La CIDH alerta a Paraguay por la equidad de género, el embarazo infantil y las cárceles

La discriminación de las mujeres, las altas tasas de embarazos infantiles o el hacinamiento de los presos en las cárceles son tres de las preocupaciones que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) reportó este jueves a Paraguay tras realizar su visita anual de monitoreo al país.

Joel Hernández, el relator para Paraguay de la CIDH, informó a los medios que se trata de “temas prioritarios” para garantizar los derechos humanos en el país suramericano, por lo que invitó al Gobierno a “avanzar en la implementación de los compromisos adquiridos”.

En materia de la infancia, la Comisión mostró su preocupación por las altas tasas de embarazos adolescentes, especialmente en edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, como resultado de violaciones cometidas en muchos casos por familiares.

Ante esta situación, invitaron al Gobierno a “revisitar la decisión de eliminar la enseñanza de género en las escuelas”, una polémica determinación adoptada por el ministro de Educación, Eduardo Petta, que cumple más de un año en el cargo.

“Dicha disciplina cumple un rol fundamental en avanzar en el conocimiento de las causas y los impactos del embarazo infantil con miras a reducir sus cifras”, explicó Hernández en la sede de la Cancillería.

El relator también aconsejó al Estado paraguayo tomar medidas para frenar el “criadazgo”, una práctica que consiste en enviar a los menores a servir como personal doméstico a otras casas a cambio de sustento, y que afecta a 46.993 niños, según los datos de la CIDH.

En el área de igualdad, la Comisión incidió en las altas tasas de asesinatos machistas registrados en Paraguay, por lo que invitó al Estado a avanzar en la sanción de los casos y llevar a cabo procesos para concienciar a la población.

“La Comisión desea recordar al Estado de su obligación de adoptar medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conductas heteronormativas, incluyendo el diseño de programas de educación formal y no formal”, expresó el relator.

También subrayó la “escasa participación de las mujeres en cargos electivos”, por lo que lamentó que el proyecto de Ley de Paridad Democrática fuera vetada a finales de 2018 por el Gobierno, al carecer de mecanismos para su control.

La Comisión también recordó otros hechos de discriminación registrados en el país en el último año como las agresiones que sufrieron los miembros del colectivo LGTBI en setiembre durante la celebración del Orgullo en la localidad de Hernandarias, al este del país.

Como punto destacable, la Comisión celebró la reciente decisión de la Justicia de condenar por primera vez por un delito de odio al responsable de un homicidio contra una persona transexual, por el que recibió una pena de 25 años de cárcel.

La emergencia del sistema carcelario es otra de las grandes preocupaciones de la CIDH en Paraguay, que recordó que 15.196 personas se encuentran en la actualidad privadas de libertad en el país, de las cuales el 74 % está en prisión preventiva.

“Hacemos un llamado para que todas las autoridades involucradas recurran a las medidas alternativas a la prisión preventiva, porque a partir de esta ejecución vamos a poder ver una disminución de la población carcelaria y por lo tanto también disminuirán las tasas de hacinamiento”, expresó Hernández.

Entre las preocupaciones expuestas por el relator también figura la violación de los derechos humanos de los miembros de las comunidades originarias del país, por lo que invita al Estado a “garantizar la capacidad de los indígenas en preservar, proteger y garantizar la protección especial en su territorio”.

Finalmente, la CIDH también recordó al Estado su obligación de indemnizar económicamente a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), una tarea que todavía no se ha completado.

“La CIDH exhorta al Estado a que realice los pagos que se deben a las víctimas por las graves violaciones de los derechos sufridos en esa época”, afirmó Hernández.

A pesar de que ninguna de estas recomendaciones son vinculantes, el relator puso en valor la predisposición tanto del Gobierno como de las organizaciones civiles para ofrecer “información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos”.