Un acusado de abusos sexuales a su nieta en Palma dice que “jamás” la tocó
Un hombre de 68 años juzgado por presuntos abusos sexuales a su nieta en Palma ha negado este lunes tal acusación en la Audiencia Provincial, asegurando que “jamás” ocurrieron los tocamientos relatados por la menor.
El juicio se celebra este lunes y martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. El hombre se enfrenta a una petición de condena de cinco años de prisión.
El fiscal sostiene que los abusos ocurrieron de forma continuada entre los años 2019 y 2020, aprovechando las visitas de la nieta en las que se quedaba a dormir en casa de los abuelos, así como en fines de semana y vacaciones.
La Fiscalía acusa al hombre de haber aprovechado su posición como abuelo de la víctima y haberla sometido a tocamientos en su zona íntima, para lo que presuntamente entraba por las noches en su habitación. La madre presentó la denuncia en agosto de 2020.
El acusado ha negado tajantemente que ocurrieran los abusos y ha expresado que no tiene “ni idea” de por qué la menor le acusó. Ha explicado que tenía una buena relación con la niña, a la que él y su esposa conocieron años después de su nacimiento.
También ha mantenido que no tenía “ningún problema” con la madre de la menor --su nuera-- y ha afirmado que ella le llamaba para que fuera a recoger a su nieta.
En este sentido, el hombre ha afirmado que la menor iba a su casa “cuando quería” y que no estaba pactado que tuviera que quedarse en fines de semana específicos. La niña “nunca” manifestó ningún problema, según el acusado, que no ha querido contestar a ninguna pregunta de la abogada de la familia.
Tras el interrogatorio al acusado, que ha sido breve, el Tribunal ha reproducido a puerta cerrada la grabación de la declaración de la menor durante la investigación, como prueba preconstituida. La defensa ha tratado de impugnar esta prueba pero la Sala, tras deliberar, ha desestimado su petición.
Además de la pena de cárcel, el fiscal pide una orden de alejamiento en favor de la víctima durante siete años, una medida de libertad vigilada de diez años con obligación de someterse a un programa de educación sexual, y una indemnización de 2.000 euros por los daños morales.
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