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El Supremo salvadoreño libra al Congreso de desacato por la ley de "reconciliación"

El Salvador espera que la CIDH emita un informe "objetivo" sobre DD.HH en el país

En la imagen, Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. EFE

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador amplió el plazo dado a la Asamblea Legislativa para la promulgación de una ley de "reconciliación nacional" y se negó a declarar al órgano de Estado en desacato.

La referida sala anuló en julio de 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992) y ordenó a los diputados crear una legislación favorable a las víctimas.

El plazo para la elaboración vencía originalmente en julio pasado, pero los jueces constitucionales alargaron el período hasta el 13 de noviembre, pero la falta de un acuerdo entre los partidos políticos evitó que la normativa fuera probada en el plazo, por lo que pidieron una nueva prórroga el pasado 12 de noviembre.

El nuevo plazo, otorgado por unanimidad, vence el 28 de febrero de 2020, según un fallo dado a conocer este miércoles por la CSJ.

Por otra parte, la Sala de los Constitucional se negó a dar por "no cumplida" la sentencia a raíz del nuevo período otorgado a los legisladores.

Los jueces señalaron que únicamente analizaron la solicitud de ampliar el plazo y no sobre el contenido de dos proyectos de ley estudiados por los diputados de la Comisión Política del Congreso delegada para dicho trabajo.

De igual forma, la resolución señala que los órganos de Estados deberán rendir cuenta del cumplimiento de la sentencia que anuló la amnistía después del emisión de la ley en una audiencia de seguimiento.

La Comisión Política, que reúne los líderes de los partidos con representación legislativa, únicamente ha discutido tres propuestas, mismas que las organizaciones de derechos humanos han catalogado como "amnistía de facto" de los crímenes de lesa humanidad.

La última propuesta, que se basa en las primeras dos, cuenta con el apoyo, según los activistas sociales, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), todos de derecha.

Entre los puntos cuestionados a la propuesta de los partidos de derecha se encuentra un artículo que busca que las decisiones administrativas de la Fiscalía puedan otorgar el estatus de "cosa juzgada" a los casos, contrario a lo que establece la legislación salvadoreña que otorga este poder a los fallos judiciales.

De acuerdo con los activistas, el proyecto también estipula dar "beneficios carcelarios para evitar el cumplimiento real de las penas", resta valor a los archivos históricos como pruebas y la reparación a las víctimas que establece "no responde a los estándares" dictados en la referida sentencia de 2016.

La anulación de la amnistía de 1993 ha permitido la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).

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