Condenan al impulsor de la destitución de Dilma Rousseff a 15 años por corrupción

15 años y cuatro meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. El juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones del caso Petrobras en Curitiba, dictó la primera condena contra el expresidente de la Cámara baja de Brasil, Eduardo Cunha, quien se encuentra preso desde octubre del pasado año por su implicación en la trama corrupta.

El magistrado aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía y encontró a Cunha culpable de los delitos de corrupción pasiva, al considerar probado que recibió sobornos en un contrato de Petrobras para la explotación de petróleo en Benin (África), en 2011.

De acuerdo con la sentencia, Cunha recibió 1,5 millones de dólares de sobornos para facilitar la firma del contrato, pero recalcó que el perjuicio para los cofres de Petrobras fue notablemente mayor.

“La responsabilidad de un parlamentario federal es enorme y, por consiguiente, también su culpabilidad en la práctica de los crímenes”, resalta el juez Moro.

“No puede haber ofensa más grave de quien traiciona el mandato parlamentario y la sagrada confianza que el pueblo deposita en él para obtener beneficio propio”, añade.

Cunha, quien llegó a ser uno de los políticos más influyentes de Brasil, también fue condenado por lavado de dinero y evasión fraudulenta de divisas.

El exdiputado es afiliado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el presidente del país, Michel Temer, quien está en el poder desde el pasado 31 de agosto, tras la destitución de Rousseff en un juicio político que fue impulsado por el propio Cunha.

En calidad de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó a trámite la petición para iniciar el juicio legislativo contra Rousseff, reelegida en 2014 para un segundo mandato.

Decenas de políticos, ejecutivos de Petrobras y empresarios de las mayores compañías del país han sido arrestados y sentenciados en los últimos años como resultado de la investigación de la Lava Jato, un caso que ha movido los cimientos de la política brasileña.

Además, la Fiscalía ha solicitado al Supremo la investigación de un centenar de políticos con fuero privilegiado, entre ellos algunos ministros del presidente Temer, según documentos recogidos por la prensa local.