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, quien en sus argumentos para justificar que votarán en contra de la norma ha explicado que el catalán puede provocar que algunos trabajadores pierdan su plaza. “Si creemos que el catalán debe ser un requisito, deben demostrarlo con hechos”, ha afirmado.

Incluso Melià ha afeado a otros Grupos Parlamentarios, como MÉS per Mallorca su posición de apoyo a la norma por la consideración de la moratoria del catalán. “Ustedes van en contra absolutamente de lo que predican porque esta norma genera una inseguridad grandísima en los trabajadores”, ha afirmado.