Entidades en defensa del catalán han pedido este martes que no se hagan excepciones en el requisito de la lengua para los funcionarios con el nuevo Decreto Ley 6/2022, que, según dicen, establece una excepción que “afecta plenamente los derechos lingüísticos de la ciudadanía”.
Estas entidades son la Obra Cultural Balear, Plataforma per la Llengua Balears, STEI-Intersindical, UOB Ensenyament, Sindicat Alternativa Docent, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Jubilats per Mallorca, Grup Blanquerna, Enllaçats per la Llengua y Joves de Mallorca per la Llengua.
En un comunicado, estos grupos explican que los aspirantes que ahora trabajan para la administración no tienen el nivel de catalán que les corresponde por categoría laboral y que no quedarán descartados, sino que tendrán un plazo de dos años para acreditarlo en caso de que ganen la plaza.
Así pues, en el documento han expuesto diversos puntos en relación a esta excepción. En primer lugar, señalan que no garantiza el derecho de los ciudadanos de ser atendidos en catalán, lo que “va en contra del espíritu que emana de la Ley de normalización lingüística” y afecta a la capacidad de las administraciones de funcionar en catalán.
También apuntan que no garantiza que los aspirantes a los procesos selectivos puedan concurrir en igualdad de oportunidades, porque la administración “perdona” el cumplimientos del requisito de catalán a una minoría; que los funcionarios que han sido movidos de su puesto de trabajo serán adscritos con carácter provisional a otro, y, por lo tanto, seguirán siendo trabajadores para la función pública sin nivel de catalán.
Por último, añaden que la administración se excusa en la reforma laboral para no contratar personal para realizar cursos y pruebas previas de catalán. En relación a este punto, exigen al Govern que encuentre la solución para disponer de personal evaluador.
De esta manera, han solicitado la retirada del punto de exención y el que deroga las pruebas previas; la búsqueda de la forma que permita dilatar al máximo el tiempo entre la convocatoria y la ejecución para que, entre una y otra, haya tiempo suficiente para realizar pruebas para acreditar la competencia lingüística.
Con todo lo expuesto, las entidades piden a los partidos políticos que antes de elecciones se comprometieron a defender la lengua que “sean valientes y actúen en consecuencia”.