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Miles de personas en Uruguay reclaman justicia en la Marcha del Silencio por los crímenes y desapariciones de la dictadura

Un hombre muestra un cartel con la foto de un desaparecido durante la vigésimo cuarta edición de la Marcha del Silencio, exigiendo justicia por los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar del país (1973-1985)

María García Arenales

Pese a que miles de personas abarrotaron ayer lunes la principal avenida de Montevideo, el único sonido que se escuchaba era el de la lluvia. En la Marcha del Silencio, que recuerda a los cerca de 200 desaparecidos de la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985), nadie habla, tan solo resuenan los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado cuyo paradero aún se desconoce.

“Es un silencio que grita mucho más fuerte que cualquier cosa que podamos decir. Empezamos a marchar hace 23 años reclamando la verdad y la justicia sobre nuestros familiares y hasta el día de hoy no la tenemos”, dice a eldiario.es Ignacio Errandonea, miembro la organización convocante Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Bajo el lema “¡Que nos digan dónde están! Contra la impunidad de ayer y hoy”, la marcha de este año, la número 24, se produjo bajo un marco insólito, después de que el pasado mes de abril el presidente uruguayo Tabaré Vázquez destituyera al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, a su viceministro, Daniel Montiel, y a seis generales por un caso relacionado con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en los años 70.

Los generales destituidos, que formaron parte de un Tribunal de Honor militar en 2018, ocultaron a la justicia ordinaria la confesión del exmilitar José Gavazzo, un reconocido torturador de la dictadura condenado por numerosos asesinatos.

Gavazzo, actualmente en prisión domiciliaria, admitió haber arrojado a un río el cuerpo del militante tupamaro Ricardo Gomensoro, considerado el primer desaparecido político de Uruguay. Sin embargo, los militares de ese tribunal especial consideraron que esas declaraciones no afectaron el honor del Ejército y por tanto no informaron de ellas a la Fiscalía.

“Todos esos hechos han movido más a la opinión pública, pero el reclamo fundamental y la situación no ha variado”, explica a este medio Errandonea, cuyo hermano, Pablo, desapareció en septiembre de 1976 en Argentina, cuando tenía 19 años.

Tras la destitución de la cúpula de las Fuerzas Armadas, Vázquez nombró como comandante en jefe del Ejército a Claudio Feola, quien recibió duras críticas de familiares de detenidos desaparecidos al decir a la prensa que no repudiaba el terrorismo de Estado durante la dictadura porque no sabía “si los hechos están confirmados o no”.

“Está mintiendo como lo hicieron sus antecesores. Si realmente tiene interés en la verdad, que empiecen a aparecer nuestros familiares, le creeremos si nos los devuelven”, añadió Errandonea, quien también tildó de “vergüenza nacional” el hecho de que los militares que integraron el Tribunal Honor para interrogar a Gavazzo sigan en funciones después de que solo los senadores del gobernante Frente Amplio votaran a favor de su destitución.

Todo esto revela las tensiones no resueltas que existen aún en Uruguay en relación al papel de las Fuerzas Armadas y su integración en el sistema democrático, algo cuestionado por amplios sectores de la sociedad. La fuerza de la marcha del Silencio, la más multitudinaria del país, es prueba de ello.

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